La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, urge a las autoridades estatales y municipales a aplicar presupuestos participativos para garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir sobre las obras o acciones que tienen que ver con el desarrollo y mejoramiento de su entorno.
Como parte de la agenda 2030, la Ley de Planeación y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, estas, del Estado; se establece el principio de impulsar la participación social en las acciones de gobierno, a fin de respetar el derecho a la propia cultura y de decisión.
Este ha sido un tema sin abordar por los entes públicos que preparan sus presupuestos y aquellos que los autorizan, es por ello que esta CEDH Michoacán llama a las autoridades estatales y municipales competentes, para que en este periodo que se avecina, preparen presupuestos participativos en los cuales las y los ciudadanos puedan ejercer el derecho a decidir cuáles obras y servicios son de su preferencia y que garantizan el desarrollo sostenible.
Estos mecanismos son indispensables para una sociedad que demanda otra forma de hacer las cosas y que dichos derechos se encuentran previstos en las normas vigentes, los cuales han sido «letra muerta» y han permanecido invisibles por las autoridades.
Esta CEDH Michoacán se mantendrá atenta al desarrollo y aplicación de este tipo de mecanismos, para garantizar el derecho de participación de la ciudadanía y para lograr una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión local.
CEDH Michoacán advierte que agenda de Derechos Humanos es un tema pendiente en la acción pública
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, advierte que el tema de los derechos humanos es una asignatura pendiente en la acción pública, que requiere ya de grandes inversiones sociales.
Luego del último informe de gobierno de la actual administración estatal, este organismo señala que aún hay temas pendientes de abordar y que abundan las etiquetas semánticas para eludir la acción pública.
Hoy, todos los órdenes de gobierno tienen la obligación ineludible de basar su actividad pública en la agenda 2030, que se centra en la tutela y protección de los derechos humanos para todas y todos.
En ese sentido, esta Comisión indica que el estado constitucional de derecho debe garantizar un régimen de libertades, personal, propiedad, trabajo, mínimo vital, conciencia, pensamiento, medio ambiente, seguridad pública, acceso a la justicia y servicios públicos, educación, salud, alimentación y muchos más.
Las cuales son asignaturas pendientes en el discurso público que conviene reflexionar, toda vez que se requieren ya, no solo de grandes inversiones sociales, sino de inyección de recursos económicos para hacer asequibles esos derechos.
Esta CEDH Michoacán señala que en la actualidad el estado y los municipios están obligados a invertir recursos económicos para garantizar la protección y tutela de los derechos humanos, y que no quede solo en el discurso, sino que el régimen de protección se traduzca en acciones.
