La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el pasado 4 de noviembre de 2026, no elimina el efectivo de manera generalizada, sino que faculta a la Secretaría de Hacienda para designar sectores estratégicos donde los pagos digitales serán la única forma aceptada, comenzando probablemente por gasolineras y casetas de peaje.
Para el ciudadano común, esto significa que en la mayoría de los comercios tradicionales el efectivo seguirá circulando, pero en los sectores designados la transición será obligatoria, con la salvedad de que ante contingencias técnicas se permitirá pagar en efectivo o cheque.
Esta medida ha generado un debate constitucional, pues expertos y oposición argumentan que delegar en Hacienda la facultad de restringir el uso de la moneda nacional podría vulnerar la autonomía del Banco de México y el poder liberatorio ilimitado de los billetes, además de que la ley aún no ha sido sometida a un control de constitucionalidad definitivo.
Al comparar este esquema con experiencias internacionales, se observa que Suecia y Noruega han alcanzado una digitalización casi total por práctica social, pero han legislado para proteger el efectivo y obligar a los bancos y comercios a seguir aceptándolo; España, Francia y Bélgica prohíben expresamente que un comercio rechace billetes o monedas.
Uzbekistán es el único país que aplica un modelo similar al mexicano, pues desde 2026 prohibió el efectivo para bienes y servicios específicos como combustible, alcohol y servicios públicos, aunque con resultados controvertidos por falta de infraestructura y altas comisiones bancarias.
En el ámbito turístico, las implicaciones son particularmente sensibles, ya que México recibe millones de visitantes internacionales y muchos de ellos, especialmente quienes provienen de países con menor bancarización o prefieren manejar efectivo para gastos cotidianos, podrían enfrentar fricciones si los sectores designados incluyen servicios de alta demanda turística; un caso concreto ya se vislumbra en la Ciudad de México, donde el director del Fondo Mixto de Promoción Turística ha señalado que el sector hotelero capitalino podría ser uno de los primeros en limitar el efectivo, argumentando que la regularidad de las operaciones y la posibilidad de reservar en línea facilitan la adopción de pagos digitales, y que muchos turistas extranjeros ya llegan con tarjetas que utilizan en terminales punto de venta.
El impacto más delicado se concentraría en la última milla del gasto turístico: gasolineras para quienes rentan automóviles y recorren carreteras, y casetas de peaje en las principales rutas hacia destinos de playa o pueblos mágicos, pues si estos sectores se digitalizan por completo, un turista nacional o extranjero que solo porte efectivo podría quedar varado o verse obligado a desviarse para encontrar un establecimiento que acepte billetes, lo que deteriora la experiencia de viaje y genera una percepción de exclusión; a ello se suma la advertencia de que el costo de las comisiones bancarias y de la infraestructura de terminales podría trasladarse a los precios que pagan los visitantes, encareciendo servicios que antes se liquidaban en efectivo sin recargos.
La ley contempla excepciones por fallas técnicas, pero estas no resuelven el problema estructural de un turista que simplemente no dispone de un medio digital, y la prohibición de invocar contingencias de manera recurrente impide que los prestadores de servicios turísticos mantengan el efectivo como opción permanente; en suma, el sector turístico enfrenta el riesgo de una transición desigual, ya que los hoteles y comercios formalizados podrán adaptarse con relativa facilidad, pero los prestadores de servicios en destinos con conectividad limitada y los propios viajeros que dependen del efectivo quedarán en una posición vulnerable si la autoridad no diseña mecanismos de inclusión específicos para la actividad turística.
