Durante años, Viktor Orbán quiso demostrar que una democracia podía seguir llamándose democracia aun cuando el poder trabajara, con paciencia quirúrgica, para reducir al mínimo la posibilidad de la alternancia. No se conformó con ganar elecciones: buscó hacer más difícil perderlas. Pero el 12 de abril de 2026, después de 16 años en el poder, terminó derrotado por la oposición encabezada por Péter Magyar, en una elección que registró una participación extraordinaria y que dio al partido Tisza una mayoría arrolladora en el Parlamento húngaro.
La ironía es elocuente; el mismo sistema que durante años ayudó a Orbán a consolidar su dominio terminó amplificando la magnitud de su derrota. Tisza, el partido opositor y ganador, obtuvo 138 de los 199 escaños y dominó 94 de los 106 distritos uninominales. Es decir, la maquinaria institucional que antes inflaba la ventaja del oficialismo dejó de proteger al poder en cuanto cambió el ánimo social. La regla sesgada no desapareció; simplemente cambió de beneficiario.
Ahí está la lección de fondo. Las leyes electorales hechas para perpetuar a un grupo pueden funcionar durante un tiempo, pero no corrigen el desgaste, no sustituyen legitimidad y no borran el hartazgo. Apenas compran tiempo. Cuando el malestar social madura, la ingeniería institucional deja de ser escudo y se convierte en boomerang. El gobernante que creyó haber domesticado la incertidumbre descubre, demasiado tarde, que solo la aplazó.
El caso húngaro llevaba años acumulando señales en este sentido; la misión de observación de la OSCE advirtió antes de la elección de 2026 que el marco legal había sido modificado repetidamente, que persistían preocupaciones sobre el espacio cívico y los medios independientes y que había cuestionamientos por la cobertura equitativa y por la falta de observación doméstica no partidista. Freedom Househa documentado que el gobierno de Fidesz aprobó leyes que dificultaron el trabajo de periodistas, universidades, ONG y grupos críticos del poder.
Nada de eso bastó para preservar a Orbán cuando el país empezó a mirar en otra dirección. La economía, la corrupción, el deterioro de servicios públicos y el cansancio frente a un mismo liderazgo durante tanto tiempo pesaron más que el aparato construido desde arriba. Orbán confundió control con consenso, y ése suele ser el error clásico de los gobiernos largos: pensar que porque dominan la cancha siguen dominando el ánimo del público. No siempre es así. A veces el poder conserva la estructura justo cuando ya perdió el pulso del país.
Por eso Hungría deja una advertencia que rebasa a Hungría. No hace falta una ruptura espectacular para que una democracia empiece a deformarse; basta con que se vuelva normal la idea de que las reglas pueden tocarse para comodidad del gobernante. Casi nunca se admite así, desde luego. Se habla de eficiencia, de reforma, de modernización, de ahorro, de gobernabilidad. Pero cuando el impulso de cambiar las reglas nace menos del interés público que de la ansiedad del poder, el resultado termina pareciéndose demasiado a un traje a la medida.
México, por supuesto, tiene otra historia, otra escala y otra tradición de pluralismo. La comparación no debe exagerarse. Pero justamente por eso conviene mirar casos como el húngaro sin suficiencia y sin ingenuidad. Las democracias rara vez se deterioran de un día para otro; suelen erosionarse cuando empieza a parecer razonable que el poder quiera árbitros más dóciles, controles más débiles o reglas un poco más cómodas para sí mismo. Ahí es donde la experiencia ajena deja de ser una curiosidad extranjera y se vuelve recordatorio.
Al final, la política conserva una lógica simple que muchos gobernantes prefieren olvidar: modificar reglas para no perder no cancela la posibilidad de la derrota. Lo único que hace, llegado el momento, es volverla más grande. Hungría acaba de recordarlo con una claridad que debería incomodar a muchos.
