La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán presentó este día el informe especial “Personas Jornaleras Agrícolas en el Estado de Michoacán. Panorama actual y derechos humanos”, que a decir del ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, fue realizado a iniciativa del activista Pedro Fernández Carapia, de Fuerza Migrante sin Fronteras y con el apoyo de Red Corymi (Red para la promoción de la salud, educación y bienestar psicosocial en comunidades rurales y migrantes).
Afirmó que el informe proporciona una evaluación integral de la situación de las personas jornaleras agrícolas en el Estado de Michoacán, desde la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Agregó que este sector de la población históricamente ha sido invisibilizado, puesto que la migración ya no se debate
Reconoció que uno de los grandes retos es que se respete lo rural y que se garanticen los derechos mínimos del sector.
En representación del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, la sub secretaria de Organización y Desarrollo de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Marx Aguirre Ochoa, reconoció la importancia del informe y de este tipo de eventos, ya que se convierten en espacios de discusión y análisis, elementos generadores de conciencia.
Señaló que, el de los jornaleros agrícolas, es el rostro más lamentable de la pobreza en el país, pues representan un círculo vicioso que parece no tener fin.
Por ello, indicó, se tiene que trabajar de manera trasversal y atacar el origen del problema, lo que representa un gran reto pues hace falta un mayor compromiso de la autoridad para resolver este asunto desde loa perspectiva de los derechos humanos.
En el evento, también hicieron uso de la voz las diputadas Brissa Arrollo y Ana Vanesa Caratachea, quienes coincidieron en reconocer la importancia del informe presentado por la CEDH, pues servirá para marcar pautas desde las cuales el poder legislativo proponga políticas públicas y estrategias de trabajo que incidan en mejorar las condiciones de vida de las personas jornaleras agrícolas.
Por su parte, los principales impulsores de la elaboración del informe, Pedro Fernández Carapia, presidente de la asociación civil Fuerza Migrante Sin Fronteras y María Elena Rivera Heredia, presidenta de Red Corymi (Red para la promoción de la salud, educación y bienestar psicosocial en comunidades rurales y migrantes), declararon que el informe es un claro ejemplo de cómo la sociedad civil puede dialogar con las instituciones y lograr resultados en favor de la población.
Se refirieron al valor que representa contar con este documento, pues dará pie para llevar a cabo una segunda investigación que amplíe y actualice los datos sobre este sector de la población.
Finalmente, Aranza Natalia Ayala Macías, adscrita a la Secretaría Técnica del organismo, tuvo a su cargo la presentación del contenido del informe, resaltando que para su elaboración se realizaron visitas a albergues de los municipios de Purépero y Chilchota, donde se encontró que las personas jornaleras provienen primordialmente de los Estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.
Agregó que se identificó que durante 2024 existían 201 mil personas jornaleras laborando en actividades agrícolas, quienes percibían un sueldo promedio de 5 mil 380 pesos mensuales.
Informó que un 75.62 por ciento, es decir 152 mil personas realizaron sus actividades de manera informal, mientras que sólo 51 mil 118 personas jornaleras agrícolas se encontraban afiliadas al IMSS.
En conclusión, se deduce que existen limitaciones en el acceso a los derechos DESCA; que la normatividad estatal vigente es escasa, y, que existe un proceso de precarización y la mayoría trabaja sin contrato.
Por lo tanto, la CEDH recomienda, entre otras acciones: implementar y acondicionar el orden jurídico respecto de la población jornalera agrícola que se encuentra en el Estado de Michoacán, tomando como base la normatividad internacional y nacional; optimizar las condiciones laborales ya establecidas, que permitan ofrecerle a las personas jornaleras agrícolas una vida digna, así como optimizar las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los albergues agrícolas en el Estado.
Con este tipo de acciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán reafirma su compromiso de seguir vigilando, acompañando y exigiendo que los derechos de las personas jornaleras agrícolas sean plenamente respetados.
Estuvieron presentes Arquímedes Oseguera Solorio, Vocal Ejecutivo de CEDEMUN, Jorge Gómez Ramírez, Comisionado Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rosendo Antonio Caro Gómez, titular de Proam; Cristian Israel Bocanegra Díaz, en representación de la rectora de la UMSNH Yarabí Ávila González; Lizbeth Ramírez Almanza, de la Secretaría de Cultura; la diputada Brenda Fraga; Armando Calderón, de la Procuraduría Agraria; Esteban González Luna, de la Comisión de Pesca del Estado;: Jesús Domínguez Espinoza, de SEDECO; Mónica Sánchez, del Congreso del Estado, así como representantes de los municipios de Churumuco, Tzitzio y Zamora.
