En 2021, 11 gobiernos estatales dispusieron de un fondo propio para la atención de emergencias y desastres
En 2001, el Gobierno de República declaró el 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil. La fecha conmemora las experiencias que dejaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985. El propósito de este día es concientizar a la sociedad mexicana sobre la importancia de prepararse y emprender medidas de protección para hacer frente, con responsabilidad y conocimiento, a eventos ocasionados por fenómenos naturales y de origen humano.
La protección civil se entiende como la acción solidaria y participativa encaminada a salvaguardar la vida, integridad y salud de la sociedad frente a los riesgos y efectos derivados de fenómenos de origen natural o provocados por la actividad humana. Esta acción se rige principalmente por la Ley General de Protección Civil (LGPC). Dicha ley dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil. En este se coordinan estructuras, métodos, normas, instrumentos, políticas, procedimientos, entre otros aspectos en la materia.
Para abonar al conocimiento sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre los recursos humanos, instrumentos de planeación y recursos que las administraciones públicas estatales y municipales disponen para el ejercicio de las funciones de protección civil. La información proviene del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 y del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de Ciudad de México 2021.
Personal de Protección Civil
Las unidades de protección civil son oficinas dentro de las administraciones públicas que se encargan de promover la capacitación, organización y preparación de las y los brigadistas comunitarios; identificar y delimitar zonas de riesgo; controlar las rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; coordinar los servicios asistenciales; aislar temporal, parcial o totalmente el área afectada, entre otras funciones encaminadas a proteger a la sociedad en situaciones que puedan poner en peligro la vida.
Las unidades o áreas de protección civil están disponibles en todas las entidades; sin embargo, varía la cantidad de personal que trabaja en estas. En 2021, laboraban 3 mil 796 servidoras y servidores públicos en las áreas de protección civil estatales lo que representó una tasa nacional de tres servidores públicos estatales por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas se observaron en Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 servidores públicos en áreas de protección civil por cada 100 mil habitantes. Las tasas más bajas se observaron en Sinaloa y Baja California, con menos de una o un servidor público por cada 100 mil habitantes.
En las administraciones públicas municipales que reportaron información – se consideraron mil 591 municipios donde se identificaron instituciones municipales con funciones de protección civil en 2020-, 26 mil 315 personas trabajaban en instituciones con funciones de protección civil. Lo anterior equivale a una tasa de 34.7 servidoras y servidores públicos municipales en estas labores por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a las funciones desempeñadas, de las personas que laboraban en las áreas de protección civil estatales – unidades estatales u homólogas-, 46.7 % (mil 774) se dedicaba a funciones administrativas; 24.3 % (923) laboraba como bombero o bombera y 12.4 % (469) tenía tareas de búsqueda y rescate.
En tareas de protección civil, las mujeres representaron menos de 30 % y laboraban principalmente en funciones administrativas y de apoyo.
Planeación en materia de Protección Civil
Entre los instrumentos que la LGPC contempla para planear y operar las actividades de protección civil, se encuentran el plan o programa de protección civil, el plan de emergencia o de contingencia y el de altas de riesgo. El primero tiene como objetivo organizar las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para llevar a cabo las actividades de protección civil ante la existencia de desastres o riesgos.
El plan de emergencia o de contingencia es un instrumento a largo plazo en el que se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y todo tipo de recursos necesarios para la atención de desastres con base en un diagnóstico de riesgos en el territorio. Finalmente, el atlas de riesgo es un sistema de información para generar mapas y sistemas geográficos que permitan la simulación de escenarios de desastre, así como generar recomendaciones sobre medidas de prevención y mitigación efectiva.
A nivel estatal, en 2021, 23 administraciones públicas estatales dispusieron de un plan o programa de protección civil y cinco estaban en proceso de integrarlo. Asimismo, 20 gobiernos estatales contaban con un plan de emergencia o de contingencia y ocho se encontraban en proceso de integración. El atlas de riesgos estuvo disponible en 28 entidades federativas. Al cierre de 2021, las administraciones públicas estatales de Guerrero y San Luis Potosí aún no disponían de estos instrumentos.
En 2021, en el ámbito municipal, mil 137 de los 2 mil 468 municipios del país contaron con un plan o programa de protección civil. Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Chiapas tuvieron el mayor porcentaje de municipios con este instrumento; por el contrario, la mayoría de los municipios de Oaxaca (55.3 %) no disponían del mismo, seguido por Puebla con 40.1 % y Yucatán con 38.7 %.
Por su parte, el plan de emergencia o de contingencia estuvo disponible en 39.4 % (973) de los municipios del país. Destacaron 77.4 % de los municipios de Chiapas y todos los municipios de Quintana Roo que contaban con este instrumento. Solo 37 % (914) de los municipios del país tenía un atlas de riesgo. En 2021, la mayoría de los gobiernos locales del estado de México, Ciudad de México y Guanajuato disponían de este instrumento.
La LGPC también establece la posibilidad de generar programas especiales de protección civil para hacer frente a peligros o riesgos específicos en un área o región determinada. Ejemplo de estos programas son los implementados para atender eventos festivos como la Semana Santa, o periodos de contingencia ambiental como las temporadas de lluvias o sequías, o emergencias sanitarias como fue el caso de la pandemia por la COVID-19.
En 2022, las administraciones públicas estatales de Chiapas, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa contaban con programas especiales para atender riesgos en Semana Santa, incendios forestales, temporadas de sequías, invernal, y de lluvias, así como para atender la pandemia por la COVID-19. En contraste, Baja California, Campeche, y Tlaxcala no contaban con algún plan de protección civil especial.
Fondos de Protección Civil
Las administraciones públicas estatales y municipales pueden establecer un fondo propio para poner en marcha las acciones en materia de protección civil. Dichos fondos pueden componerse de recursos aportados por las mismas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en conjunto con las donaciones o aportaciones que realiza el sector privado.
Durante 2021, 11 gobiernos estatales contaron con un fondo propio para la atención de emergencias y desastres.
En 2020, 187 (7.6 %) de las 2 mil 454 administraciones públicas municipales del país que proporcionaron información, contaron con dicho fondo. Resalta Tabasco, donde 70.6 % de sus municipios tenía financiamiento propio para las tareas de protección civil.
Con esta información, el INEGI contribuye al conocimiento de los recursos e instrumentos que tienen las entidades federativas y municipios del país para proteger y asistir a la población ante eventualidades de fenómenos naturales o los relacionados con la actividad humana. Para más información sobre el tema, consúltense los Censos Nacionales de Gobierno Estatales y Censos Nacionales de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de Ciudad de México.
