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J ALVAREZ B

 

El uso de cubrebocas comercial o de preferencia “casero” que cubran la nariz y la boca, a partir del viernes 31 de julio pasado y hasta el día último de agosto de los corrientes, es de uso obligatorio en el estado de Michoacán, para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, al interior de empresas, comercios, oficinas y del transporte público, quedando sujeto este plazo a la valoración que determine la autoridad sanitaria sobre la prolongación de su vigencia hasta que se estabilice el nivel de contagios por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En una Sección Quinta del jueves 30 pasado, el titular del poder ejecutivo estatal hizo la publicación del Decreto por el que se establecen diversas medidas extraordinarias ante el crecimiento de la epidemia (sic) en el Estado de Michoacán; publicación que recién fue de dominio público apena el sábado 1 de agosto por la noche.

Se decreta de manera inverosímil una sanción para los transportistas o propietarios de establecimientos comerciales que incumplan esta medida, o permitan que su personal o quienes ingresen a los mismos, no porten cubrebocas, consistente en una amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y arresto hasta por treinta y seis horas.

La dificultad de aplicar el artículo 226 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo es patente, en virtud de una mala técnica legislativa, ya que nos encontramos frente a un artículo sujeto a una conjunción copulativa, esto es, podrán aplicarse para los infractores la amonestación con apercibimiento, la multa, la clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total y el arresto hasta por treinta y seis horas en un solo momento; situación que incluso se corrobora en el mismo Decreto en cita, al contemplar en el artículo 3 la conjunción en cita.

El uso de cubrebocas o mascarilla en este tiempo es una responsabilidad personal que no requiere de un decreto para su utilización, el señalar en el ordenamiento temporal que éste debe ser preferentemente “casero”, es de alguna manera irresponsable, en virtud de que un cubrebocas de tela no es un filtro absoluto, es un filtro relativo; el Decreto no contiene especificaciones respecto de este cubrebocas “casero”, que si es de tela, debe tener tres capas, si la capa interna debe ser de algodón para absorber las gotas que uno salpica al hablar y si la capa externa debe ser de un material impermeable; si deben utilizarse en su confección fibras sintéticas o naturales para que se pueda lavar y secar perfectamente, que no guarden humedad par evitar infecciones, ya que las telas sintéticas los especialistas señalan que no son recomendables, mucho menos las de punto abierto como bufandas o telas tejidas.

El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con  la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,midieron la filtración de partículas en diferentes telas, para determinar cuáles eran las combinaciones con mejores resultados, determinando que 3 capas de poliéster tienen una efectividad de protección de 93%. Otroestudio realizado por investigadores estadounidensesencontró que el algodón, la seda natural y la gasa pueden proporcionar una buena protección, generalmente por encima del 50%; mientras que una colcha de algodón con guata proporciona más de 96% de eficiencia; la eficiencia de filtración de los híbridos como algodón con seda, algodón con gasa y algodón con franela fue mayor de 80% para partículas menores a 300 nanometros y mayor a 90% para partículas mayores a 300 nanómetros.

¿Usar o no usar? Es responsabilidad de cada uno de nosotros con la finalidad de cuidarnos todos ¿sancionar al transportista o al comerciante cuando sus pasajeros o clientes no utilicen cubrebocas es proporcional? Considero que no; es muy cómodo endilgar a un tercero la responsabilidad de otros bajo la atribución conferida por el legislador. @lvarezbanderas

 

J ALVAREZ B
La renovación moral de la sociedad será compromiso y norma de conducta permanente de mi Gobierno
: Miguel de la Madrid Hurtado (1982).

 

 

Cuando se regeneren quienes se dedicaban a la venta de los medicamentos, que entiendan que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a adquirir los medicamentos en el país:  Andrés Manuel López Obrador (2020).

 

La falta de tratados de libre comercio entre México con los países que están produciendo la vacuna contra el COVID-19 derivará en erogaciones muy onerosas, amén de que la compra de estas pueda resultar inviable para el estado mexicano, por la postura adoptada ante las farmacéuticas que para esta administración federal resultabanunmonopolio, al controlar el mercado protegidas por las pasadas administraciones, de acuerdo al dicho del actual titular del poder ejecutivo federalsin existir una sola denuncia hacia la industria farmacéutica nacional.

 

 

El caso de la falta de abastecimiento en el sector salud, de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer es prueba de una crisis que comenzó a finales de 2018 por el capricho de no adquirir a estas empresas, concentrando las adquisiciones a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eliminando las licitaciones públicas, cambiando a un sistema opaco de adjudicaciones directas.

 

 

Ante la mala experiencia en 2019 en las compras para el sector salud nacional para este año, ahora se anuncia la adquisición de todos los medicamentos para el 2021 a laboratorios extranjeros, haciendo a un lado a la industria farmacéutica nacional, quienes evidentemente dejaran de obtener una renta económica, base para el sostenimiento del gasto público nacional a la vez, volteando los ojos a países como China e India y con ello afectar los cien mil empleos directos que genera la industria farmacéutica nacional, quinientos mil indirectos, con un impacto en más de 160 sectores industriales.

 

 

Evidentemente el presidente de la república sin actuar conforme a derecho contra quienes para el son corruptos, pretende de manera general -ya que no ha señalado en específico a las empresas farmacéuticas- que la industria en general abandone una conducta o unos hábitos reprobables a sus ojos, para llevar una vida moral ordenada, mientras muchos enfermos de cáncer siguen muriendo; por cierto, nos faltan ya 43,600…@lvarezbanderas

 

J ALVAREZ BSi bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, la CDMX, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J).

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J ALVAREZ B

 

El 30 de junio de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la declaración de revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple que dicha Comisión emitió respecto de Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple, en liquidación (FAMSA); la declaración de revocación pone en estado de liquidación a la citada institución a partir del 1º de julio pasado, sin necesidad del acuerdo de la asamblea de accionistas de conformidad con el artículo 28, penúltimo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC); en esa misma fecha la Junta de Gobierno del IPAB determinó el pago de obligaciones garantizadas.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 6o. y 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se consideran obligaciones garantizadas, los depósitos, préstamos y créditos a que se refiere el artículo 46, fracciones I y II de la LIC, cuyo saldo será pagado por el propio Instituto cuando éste determine tal procedimiento, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por la cantidad equivalente a 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple.

Los ahorradores o cuentahabientes de FAMSA cuentan a partir del 1º de julio pasado con 90 días para el pago de las obligaciones garantizadas por parte del IPAB de acuerdo al artículo 188, segundo párrafo de la LIC, una vez que ingresen una serie de datos al “portal de pagos IPAB”, distinguiendose a los titulares garantizados de entre quienes tengan hasta nueve mil pesos, de los que excedan de esta cantidad, hasta por la cantidad equivalente a cuatrocientas mil UDIS.

El valor de las UDIS para determinar el monto de las obligaciones garantizadas por el IPAB, será el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y que se encuentra vigente al 1 de julio de 2020, fecha en la que FAMSA entró en estado de liquidación, siendo tal valor de $6.445166 pesos Moneda Nacional. Los interesados en presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, podrán acudir a las sucursales de FAMSA, que se encuentren abiertas, para efecto de recibir dichas solicitudes hasta el 1 de julio de 2021.

Las 400 mil UDIS equivalen a 2 millones 578 mil 66 pesos con 40 centavos, existen inversionistas que perderán sus ahorros diferenciales respecto de este monto ¿Cuál fue la causa de que le retiraran la licencia para operar a FAMSA? ¿Quiénes eran los administradores, directivos o miembros del consejo de administración? ¿Serán investigados y sancionados? ¿Qué pasará con los activos de FAMSA? Muchas preguntas sin respuesta por ahora, políticos vinculados con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han visto una oportunidad en la liquidación de FAMSA y literalmente se han “colgado” de esta situación, ofreciendo “asesoría” a los ahorradores defraudados. Hoy fue FAMSA ¿Y mañana?...

 

J ALVAREZ B

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión del 7 de febrero de 2007 resolvió por mayoría de 3 votos la contradicción de tesis 75/2004-PS, de donde derivó la jurisprudencia 21/2007 de rubro “INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA”, fungiendo como ponente la entonces ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, hoy titular de la Secretaría de Gobernación; los votos disidentes fueron de los entonces ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz.

La contradicción surge por criterios encontrados, entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En esencia, el texto de dicho criterio jurisprudencial de acatamiento obligatorio para los órganos jurisdiccionales nacionales, señala lo siguiente: “Si bien, la diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional presupone la comisión de un delito, la existencia de una investigación ministerial y la probabilidad de que en el domicilio que se registrará se encuentra el sujeto activo o los objetos relacionados con el ilícito; ello no sucede en todos los casos, pues tratándose de flagrante delito, con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación del delito y la aplicación de las penas, la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito, ya que en ese caso, el propio artículo 16 constitucional señala expresamente una excepción al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al indiciado, además de que el Estado -como garante de los bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en casos de flagrancia; por lo que en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo, motivada por la comisión de un delito en flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al tratarse de hipótesis distintas, a efecto de determinar su valor probatorio, no se aplican las mismas reglas que tratándose de un cateo precedido por una investigación ministerial. Así, las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requisitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, carecen de eficacia probatoria, ello con independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia tienen eficacia probatoria, aun cuando no exista orden de cateo. Debiendo precisarse que tratándose del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia, ésta debe contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio sin orden de cateo, los cuales deben aportarse en el proceso en caso de consignarse la averiguación correspondiente a efecto de que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que efectivamente se trató de flagrancia, pues de no acreditarse tal situación, las pruebas recabadas durante dicha intromisión, carecen de eficacia probatoria.”

El artículo 16 constitucional en su momento fue reformado por el Constituyente Permanente, sin embargo, antes y después de la reforma ya se preveía la intromisión a un domicilio en caso de flagrancia; precisamente en diciembre 2018, ya reformado dicho numeral, surge una tesis aislada por la misma Primera Sala de la SCJN con idénticos elementos a la anterior, esta lleva por rubro: “INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA.”

En el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevén algunas derivaciones del contenido de la reforma al artículo 16 constitucional, donde ya se expresan los supuestos de flagrancia; con todo lo anterior, sin tener mayores elementos, terceros ajenos a las carpetas de investigación en materia penal, no podemos hacer señalamientos de una buena o mala actuación de los impartidores de justicia, no se puede inferir que al dejar libre a un presunto delincuente, el juzgador es una “gente de segunda”, “una gente no íntegra” o “una gente mala” de acuerdo al dicho del titular del poder ejecutivo federal.

Si conociera los reveses judiciales en contra del Servicio de Administración Tributaria o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se ven involucrados miles de millones de pesos en materia de contribuciones federales, con toda seguridad le dedicaría tiempo para denostar a los magistrados integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Poder Judicial de la Federación.

@lvarezbanderas

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