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“No podemos esperar que quien nos gobierne lo haga bien, si para llegar a gobernar infringió las reglas”.

Mauricio Merino

 

rosmy bonillaCon motivo de la publicación de las convocatorias para que la ciudadanía michoacana participe en las elecciones a Gobernador, legisladores y alcaldes, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán emitió un posicionamiento exhortando a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes del Estado para evitar el desvío de recursos públicos con fines proselitistas.

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“La función (de los Comité de Participación Ciudadana) es convocatar y hacer posible que el conjunto de la sociedad se involucre en el combate a la corrupción”.

Mauricio Merino

rosmy bonillaLos Comités de Participación Ciudadana (CPC) son los epicentros de los Sistemas Anticorrupción, sin embargo, sus funciones están más orientadas a involucrar a la sociedad en la lucha contra este problema y, mediante su representación en la mesa del máximo órgano de dirección de los Sistemas, a llevar y dar seguimiento a las inquietudes de la misma sociedad ante las autoridades que conforman los Comités Coordinadores.

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“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”

Horacio

rosmy bonillaMéxico ha firmado tres convenciones internacionales, todas ellas con un común denominador: la recuperación de activos.

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“No se puede dotar ni siquiera a la mejor máquina de iniciativa; la apisonadora más alegre jamás podrá plantar flores”.

Walter Lippmann

 

rosmy bonillaMichoacán es el sexto estado a nivel nacional en cuanto a los avances de la Plataforma Digital Nacional que mandata la ley anticorrupción en el país.   Con ello, el estado se mantiene a la vanguardia: fue de los primeros en promulgar las leyes que crearon el Sistema Estatal Anticorrupción, fue de los primeros en instalar el Sistema en pleno y, ahora, de los primeros en ir cumpliendo lo que la ley mandata.

¿Qué es la Plataforma Digital Nacional? Es una herramienta tecnológica contemplada, como lo dije, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para facilitar la consulta sobre evolución patrimonial de los servidores públicos, quienes son y dónde se ubican los servidores públicos que están involucrados en las contrataciones públicas, el seguimiento a las propias contrataciones públicas, los servidores públicos y particulares sancionados por faltas administrativas y hechos de corrupción, la fiscalización de los recursos públicos y las denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción.

Esta herramienta esta diseñada de tal manera que, a nivel nacional, solamente se abren las ventanas de consulta, pero cada estado es el responsable de contar con la información que alimente la Plataforma Digital Nacional.

En ese sentido, Michoacán cuenta con un 100 por ciento de cumplimiento en normatividad, infraestructura, capital humano y desarrollo de mecanismos de comunicación en los dos primeros sistemas desarrollados para la plataforma nacional. Se trata de los sistemas relativos al registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas y servidores públicos y particulares sancionados.

¿Qué falta para que en Michoacán estemos conectados con la Plataforma Nacional? La gestión de datos. Es decir, las dificultades técnicas y la sistematización de datos en algunos municipios y entidades de la admnistración pública ha generado que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción no pueda tener acceso a la información requerida o bien las entidades en cuestión no cuentan con los recursos tecnológicos para interconectarse con la Secretaría Ejecutiva, quien tutela los sistemas.

Aunque los avances en la construcción e implementación de los seis sistemas de la Plataforma Digital va viento en popa, no podemos cantar victoria. La falta de acceso a internet, de equipos humanos y tecnológicos para el adecuado manejo de datos y hasta la falta de energía electríca son factores que inciden determinantemente en la tecnificación del combate a la corrupción en el estado de Michoacán.

El tránsito hacia un gobierno digital es inminente, no solo por la contingencia, sino porque sistematizar (poner en orden) la información y resguardarla en formatos abiertos (de fácil acceso y lectura para el ciudadano) es una gran medida para evitar la discrecionalidad.

Esto lo previeron muy bien Organizaciones de la Sociedad Civil al proponer e impulsar, hace más de 7 años, el uso de las tecnologías para el combate a la corrupción.

El reto permanece: es necesario el uso de las TICs para las buenas prácticas gubernamentales y empresariales. Y, a ese reto, se le añade uno más: que, aunque sean las entidades gubernamentales las que apliquen las TICs, sean los ciudadanos quienes se apropien de los sistemas de consulta para que las administraciones vayan y vengan y la información permanezca.

rosmy bonilla

    "Ésas son grandes palabras, pero las acciones habrían sonado de forma más estruendosa"

                                                                                                                 Winston S. Churchill

En congruencia con el motivo de su creación y siguiendo el ejemplo de casos en otros estados y a nivel nacional, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó, el pasado 6 de noviembre de 2019, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por enriquecimiento ilícito en contra de ex funcionarios estatales.

Lo anterior con base en una investigación internacional que da seguimiento a los casos de sobornos y corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que, en Michoacán, fue la encargada de la construcción de la Presa Francisco J. Múgica.

Sin embargo, el pasado 21 de mayo de 2020, la Fiscalía en mención notificó al Comité Ciudadano el acuerdo de no ejercicio de acción legal por dos motivos, principalmente:

El primero, porque la denuncia fue presentada 7 meses después de que prescribiera el delito. En cuestión de tiempos no hay nada que refutar; sin embargo, es necesario precisar que, un año antes de que se presentara la denuncia, es decir, cuatro meses antes de que prescribiera el delito; el Comité de Participación Ciudadana solicitó al Fiscal, a través del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, que diera seguimiento a las investigaciones internacionales.

Sin embargo, en sesión del 12 de noviembre de 2018, los integrantes del Comité Coordinador, máximo órgano de decisión del Sistema Anticorrupción, desecharon la propuesta y la excluyeron, nueve votos a favor y uno en contra, de la orden del día de la sesión.

Ante ello, el Comité Ciudadano determinó presentar la denuncia correspondiente y debió hacerse llegar de los documentos probatorios para presentarlos ante la Fiscalía. La gestión de las pruebas le llevó al Comité Ciudadano un año; por ello la denuncia se presentó hasta noviembre de 2019.

El segundo argumento que da la Fiscalía para no ejercer acción legal es que el Comité de Participación Ciudadana no es víctima directa del delito cometido, por lo que no es quien debería presentar la denuncia.

Este apartado del acuerdo de no acción legal es sumamente preocupante toda vez que a nivel nacional se ha reconocido el carácter de víctima a los Comité de Participación Ciudadana y a otros colectivos que han presentado denuncias similares.

Si bien es cierto que el Comité de Participación Ciudadana no es el afectado directo por los sobornos pagados por Odebrecht a ex funcionarios michoacanos; es verdad, que la víctima somos todos y por tal motivo y principio, se ha acreditado el carácter de víctima en casos anteriores a nivel nacional.

Por otro lado, la postura adoptada por la Fiscalía puede ser tan inverosímil como si, por ejemplo, se desechara una denuncia de homicidio presentada por un familiar porque no la presenta el propio difunto.

Pero, más allá de eso, sentar el precedente de que los ciudadanos que integramos el Sistema Anticorrupción no podemos presentar denuncias es alarmante. Si no es el comité ciudadano, entonces ¿quién?

Solo hay que recordar que una de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, expresadas en al Ley del Sistema Estatal es dar seguimiento al funcionamiento del mismo Sistema y, eso, incluye a la Fiscalía.

 

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