Firman convenio y presentan protocolo de actuación para quienes imparten justicia
Alrededor del 7% de los casos de investigación que se presentan ante el Poder Judicial se caen por la violación de los Derechos Humanos por parte de las autoridades, señaló Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En ese sentido, refirió que cualquier prueba que se obtenga mediante la tortura será nula, por ello, hizo un llamado a los policías a que no cometan violaciones a la ley o malos tratos, porque se perjudica a la víctima, a la sociedad y permitirán que los criminales evadan la acción de la justicia. Así mismo, señaló que en lo que va del año se han presentado 20 quejas por tortura ante la Comisión Estatal, mientras que el año pasado fueron 35 quejas.
De igual forma, se realizó la Firma de convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Judicial del Estado, con lo cual se consolidará vínculos y colaboración en temas en común, para promover el respeto, observación y desarrollo de las prerrogativas que los jueces realizan al resolver controversias, indicó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial del Estado.
Así mismo, se realizó la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, donde en un recuento histórico, señaló Simón Baca Suárez, encargado de la sede histórica de la SCJN en Ario de Rosales, que entre el 2014 y 2016 en Michoacán la ley no tipificaba el delito de tortura, lo que es una irresponsabilidad idelogable.
Por último, refirió que la tortura es una práctica reiterada, oculta en el país en el curso de las investigaciones que atenta contra los derecho humanos, de ahí que este protocolo de actuación contenga obligaciones específicas contra las violaciones, como son el prevenir, mediante la capacitación del personal y los elementos policiales para que sepan identificar las acciones que pueden considerarse como tortura, además investigar durante el curso de las denuncias, así como sancionar mediante penas y reparar el daño que se comete al realizar un acto de tortura.
