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lunes, septiembre 22, 2025

PRESENTA CEMIDE DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO CONTRA AUDITOR EN MICHOACÁN

cemide 0512Consideran que fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones y esclarecer créditos otorgados al gobierno del Estado

 

 

La asociación civil Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) anunció que este lunes presentó una demanda de juicio político contra el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado, por considerar que fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones y esclarecer créditos otorgados al gobierno del Estado.

Arturo Herrera Cornejo, integrante de dicho gremio, expuso que conforme al artículo 5 transitorio del Decreto Legislativo 351 emitido en el 2013, presentaron este lunes ante el parlamento del Estado, la demanda de juicio político, porque López Salgado no cumplió el mandato del Congreso al no transparentar diversos créditos, tales como uno de Multiva por más de mil 340 millones de pesos.

“En principio el auditor tenía hasta el 25 de diciembre del 2014 y que ocurrió que la respuesta del Auditor llegó con mucho retraso y presentó esa información en forma extemporánea hasta el 30 de enero del 2015, es decir en principio se violó este decreto y el Auditor se abstuvo de rendir ese informe, no fue un informe detallado y no consignó datos generados por la Secretaría de Finanzas y Administración”, manifestó.

Explicó que López Salgado “simplemente transcribió y repitió datos que ya el gobierno del Estado había consignado y no presentó un informe específico tal y como lo mandataba el Decreto Legislativo.

Aunado a que el texto presentado, ni siquiera estaba firmado por el propio Auditor michoacano. 

El análisis presentado por CEMIDE, señala que se han gastado más de 50 millones de pesos en diversas asesorías para esclarecer los créditos, sin que se haya transparentado o explicado a la población el destino de los recursos.

Para presentar el juicio político, informaron que recabaron 152 firmas en diferentes partes del Estado y esperaron que el Congreso del Estado realmente proceda contra aquellos funcionarios que incurren en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos.

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