LA AUTONOMÍA NO TIENE PROPIETARIO

En los últimos días hemos escuchado reiteradamente llamados a defender la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde luego que se trata de una causa que merece el respaldo de quienes formamos parte de esta institución, sin embargo, antes de asumir cualquier posición, convendría preguntarnos qué entendemos por autonomía universitaria, frente a quién debemos defenderla y, fundamentalmente, a quién pertenece.

La autonomía universitaria surgió como una respuesta histórica a la necesidad de procurar espacios de conocimiento libres de las imposiciones del poder político, económico, religioso e ideológico. Su razón de ser no fue otorgar privilegios a quienes gobiernan las universidades, sino garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del pensamiento libre.

En México, su reconocimiento constitucional en 1980 representó la consolidación de una larga lucha de las comunidades universitarias. El artículo tercero, en su fracción VII, reconoce tanto la facultad como la responsabilidad de las universidades autónomas de gobernarse a sí mismas y es importante detenernos en esta última palabra: responsabilidad. El constituyente no estableció una facultad ilimitada para ejercer el poder, sino una atribución institucional vinculada al cumplimiento de determinados fines.

Desde esta perspectiva, la autonomía debe entenderse como un instrumento al servicio de la educación, la investigación, la difusión de la cultura y la libertad intelectual; no constituye un fin en sí mismo y mucho menos un mecanismo para sustraer a las autoridades universitarias del cumplimiento de la ley.

La autonomía no es soberanía. Las universidades públicas forman parte del orden jurídico mexicano y sus autoridades están obligadas a observar las disposiciones constitucionales y legales que regulan su funcionamiento. La autonomía universitaria no puede convertirse en un argumento para justificar aquello que jurídicamente resulta injustificable.

Pero existe otra dimensión de la autonomía de la que poco se habla: aquella que debe garantizarse al interior de las propias universidades.

Resulta contradictorio exigir respeto a la autonomía frente a los poderes del Estado y no mostrar la misma sensibilidad frente a las libertades de los integrantes de la comunidad universitaria. ¿Con qué autoridad moral podemos exigir que nadie interfiera en nuestras decisiones institucionales si no somos capaces de respetar las opiniones, las convicciones y las diferencias de quienes integran nuestra Universidad?

La autonomía también se vulnera desde dentro; se debilita cuando se desalienta la crítica, cuando se condicionan las oportunidades laborales a la adhesión política, cuando los órganos colegiados pierden independencia de criterio o cuando la discrepancia comienza a interpretarse como un acto de deslealtad institucional.

En una universidad, pensar diferente no debería constituir un acto de valentía. Tendría que ser una de las manifestaciones más naturales de la vida académica.

La coyuntura que actualmente enfrenta la Universidad Michoacana, particularmente en torno a la sucesión rectoral, nos obliga a distinguir entre la defensa de una institución y la defensa de los intereses de quienes temporalmente la gobiernan. No necesariamente ambas causas coinciden. Tampoco toda actuación de los poderes públicos constituye, por sí misma, una vulneración de la autonomía, como no toda decisión adoptada por las autoridades universitarias representa un ejercicio legítimo de ella.

En ambos casos, corresponde examinar las actuaciones a la luz del orden jurídico, de sus fundamentos y de las garantías que constitucionalmente protegen a las universidades.

Sería un error reducir la defensa de la autonomía universitaria a una confrontación entre la Rectoría y el Congreso del Estado, ya que la discusión es mucho más profunda y debe involucrarnos a todos.

La Universidad Michoacana tiene una historia que antecede a quienes hoy la gobiernan y que, afortunadamente, continuará después de ellos. Ninguna administración puede atribuirse la representación exclusiva del pensamiento, los intereses y las aspiraciones de una comunidad tan diversa como la nicolaita.

Defender la autonomía implica también defender el derecho a cuestionar a nuestras autoridades, exigirles cuentas y recordarles que el ejercicio de sus atribuciones encuentra límites en la ley y en los derechos de los universitarios.

Las rectoras y los rectores pasan, las administraciones concluyen y los cargos se extinguen; la Universidad permanece.

La autonomía no tiene propietario y quizá la forma más auténtica de defenderla sea impedir que alguien llegue a sentirse dueño de ella.

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