Su titular Miguel Ángel Aguirre, refirió que se han detectado algunas anomalías, tales como la utilización de grúas de empresas particulares y no las propias del ayuntamiento moreliano
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) va tras el polémico alcoholímetro impuesto por el ayuntamiento moreliano que, en ocasiones las multas pueden alcanzar hasta los 10 mil pesos y no se descarta, que al detectarse irregularidades, pudiera registrarse una oleada de reembolsos a los ciudadanos.
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la institución, compartió que, en estos momentos se encuentra en investigación el alcoholímetro de la capital del Estado, debido a que, han detectado algunas anomalías, tales como la utilización de grúas de empresas particulares y no las propias del ayuntamiento moreliano a cargo de Alfonso Martínez Alcázar.
“Está en proceso de investigación, ya pasó el proceso de auditoría, ya no estamos en un proceso de fiscalización, estamos revisando los libros de registro de las entradas y cuándo están cobrando por el alcoholímetro, cuál es la multa que tienen ellos en su reglamento por cobrar y también los convenios que están teniendo ellos con las grúas”, alertó.
Y es que, el auditor michoacano, indicó que, no puede haber convenios entre empresas de grúas particulares, cuando existe una afectación a la ciudadanía.
Asimismo, indicó que, el monto por las multas que se cobran a los infraccionados, se debe pagar directamente a la caja de la Tesorería en Seguridad Pública.
“Al momento que se sube un vehículo de un particular a una grúa particular y es de gobierno la operación, dónde está el convenio de gobierno para garantizarle al particular que su vehículo no va a sufrir ningún daño y dónde está por qué es un ingreso del ayuntamiento y no un ingreso del particular y por eso se deben de ver los convenios respectivos, todo eso estamos investigando y lo tenemos en la mira”, señaló.
Por lo anterior, Aguirre Abellaneda, explicó que, la investigación arrojará cuáles son los procesos penales o administrativos aplicables al ayuntamiento moreliano, incluso puede ser la reparación del daño a la hacienda que derivaría en una oleada de reembolsos para los ciudadanos infraccionados.


