El actual gobierno se empeña en destruir el sector turístico en México, el pasado 4 de diciembre, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos, eliminando la exención de pago de derechos de migración para pasajeros de cruceros. Esta decisión implica un nuevo impuesto de 42 dólares por persona, lo que encarecerá significativamente el turismo de cruceros en México, haciéndolo un 213% más costoso en comparación con otros puertos del Caribe. La medida podría excluir a los puertos mexicanos del mercado global de cruceros y amenaza con graves repercusiones económicas y sociales.
La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que representa a 14 líneas de cruceros, expresó su preocupación en una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entre los firmantes están altos ejecutivos de empresas como Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, MSC y Royal Caribbean. La FCCA advierte que este nuevo impuesto pone en riesgo las inversiones de la industria de cruceros en México, además de impactar negativamente a decenas de miles de mexicanos y comunidades costeras que dependen de esta actividad para su sustento.
Las líneas de cruceros están considerando modificar itinerarios, lo que podría reducir drásticamente el flujo de pasajeros y escalas en puertos mexicanos. Se estima que, en 2025, México recibiría más de 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas, pero estas cifras podrían disminuir considerablemente.
Además, el turismo de cruceros genera aproximadamente 1,000 millones de dólares en gastos directos anuales, sostiene más de 20,000 empleos y aporta más de 200 millones de dólares en salarios, especialmente en estados como Quintana Roo, donde representa el 40% del PIB.
Otro punto de preocupación es la falta de claridad en la implementación del impuesto, que entrará en vigor en menos de 45 días. La FCCA señala que esto genera incertidumbre tanto para las líneas de cruceros como para los pasajeros, ya que muchos viajes ya han sido vendidos para 2025.
Además, critica que no se haya dado tiempo suficiente para que la industria se adapte a los cambios.
En el Senado, el argumento oficialista a favor de la reforma fue que el nuevo impuesto fortalecerá el control migratorio y aumentará la recaudación fiscal. Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo.
La FCCA advirtió que esta medida podría poner en peligro inversiones planeadas en México, incluyendo proyectos destinados a reconstruir destinos como Acapulco, desarrollar nuevos puertos turísticos, emplear a más marinos mexicanos y realizar programas sociales en comunidades vulnerables.
La implementación del impuesto es vista como un intento del gobierno mexicano de aumentar ingresos fiscales, pero pone en riesgo una importante fuente de divisas. La industria de cruceros, que representa un segmento clave del turismo en México, podría reubicar sus operaciones hacia otros destinos más competitivos en costos.
Ante la posibilidad de un impacto devastador, surgen dudas sobre si la Secretaría de Hacienda reconsiderará esta medida y ofrecerá alternativas para mitigar sus efectos negativos.
