De ser una efeméride eminentemente comercial, el 10 de mayo se ha convertido en una fecha de lucha. El pasado jueves se realizaron marchas de mujeres, madres, acompañantes, familiares, en 9 entidades de la República, protestando contra la desaparición forzada de sus hijas y sus hijos, y exigiendo su presentación con vida. Es uno de los costados que más le duele a la nación. No, para nada es normal que haya cerca de 37 mil desaparecidos (as) en los últimos sexenios, y tampoco es normal, sino lo contrario, que la mayoría sean jóvenes. Se trata de uno de los saldos de la violencia que hiere directamente la entraña de la sociedad, porque es un atentado en contra de las mujeres madres de familia, en contra de los padres, de las y los hermanos, en contra de los jóvenes; además, es una violencia de clase, porque la mayoría de las víctimas no son de altos ingresos, aunque ciertamente han sido afectados jóvenes de la clase media.
Esta auténtica tragedia nacional se enlaza con el hallazgo de fosas clandestinas, a menudo encontradas por las propias madres de las víctimas, quienes han tenido que emprender una auténtica odisea, la cual, por su lúgubre y doliente peregrinar, se convierte más bien en un Vía crucis.
Uno de los señalamientos más contantes en las movilizaciones fue que las instancias públicas no hacían su parte: “Qué vergüenza que lo que está moviendo a México es nuestro dolor, nuestra rabia y nuestra impotencia, no sólo por un Estado fallido, sino definitivamente ausente, extraviado y hasta desaparecido”, señalaron. Y es que, en buena parte de su búsqueda, han estado solas y han debido buscar el apoyo de instancias internacionales. Y se acompañan unas a otras en la misma desgracia.
Es obvio que las medidas paliativas para prevenir y combatir la desaparición forzada no han sido suficientes. Es necesario hacer más y hacerlo mejor. Se requiere una auténtica política de Estado que ponga los intereses de la nación por delante. Es urgente detener la violencia, a través de un gran pacto por la paz y la dignidad, sin este nuevo gran pacto por la paz, seguiremos eludiendo el verdadero problema, y nos acostumbraremos a convivir con altas cuotas de violencia. Las políticas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, deben transformarse y garantizar la colaboración de la sociedad en su conjunto para que sean eficaces, hay por cierto que tomar en cuenta los daños colaterales de un conflicto armado interno que vive el país y que desafortunadamente no parece tener fin en el corto plazo.
Así, las demandas del 10 de mayo son un llamado a la nación. Las madres de los desparecidos se han hartado. Más vale escucharlas.
