Sin duda que la autonomía universitaria es una de las conquistas más importantes de la educación superior en México, ya que su propósito es garantizar que las universidades puedan gobernarse a sí mismas, desarrollar libremente sus funciones académicas y mantenerse al margen de interferencias indebidas del poder político, pero aquí debemos entender que existe una diferencia fundamental entre ejercer la autonomía y utilizarla como argumento para justificar decisiones que difícilmente pueden conciliarse con la legalidad.
Lo que hoy vemos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos obliga a recuperar esa distinción.
La controversia sobre la sucesión rectoral de 2027 no puede reducirse a una confrontación entre el Congreso del Estado y las autoridades universitarias, pues en el fondo existe una pregunta que requiere de una respuesta: ¿puede una autoridad universitaria incumplir un mandato legal y después invocar la autonomía para cuestionar las medidas adoptadas frente a ese incumplimiento?
Como sabemos, la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, aprobada en 2025, estableció las bases para un nuevo procedimiento de elección rectoral; dentro de sus disposiciones transitorias fijaron un plazo para expedir la reglamentación correspondiente y al final tuvimos que ese plazo transcurrió sin que se cumpliera oportunamente con la obligación establecida.
Y este es precisamente el origen del problema que hoy enfrenta la institución y aquí es pertinente resaltar que no fue el Congreso del Estado quien dejó transcurrir el plazo ni quien tenía a su cargo conducir los trabajos internos necesarios para aprobar oportunamente el reglamento.
Es muy claro que la responsabilidad de atender ese mandato correspondía a los órganos universitarios competentes, cuya conducción institucional encabezaba la Rectoría y ese es un hecho objetivo y demostrable.
Por eso resulta cuestionable que ahora se pretenda presentar la intervención legislativa como el origen de una controversia cuyos antecedentes se encuentran en una omisión de la propia universidad.
Los artículos transitorios de una ley tal vez algunos no lo entiendan, pero no son recomendaciones, sino que son disposiciones obligatorias y forman parte del ordenamiento jurídico, por ello su cumplimiento no puede quedar sujeto a la conveniencia política o administrativa de quienes temporalmente ejercen el poder.
La aprobación del reglamento de elección rectoral el pasado 2 de noviembre, en día inhábil, por la noche, citados los consejeros una hora antes y en línea, cuando el Congreso ya tenía en agenda una modificación al régimen transitorio, plantea además una nueva interrogante inevitable: ¿por qué fue posible aprobarlo entonces y no durante los meses en que existía la obligación de hacerlo?
La respuesta merece algo más que discursos en defensa de la autonomía.
Frente a esta situación, el Congreso del Estado aprobó una reforma para restablecer, por única ocasión, la intervención de la Comisión de Rectoría en la designación correspondiente al periodo 2027-2031.
La medida se entiende como un intento legislativo de ofrecer una salida institucional a la incertidumbre producida por la falta de reglamentación oportuna, por ello merece ser analizada por sus fundamentos y objetivos y no descalificarla anticipadamente como una agresión contra la universidad.
Desde luego, el Congreso también está sujeto a límites constitucionales, como es que la autonomía universitaria exige respetar las facultades de autogobierno, pero una cosa es examinar jurídicamente los alcances de la reforma y otra muy distinta convertir cualquier actuación del Poder Legislativo en una supuesta amenaza a la autonomía.
El artículo tercero, fracción VII, de la Constitución federal reconoce a las universidades autónomas la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y es pertinente detenerse en esta última palabra: responsabilidad.
La Constitución no reconoce una potestad absoluta ni concede a las autoridades universitarias inmunidad frente al cumplimiento de las leyes. La autonomía tampoco significa soberanía, que parece que hoy las autoridades universitarias buscan cubrirse con el manto de esta interpretación a modo.
Claramente las universidades forman parte del Estado mexicano y están sujetas al orden constitucional.
En este contexto merece atención especial la Comisión de Rectoría, porque no se trata de una figura desconocida para la Universidad Michoacana, ni de un órgano creado recientemente por el Congreso, sino que forma parte de su historia institucional y durante décadas intervino en la designación de sus autoridades rectorales.
Considero que este antecedente resulta importante para comprender la naturaleza de la medida legislativa, porque no estamos ante la simple invención de un mecanismo ajeno a la tradición nicolaita, sino ante la propuesta de recuperar excepcionalmente una figura que ha formado parte de su sistema de gobierno. Ello no resuelve automáticamente la cuestión constitucional, pero sí proporciona elementos que merecen incorporarse a un análisis serio de la reforma.
Por otra parte, la controversia ha comenzado a trasladarse a los tribunales mediante acciones de defensa jurídica y serán en las instancias competentes donde deban examinarse la procedencia de los medios de impugnación y, en su caso, la constitucionalidad de las decisiones cuestionadas. El propio hecho de que la autoridad universitaria acuda a los tribunales no deja de ser paradoja, puesto que es muy conocido que cuando se han concedido mandatos judiciales, esta no ha sido muy dada a acatarlos.
Lo que resulta difícil de justificar es que la falta de reglamentación oportuna haya terminado generando una confrontación institucional de estas dimensiones y que ahora buena parte de la discusión se concentre en responsabilizar a quienes intentaron atender sus consecuencias.
La Rectoría no puede quedar al margen de este análisis, porque su responsabilidad no consiste únicamente en defender públicamente la autonomía, decir los tiempos de la Universidad son los tiempos de la Universidad, sino también en promover el cumplimiento de las obligaciones legales y generar las condiciones necesarias para que los órganos universitarios funcionen oportunamente.
La autonomía se defiende, antes que con pronunciamientos, con el cumplimiento de la ley.
La Universidad Michoacana necesita reglas claras, órganos colegiados fuertes y autoridades capaces de reconocer que sus decisiones están sujetas a revisión, sin que eso en automático se tome como violación a la autonomía universitaria. También necesita una comunidad universitaria que pueda debatir libremente, sin que la discrepancia jurídica sea interpretada como una actitud contraria a la institución; se necesita superar esa visión establecida de amigos o enemigos, solo por pensar diferente, para recuperar el pluralismo y la tolerancia que deben caracterizar a toda Universidad, no solo a la Michoacana.
Defender la autonomía no exige respaldar incondicionalmente a quienes gobiernan la universidad. Es perfectamente posible defenderla y, al mismo tiempo, cuestionar las decisiones de sus autoridades. De hecho, esa posibilidad constituye una de las expresiones más importantes del pensamiento crítico universitario.
En las próximas semanas habrá resoluciones judiciales, nuevos posicionamientos y seguramente interpretaciones encontradas sobre el alcance de la reforma. Lo deseable es que todas las partes respeten las determinaciones de los órganos competentes y que la discusión regrese al terreno de los argumentos jurídicos.
Porque hay algo que no debería perderse de vista: las autoridades son temporales, pero la institución y sus obligaciones permanecen.
La autonomía universitaria pertenece a la Universidad Michoacana y a su comunidad, no a quienes circunstancialmente ejercen el poder.
Quizá la principal enseñanza de la controversia es que cuando una autoridad deja de cumplir oportunamente sus responsabilidades, no puede pretender que la autonomía universitaria la coloque a salvo de todo cuestionamiento ni de las consecuencias jurídicas de sus omisiones, pues la autonomía no fue concebida para proteger a los gobernantes universitarios frente a la ley, sino para proteger a la universidad frente al ejercicio arbitrario del poder.
Concluimos afirmando que la autonomía universitaria no está por encima del Estado de derecho, porque es precisamente dentro de él donde encuentra su fundamento, sus límites y su mejor garantía.
