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congreso coisiones 2611El viernes entra el análisis de cinco iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, con lo que se dictaminarían 112 de las 113

 

 

Tras el encuentro de trabajo con autoridades locales, en comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con Hacienda y Deuda Pública se revisarán las fichas de las propuestas para definir el pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), en la reunión del próximo viernes, en la que también se pondrá a consideración la aprobación de cinco iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, informó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto.

El diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, refirió que se han estado buscando alternativas para atender el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y afirmó que la determinación que tomen los legisladores será pensando en el bienestar de la población y las autoridades municipales.

Destacó el trabajo que al interior de las comisiones unidas se ha realizado, e informó que el próximo viernes sostendrán reunión de trabajo en la que se analizarán cinco iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2021, las cuales, de aprobarse sólo quedaría pendiente la del ayuntamiento de Morelia, la cual se revisará la siguiente semana.

De manera paralela, en comisiones puntualizó, se revisará la ruta para analizar y discutir el paquete económico que turnó el Ejecutivo del Estado, en donde tendrán que revisarse a fondo, ya que se presentó un presupuesto deficitario para el 2021.

“En la mayoría de los diputados existe plena convicción de actuar con la mayor de las responsabilidades, que permitan mínimas condiciones para que Michoacán pueda salir adelante, por lo que haremos un análisis a fondo de la propuesta que habremos de analizar y dictaminar”.

Explicó que para el 2021 se prevé un escenario complicado, ya que en el presupuesto federal que se aprobó en el Congreso de la Unión, se contemplan recortes de recursos importantes para la entidad, tal es el caso el rubro de participaciones, en donde habrá una disminución de dos mil 82.08 millones de pesos.

Aunado a ello, reconoció que hay menos recursos de la federación para Michoacán, ya que hay disminución para el turismo, la seguridad, la salud, los municipios, la educación e impulso de la economía, por lo que se tendrá que garantizar que los pocos recursos que tendrá la entidad estén bien distribuidos.

Tony Martínez explicó que en lo que se refiere al rubro de transferencias federales por convenio, Michoacán tendrá también un recorte por 553 millones 619.7 mil pesos, lo que en términos nominales representa un decremento del 8.10 por ciento.

En tanto que los incentivos derivados de la colaboración fiscal para el año 2021, se estiman en 397.6 millones, monto inferior en 72 millones de pesos, respecto a los 470.4 millones de 2020, es decir, un recorte de 15.47 por ciento en valores nominales.

Recibe presidencia del Congreso del Estado informe de Compromisos de la UMSNH con el Legislativo michoacano

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, recibió el Informe de Compromisos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con el Congreso del Estado, por parte del rector Raúl Cárdenas Navarro y funcionarios universitarios.

El diputado Octavio Ocampo, señaló que el tema educativo desde el nivel básico hasta el nivel superior es una prioridad para el Poder Legislativo, que trabajarán para fortalecer y apoyar en todo lo que se requiera a la Universidad Michoacana por el bien de todas y de todos los michoacanos.

“Nuestro compromiso en el Congreso del Estado está enfocado en el bienestar de las y los michoacanos, para ello una parte fundamental sin lugar a dudas es la educación, y en gran medida hablar de la educación en Michoacán es hablar de la Universidad Michoacana, hoy desde aquí refrendó nuestro empeño por el fortalecimiento de esta casa de estudios en todo lo que se requiera”, aseveró.

Por su parte el rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas, manifestó que esta serie de compromisos que hoy presentaron ante el Poder Legislativo, se han trabajado y construido desde el año 2016, en dónde hay algunos que ya se han trasformado en convenios con diversas dependencias y organismo, siempre en beneficio de la comunidad estudiantil nicolaita y por ende de Michoacán y su gente.

Presenta Balta Gaona iniciativa para que al inicio de las sesiones y antes de la aprobación del orden día, se puedan agregar asuntos

El diputado Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa con la finalidad de que al inicio de las sesiones y antes de la aprobación del orden del día, todos las diputadas y diputados puedan solicitar que se incluya algún posicionamiento o punto de acuerdo que considere relevante de ser discutido en la sesión a desahogar y que sea mediante votación del pleno si debe ser incluido o no.

En ese sentido, el diputado petista señaló que esta iniciativa se originó toda vez que los documentos (dictámenes, iniciativas, exhortos, posicionamientos) que presentan las Comisiones o las y los diputados para incorporarse al orden del día, deben esperar su turno o aprobación para ser enlistados en el orden del día, lo cual puede tardar varios días o esperar varias sesiones, a pesar de que la Conferencia del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), establecieron un día a la semana, como día límite para que se puedan ingresar sus documentos, con el compromiso de ser presentados al Pleno en la sesión más próxima, lo cual en la práctica no ocurre y genera un problema.

“Ya en varias ocasiones ha sucedido que, en el pleno, no se han podido abordar en el momento debido temas de actualidad, importantes y de interés para nuestra sociedad, gracias a estas restricciones, independientemente de que sean situaciones que por su importancia o complejidad se haga urgente abordarlas en ese momento álgido del problema y si acaso se abordan es por acuerdo de la JUCOPO, para que sea uno de sus integrantes quienes puedan manifestarse en tal o cual tema de actualidad, dejando al resto de diputados sin poder manifestarnos en los temas que cada uno consideramos importantes, todo porque no pertenecemos a tan selecto grupo, quedándonos sin tener la oportunidad de fijar una postura”, aseveró.

El diputado Baltazar Gaona, lamentó que una vez que la conferencia organiza el orden del día, difícilmente se admiten modificaciones, aun y cuando la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, en el artículo 227, párrafo segundo, señala que: “De manera extraordinaria se podrá incorporar al proyecto del orden del día, posicionamiento o propuesta de acuerdo, previamente registrado por cualquier diputado, ante la Presidencia de la Conferencia, hasta las veintiuna horas del día previo a la sesión”, sin embargo reiteró que dicha práctica no se lleva a cabo.

“También el no incluir algún documento en el orden del día en la sesión que le corresponde debido a la falta de autorización por parte de la Conferencia, puede representar un acto obscuro para no dar a conocer a la sociedad la realidad de algún acontecimiento o para no incomodar a algún grupo o actor político”, finalizó.

Otorgan diputados descuentos del 100 por ciento en adeudos al Servicio de Transporte Público y Particular

Con el objetivo de brindar beneficios tanto para los ciudadanos que necesitan regularizarse, así como para la Hacienda Estatal, los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, reformaron los artículos noveno y décimo transitorios a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con dichas modificaciones, se otorgarán descuentos del 100 por ciento en los adeudos por Derechos de Servicios al Transporte público y particular, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneo, así como por Derechos de Servicios de Registro de Control Vehicular de Transporte Particular, incluyendo sus accesorios, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán.

Los diputados locales, coincidieron al señalar que las actuales condiciones económicas, sociales y de salud que se viven a consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS COV-2 COVID-19, requieren acciones que les permitan a los ciudadanos y concesionarios, realizar trámites que les son necesarios, sobre todo considerando las dificultades económicas que podrían tener para realizarlos.

De lo anterior y tomando en cuenta el principio de capacidad de pago, los legisladores locales consideraron incentivar a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones fiscales, así como a la regularización de sus vehículos de transporte público y privado, además de coadyuvar con la economía de la población y proporcionar al Estado, herramientas jurídicas que también le permitan tener una recaudación suficiente para continuar con la prestación de los servicios a los que está obligado a dar cabal cumplimiento.

Y es que de acuerdo a datos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en el padrón vehicular actual se encuentran registrados 40 mil vehículos de transporte público concesionados y 1.9 millones de vehículos de transporte particular.

Cabe señalar que esta propuesta fue presentada por los diputados Arturo Vázquez, Octavio Ocampo, Wilma Zavala, Adriana Hernández, Ernesto Núñez, Yarabí Ávila, Cristina Portillo, Norberto Martínez, Baltazar Gaona, Hugo Anaya, Salvador Arvizu y Sergio Báez, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Comunicaciones y Transportes.

Aprueba Congreso reforma para regular servicio de grúas

Con el propósito de regular el cobro por concepto de uso de grúas, estableciendo una tarifa que cumpla con los principios de equidad, proporcionalidad y generalidad, evitando así, el cobro de cuotas excesivas; el Congreso local, aprobó reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

El dictamen presentado elaborado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Hacienda y Deuda Pública, en relación con la iniciativa presentada por la diputada Tere Mora Covarrubias, busca evitar actos de corrupción al momento de aplicar multas y establece medidas de seguridad para el retiro de vehículos de circulación y de la vía pública.

Lo anterior, considerando que actualmente, el costo por disposición de vehículos no se encuentra considerado en la Ley de Hacienda, lo que provoca un cobro discrecional y arbitrario.

Con ese propósito, se reforman los artículos 61, 62, 64, 72 y 73 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, para definir el costo que deben cobrar los depósitos vehiculares y grúas privadas, así como el procedimiento aplicable al momento de que un vehículo es retirado de la circulación.

De igual forma, dispone que el acto administrativo estará a cargo del Estado, debido a la rectoría que en todo momento debe prevalecer, pese a que dicho servicio haya sido concesionado.

Asimismo, precisa que sólo los concesionados por la autoridad, que cumplan y garanticen el buen servicio y las condiciones para resguardar los vehículos podrán ser sujetos a concesión, la cual tendrá un costo, a efecto de que se emita la autorización, y que será la autoridad quien vigile el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su otorgamiento.

Además, define los supuestos en los que podrá retirarse un vehículo de la circulación o de la vía pública, así como el lugar a donde debe ser dispuesto en depósito, así como la seguridad de su resguardo y el cobro por ello.

Entre los supuestos se indica que la autoridad podrá retirar de la circulación aquellos vehículos que tengan una notoria emisión de humo; que los datos del registro vehicular no correspondan a los asentados en la tarjeta de circulación, así como los que carezcan de ambas placas y tarjeta de circulación vigentes.

También podrán ser retirados los vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública y aquellos que se encuentren estacionados en los lugares determinados como prohibidos por la autoridad competente en la materia.

Borrón y Cuenta Nueva, refrenda nuestro compromiso con los michoacanos; Yarabí Ávila

Al demostrar su compromiso con la economía de los michoacanos, la diputada Yarabí Ávila González, respaldo la iniciativa que otorga descuentos del 100% en los adeudos por los Derechos por Servicios de Transporte Público, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneo, para las diferentes modalidades, incluyendo sus accesorios, así como por los Derechos por Servicios de Registro y Control Vehicular de Transporte Particular.

Durante la sesión celebrada este jueves, la diputada priista integrante de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Deuda Publica, así como Comunicaciones y Obra Pública, recordó que esté dictamen fue analizado de manera responsable y solidaria para apoyar la economía de los michoacanos, que en estos momentos sufren el embate de la crisis económica, por el Covid-19.

Agregó que el acuerdo votado establece la posibilidad de que durante los meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020 se otorgue un descuento del 100% en los adeudos de ejercicios fiscales, por los Derechos por Servicios de Registro y Control Vehicular de Transporte Particular, incluyendo sus accesorios, por lo que dicho descuento se aplicará siempre y cuando se cubran los derechos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020.

De acuerdo a datos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en el padrón vehicular actual se encuentran registrados 40 mil vehículos de transporte público concesionados y 1.9 millones de vehículos de transporte particular, según la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que expuso que con esta decisión se apoyará a este mismo número de ciudadanos.

Promueven diputados acceso universal en atención a la salud mental

Tras reconocer la importancia de promover el acceso universal y equitativo a la atención de salud mental para toda la población, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley de Salud Mental y a la Ley de Salud, ambas del Estado de Michoacán.

La propuesta elaborada por la Comisión de Salud y Asistencia Social, integra las iniciativas presentadas por los diputados Sandra Luz Valencia, Ángel Cedillo y Zenaida Brígido, entre las cuales se plantea la necesidad de contar con programas y herramientas que permitan, en los entornos educativos, detectar y prevenir comportamientos suicidas, que permitan intervenir de la manera más adecuada desde este ámbito, así como brindar coordinación más eficaz y eficiente en torno a su prevención.

A su vez, plantea la necesidad de reconocer, crear, proponer e implementar protocolos que brinden al personal institucional, pautas y estrategias que orienten su actuación en la práctica cotidiana-profesional, logrando así que estas últimas, se encaminen a brindar un servicio de calidad, lo que logrará reducir las consecuencias negativas que representan los trastornos mentales.

Además, se reconoce que la salud mental debe formar parte de la atención primaria, brindando prioridad a la reestructuración de los servicios e implementando estrategias intersectoriales de promoción de salud mental para toda la población.

De esta manera, el Congreso local aprobó dichas modificaciones para desarrollar en coordinación con las autoridades educativas, programas de prevención del suicidio a causa de trastornos mentales y del comportamiento en niñas, niños y adolescentes, así como todas aquellas atribuciones que se requieran para cumplir los objetivos de los sistemas nacional y estatal de la salud.

Diputados aprueban reformas a Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó dos dictámenes con proyecto de decreto presentados por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, que contienen reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, con el propósito de actualizar y adecuar la norma interna.

En ese sentido se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la propuesta promovida por la diputada Sandra Luz Valencia, para reformar la fracción IV del artículo 70, en lo concerniente a la rendición de honores en vida o a la memoria de personas que hayan prestado servicios de importancia a la nación, al estado de Michoacán o sus municipios.

Lo anterior, considerando que si bien, la norma contempla la posibilidad de rendir honores póstumos, se adiciona el supuesto de honrar en vida a las personas destacadas, asimismo, se abre la posibilidad de que los honores sean otorgados a las personas que hayan prestado servicios de importancia no sólo a Michoacán sino a la Nación y a los municipios del Estado.

De igual forma, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la propuesta impulsada por el diputado Octavio Ocampo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma la fracción VI del artículo 236 bis.

La reforma establece que cuando durante una discusión se proponga la modificación a la exposición de motivos o al texto de la propuesta de acuerdo, el Presidente del Congreso deberá consultara al Pleno en votación económica si la acepta.

De aceptar las modificaciones, se dará́́ cuenta del proyecto con la modificación y se someterá́́ para su aprobación en votación económica. En caso de que no acepten las modificaciones propuestas, el Presidente del Congreso lo someterá́́ para su aprobación, en votación económica, en los términos presentados y hará́́ la declaratoria que resulte.

Congreso del Estado aprueba reforma presentada por Tere Mora para evitar abusos de las empresas de grúas

Con la finalidad de velar por los intereses de las familias michoacanas, y a fin de respetar sus derechos humanos y los principios constitucionales, la diputada Tere Mora Covarrubias, presentó una iniciativa de reforma que busca erradicar la corrupción en materia de tránsito y vialidad, en la que se deja expreso que será la Secretaria de Finanzas y Administración quien recaude los derechos fiscales por aprovechamientos, consistentes en arrastre de vehículos implicados en hechos de tránsito y su guarda, misma que fue aprobada este día por el Pleno del Congreso del Estado.

La iniciativa fue presentada el día 21 de octubre del año 2019 y turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, conjuntamente con la de Hacienda y Deuda Pública, las cuales hoy la presentaron ante el pleno para su lectura, discusión y votación.

La legisladora petista refirió en su exposición de motivos que dicha reforma plantea insertar en la Ley las causas por las cuales se pueden remitir los vehículos al depósito, retomando cuestiones ya reguladas en la norma secundaria y enlistando los supuestos por los cuales se puede proceder de tal forma, con ello dijo, se evitará que varios reglamentos de tránsito y vialidad, estatal y municipales, puedan contradecirse y ser violatorios de la garantía de seguridad jurídica de los michoacanos.

“Resulta injustificable que por la situación financiera que atraviesa el estado de Michoacán, causada por razones varias, se esté viviendo en el territorio un acoso disfrazado de operativos con el argumento de -Aplicación del Reglamento de la Ley de Tránsito-, en el cual se despoja a las personas de sus vehículos de manera ilegal, y con una la Ley que no señala las causas por las cuales ejecutar dicha acción”, aseveró.

De esta forma, la diputada por el distrito local 06 de Zamora, refirió que con la aprobación de esta reforma se subsana la laguna de ley que existe en relación al interés público que debe prevalecer en la norma, pues estipula que todo acto administrativo debe tener como finalidad el interés público, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto; por lo que, al regularse el cobro por concepto de uso de grúa, primeramente se establece una tarifa que cumple con los principios de equidad, proporcionalidad y generalidad, para dicho concepto, así mismo, se específica que el acto administrativo está a cargo del Estado, debido a la rectoría que en todo momento debe prevalecer, pese a que dicho servicio haya sido concesionado.

Declaran improcedente juicio político en contra de Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes

Tras considerar la falta de elementos para establecer una causal jurídica que permita el inicio de un juicio político en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de los Reyes, Michoacán, los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, declararon improcedente la denuncia presentada.

En la exposición de motivos, los diputados Cristina Portillo, Antonio Soto, Brenda Fraga, David Cortés, Omar Carreón, Ángel Custodio, Alfredo Ramírez, Marco Polo Aguirre y Javier Estrada , analizaron la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Carlos Alberto García Cortez, apoderado jurídico del señor Arturo Rebolledo Rebolledo, contra el Licenciado Miguel Alejandro Rangel González, en cuanto titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

De lo anterior, reconocieron que aunque el denunciado sí se encuentra comprendido dentro de los servidores públicos que son sujetos a juicio político, para los efectos de este juicio, el bien jurídico tutelado son los intereses públicos fundamentales y no sólo aquellos que redunden en perjuicio de los intereses de una persona, puesto que para ello, la legislación ya ha establecido otras instancias para dirimir circunstancias como las que han sido planteadas en esta solicitud.

Detallaron además, que los servidores públicos están sujetos a un sistema de responsabilidades, a través del cual deben responder por sus conductas cuando éstas no sean apegadas a la ley; no obstante, no es el juicio político la vía para hacer cumplir al servidor público respecto a las posibles responsabilidades sobre la ejecución de la sentencia que él dictó y que afecta a una persona.

Finalmente, el Congreso local expuso que no existen elementos para establecer una causal jurídica que dé inicio al juicio político en contra del servidor público denunciado, sin embargo, dejaron a salvo los derechos del denunciante para que pueda ejercerlos ante la autoridad competente.

Aprueban diputados que la filtración de información o imágenes de víctimas sea delito

La filtración, difusión, entrega, revelación, publicación, transmisión y exposición de información o imágenes de una víctima, será catalogado como delito, así lo aprobaron las y los diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura en la sesión ordinaria que se celebró este día.

Dicha iniciativa fue presentada por la Comisión de Justicia en dónde se incluyeron las propuestas de diversos diputados que iban encaminadas a reformar el artículo 260 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo y adicionar el artículo 57 bis a la Ley de Resposabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo; y la Iniciativa por el que se reforma el artículo 263 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Dicha iniciativa se aprobó con la finalidad de que no se constituyan más grietas en el sistema de procuración y administración de justicia; la iniciativa busca el respeto que debe salvaguardarse a toda persona humana fallecida, tutelando su dignidad de que las condiciones de su muerte no las filtren los servidores públicos; haciéndose por tanto congruente el planteamiento de esta propuesta con los artículos 1° y 16 Constitucionales que imponen al Estado la obligación de garantizar el respeto al derecho a la privacidad de la persona y sus datos personales.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Justicia coincidieron en que como diputados deben de legislar para combatir y acabar con este flagelo, ya que fomenta la naturalización de la violencia e incrementa el miedo en la sociedad, por ello se deben tomar en cuenta las medidas de protección a la cadena de custodia y evitar la difusión ilegal de imágenes de las victimas y procurar que se apliquen las debidas sanciones a quien resulte responsable de ello, lo anterior en aras de vigilar y promover directrices para la erradicación de todos los tipos de violencia y fortalecer la dignidad y respeto.

De igual forma las y los legisladores locales señalaron que el divulgar esta información podría desvirtuar los elementos probatorios, violar el debido proceso y corromper una vinculación a proceso.

El Congreso del Estado legisla en favor de la mujeres y reitera su lucha contra la violencia de género

Con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para las mujeres, que haya igualdad de género y erradicar la violencia contra las féminas, así como que haya mayores sanciones para quienes cometan un feminicidio, las y los diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura aprobaron por unanimidad diversas adiciones y reformas al Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Entre los puntos más destacables está la afición al segundo párrafo del artículo 117 del Código Penal, mismo qué refiere que siempre que una mujer sea víctima de homicidio se aplicará la perspectiva de género en la conducción de investigaciones e integración de carpetas de investigación, servicios periciales y procesos judiciales, a fin de determinar el tipo penal aplicable al caso y, en su caso, el concurso de delitos.

De igual forma se establece que las omisiones o acciones de los servidores públicos que resulten contrarias a lo ya estipulado, constituirán un delito contra la administración de justicia y se sancionarán conforme a ese tipo penal contenido en el Código Penal, así pues señala que para aplicar la perspectiva de género se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a las normas oficiales mexicanas en materia de violencia y protección a las mujeres.

En ese sentido quedó bien establecido que al hombre o mujer que cometa el delito de feminicidio se le impondrá una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión, pero cuando se comprueben dos o más circunstancias para que sea declarado como tal, la pena será de treinta a cincuenta años de prisión, ademas, el sujeto activo será privado de manera definitiva de cualquier derecho que tenga con relación a la víctima.

Una de las partes fundamentales que se aprobó es que se le asignó la calidad de imprescriptible, es decir que este delito no perderá vigencia, en ese sentido se le adicionó al último párrafo del artículo 120 del Código Penal que “El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente por el delito de feminicidio son imprescriptibles.

Logra Araceli Saucedo que en Michoacán se castigue a quien filtre imágenes de víctimas de violencia

En Michoacán se castigará la filtración de imágenes de las víctimas de violencia, propuesta impulsada por la diputada Araceli Saucedo Reyes, quien propuso reformar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas ambas del Estado, para que se sancione e incrementen las penas contra los servidores públicos que participen en la revictimización, al filtrar información, imágenes o vídeos.

Tras celebrar la aprobación de su propuesta por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, así como la de su compañero diputado Ernesto Núñez, expresó que, con estas reformas se protege a las víctimas y a sus familias.

Además, resaltó que se contribuye a frenar y sancionar estos actos de filtrado de imágenes desgarradoras, que no tienen otro fin más que revictimizar a la víctima. “Con esta propuesta que impulsamos y hoy se cristaliza solo buscamos el respeto que debe salvaguardarse a toda persona víctima de violencia”.

Por lo que dijo que el servidor público que incurra en este delito, sea responsable de los daños que ello ocasione y será sancionado, al establecer que la filtración de información, imágenes, videos o audios respecto de datos que obren en una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier etapa, constituyen grietas en el sistema de procuración y administración de justicia, además del daño inminente a la dignidad, honra e imagen de la víctima.

“Además que divulgar esa información podría desvirtuar los elementos probatorios, violar el debido proceso y corromper una vinculación a proceso y que se deben tomar las medidas de protección a la cadena de custodia evitando la difusión ilegal de imágenes de las víctimas y procurar que se apliquen las debidas sanciones a quien resulte responsable de dichas acciones”.

Ante los acontecimientos sucedidos en nuestro país, Araceli Saucedo refirió que en Michoacán era necesario establecer penas más severas a los funcionarios públicos que tengan en su poder ese tipo de información, y que no actúen con ética y responsabilidad, y la difundan o distribuyan.

Expuso que cuando la víctima sea exhibida y se trate de una mujer o a menores de edad, las penas se incrementarán en una tercera parte y si se vincula con imágenes de un feminicidio, que implique niñas, niños o adolescentes se aumentara en dos terceras partes.

“Es necesario, que los servidores públicos actúen con responsabilidad, bastante tenemos con la inseguridad y descomposición social que estamos viviendo. Últimamente hemos vivido diversos casos que ha traído a la luz la violencia que se vive contra las mujeres, que no solo es violencia física, o sexual, que después de haber sido víctimas de un homicidio o feminicidio, han sido expuestas, sus cuerpos son exhibidos sin medir el dolor de la familia, al ver las condiciones de los cuerpos, como botín de ventas publicitarias”.

La diputada por el Distrito de Pátzcuaro refirió que, con esta propuesta se protegen los derechos de las víctimas y se sanciona a quienes revelen, publiquen o difundan cualquier tipo de información relativa, en donde se expongan imágenes o videos de la o las personas víctimas del delito.

“El Congreso de Michoacán garantiza desde la legislación la protección de las víctimas, al establecer sanciones claras a todo aquel que las vulnere y al proteger la integridad de la víctima, de sus familiares, evitando un uso distinto de la información, el cual debe ser contenido exclusivo de la carpeta de investigación”.

Además, que con estas reformas aprobadas, se armoniza la legislación con la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, que mandata la obligación de la confidencialidad del uso de la información personal de la víctima y también con la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Logra Octavio Ocampo que se incrementen penas contra feminicidio

El diputado presidente del Poder Legislativo celebró que dentro de las reformas avaladas hoy, se estableciera que todo homicidio calificado será considerado feminicidio cuando la víctima sea mujer y exista una o varias razones de género sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja, en la cual históricamente se han encontrado las mujeres y bajo la perspectiva de género que deben aplicar las autoridades durante la conducción de investigaciones e integración de carpetas de investigación, servicios periciales y procesos judiciales.

Resaltó la importancia de las reformas aprobadas este día, en las que se establece que al hombre o mujer que cometa el delito de feminicidio se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión y que estas se incrementen cuando se fundamenten dos o más circunstancias en las que se clasifica este delito, la pena será de 30 a 50 años de prisión.

Octavio Ocampo aseguró que para la LXXIV Legislatura Local, es una prioridad sacar adelante las iniciativas que fortalezcan la legislación en el combate a la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones.

Frente al contexto de violencia acrecentado en contra de las mujeres, refirió que se está dando prioridad a aquellas iniciativas presentadas que combatan este terrible flagelo y encaminadas a garantizar la igualdad de género, el respeto a los derechos de las mujeres, y el combate a situaciones que atenten y vulneren su integridad.

“Era apremiante establecer mayores penas en nuestra legislación para que se castigue a quienes vulneren y lastimen a una mujer, como Congreso tenemos claro que no podemos bajar la guardia y que, desde todas las trincheras, se debe luchar por un entorno libre de violencia para todas”.

“Hoy tenemos que constituir un compromiso ineludible para establecer las políticas públicas de protección y de desarrollo de las mujeres, por lo que, es necesario que los ordenamientos legales se actualicen, las medidas sancionadoras se endurezcan y se adecuen a las circunstancias que nuestros tiempos nos mandatan”.

En ese sentido, dijo que no se debe permitir que los feminicidas tengan las condiciones para volver a la sociedad como si nada hubiera sucedido, ya que el daño no solo a las familias directas de la mujer afectada es irremediable, lo es también para la sociedad en su conjunto, por lo que es positivo incrementar las penas a feminicidas.

Octavio Ocampo puntualizó que quien agreda a una mujer debe ser castigado con todo el peso de la ley, por lo que celebró que este día en el Poder Legislativo se construyeran acuerdos y por unanimidad se avalaran las propuestas en la materia.

Aprueba LXXIV legislatura garantizar el derecho de acceso universal a las tecnologías de la información

Con la finalidad de que todas las niñas, niños y adolescentes tengan derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, las y los diputados de la septuagésima cuarta legislatura aprobaron por unanimidad reformar el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.

En ese sentido, las y los diputados locales consideraron que si bien la Ley contempla el derecho a las tecnologías, es necesario reforzar la ley vigente y que no se quede como un hecho aislado, el derecho de los niños a las tecnologías de la información y comunicación sin interconectividad con los demás derechos pierde su fuerza, y un derecho sin fuerza esta fuera de los principios fundamentales de los Derechos Humanos.

Es importante destacar que con esto se pretende reforzar y clarificar la obligación preexistente para los Estado de hacer efectivo el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, con especial énfasis en lo que ve a potencializar el acceso a Internet como un medio idóneo para garantizar la tutela de otros derechos fundamentales de igual relevancia constitucional, como el derecho a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la comunicación, a la identidad, a la cultura, a la educación y al esparcimientos.

Así pues, con esto se reconoce que el acceso pleno a las Tecnologías de la Información y Comunicación es un derecho humano fundamental de niñas, niños y adolescentes amparados por el marco constitucional mexicano.

 

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