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caminos  plaza 1312Afirman que el Congreso del Estado no tiene voluntad e interés de ayudarlos, ya que en lo privado manifiestan apoyo incondicional, pero en sesiones no llegan a ningún acuerdo

 

Trabajadores de la extinta Junta Local de Caminos (JLC), acusaron al gobierno del Estado de presionarlos para abandonar la  ruta jurídica y aceptar su liquidación a cambio de poder recibir su salario atrasado desde hace ocho quincenas, situación por la que anunciaron que acudirán ante órganos nacionales para defender sus derechos laborales.

Así lo dejo de manifiesto, el representante de los ex trabajadores, Rodrigo Correa Wences, al especificar que 350 ex empleados se mantienen en la lucha legal, mientras que un total de 30 han cedido a las presiones gubernamentales.

"Han afectado a nuestras familias tanto psicóloga, como económica y emocionalmente, con las acciones que está tomando el gobierno, al obligar a varios de nuestros compañeros acudan y acepten está liquidación, por hambre o por esta misma situación que ya implica el no tener un salario o tener con qué llevar un pan a la mesa", lamentó.

En ese sentido acusó al Congreso del Estado a no tener voluntad e interés de ayudar a los trabajadores e incluso de engañarlos, ya que en lo privado les manifiestan un apoyo incondicional, mientras que en las sesiones no llegan a ningún acuerdo.

"No hay voluntad política como diputados, creo que es una responsabilidad de todos, los 40, independientemente del partido que sean, no ven por los intereses ciudadanos y de la población y en este caso la Junta de Caminos es un tema social, más que político, pero vemos que ellos se manejan en base a intereses políticos y lo hemos visto en las discusiones que tienen", señaló.

Compartió que la controversia constitucional qué prometió el Congreso del Estado interponer contra el decreto emitido el pasado 25 de noviembre por el Ejecutivo michoacano, ya fue firmado por 7 legisladores; Cristina Portillo Ayala, Javier Paredes Andrade, Sandra Luz Valencia, Fermín Bernabé Bahena, Teresa López Hernández, Brenda Fraga Gutiérrez y Sergio Báez.

Sin embargo, requieren al menos la firma de otros 7 legisladores, para poder recurrir a la Controversia Constitucional, en un plazo no mayor a los 15 días.

Por lo anterior, los extrabajadores de la JLC informaron que radicalizarán acciones y pedirán apoyo a sindicatos nacionales y a la par recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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