En México, hoy es más probable que dos personas firmen una copropiedad que un acta de matrimonio como primer compromiso de largo plazo. No es una metáfora ni una provocación cultural: mientras los matrimonios formales se mantienen estables o a la baja, los esquemas que permiten comprar vivienda en conjunto entre personas sin vínculo legal crecen de forma sostenida.
El dato no habla de una ruptura con lo tradicional, sino de algo más silencioso y profundo: las decisiones importantes de la vida adulta ya no se están tomando todas de la misma manera.
Las cifras ayudan a dimensionar este cambio. De acuerdo con la Estadística de Matrimonios más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 se registraron 486,645 matrimonios en el país, lo que representa una caída de 3 % respecto al año anterior y un descenso claro frente a 2015, cuando la tasa era de 6.9 matrimonios por cada mil habitantes adultos. Hoy esa tasa ronda los 5.4, una señal de que el matrimonio dejó de crecer al ritmo que tuvo durante décadas.
En contraste, desde su creación en 2020, el esquema Unamos Créditos del Infonavit ha sido utilizado por cerca de 280 mil personas para adquirir vivienda en conjunto sin necesidad de estar casadas ni tener un vínculo familiar directo. Solo en 2024 se otorgaron más de 80 mil créditos bajo esta modalidad, y el número de financiamientos se duplicó respecto a su primer año de operación.
La comparación es incómoda pero clara: las decisiones para compartir patrimonio están creciendo más rápido que las decisiones para formalizar una relación. Nunca antes había sido tan común comprometerse económicamente sin comprometerse afectivamente como primer paso de la vida adulta.
El crecimiento de la copropiedad no explica por sí solo este reordenamiento, pero sí lo vuelve visible. Comprar casa juntos, sin matrimonio ni parentesco, aparece como una respuesta práctica frente a un mercado inmobiliario cada vez más restrictivo y a trayectorias laborales que dificultan la autosuficiencia individual. No se trata de una postura ideológica ni de una declaración contra la familia tradicional. En la mayoría de los casos, es una decisión funcional: acceder a un patrimonio que en solitario resulta inalcanzable. Sin embargo, el efecto es profundo, porque desplaza el lugar que históricamente ocupaba el vínculo afectivo como punto de partida para construir proyectos de largo plazo.
Este reordenamiento no se limita a la vivienda compartida. Aparece también en otro arreglo cada vez más visible: parejas que deciden no convivir, aun manteniendo una relación estable. En muchos casos, se trata de personas que ya atravesaron etapas previas —matrimonio, separación, crianza, compra de vivienda— y que, al vincularse de nuevo, optan por no reorganizar su vida cotidiana alrededor de la pareja. La relación existe, pero no estructura el día a día ni define un proyecto doméstico común. Aquí no hay una reivindicación romántica del desapego, sino un desplazamiento de prioridades: la estabilidad material, la comodidad y la autonomía personal se colocan por encima de la construcción de una vida compartida.
Durante décadas, convivir implicaba casi automáticamente formar familia, asumir responsabilidades mutuas y construir un futuro común. Hoy, esa equivalencia se debilita. Hay relaciones sin convivencia, convivencia sin proyecto familiar y acuerdos afectivos que evitan compromisos de largo plazo. No es un fenómeno homogéneo ni necesariamente virtuoso. En muchos casos, responde al deseo de evitar conflictos, responsabilidades o pérdidas de autonomía, incluso cuando eso deriva en vínculos más frágiles o menos exigentes en términos afectivos. Estas formas de relación no suelen aparecer en estadísticas ni en discursos públicos, pero forman parte del paisaje cotidiano, sobre todo entre personas que ya lograron cierta estabilidad económica y no están dispuestas a ponerla en riesgo.
A primera vista, la copropiedad entre personas jóvenes y las parejas que viven en casas separadas parecen fenómenos opuestos. Sin embargo, comparten un rasgo central: el afecto dejó de ser el eje que organiza todas las decisiones. En un caso, se comparte patrimonio porque no alcanza; en el otro, se evita compartir espacio para no ceder autonomía. En ambos, la lógica es funcional antes que emocional. Y ese desplazamiento no es neutro: redefine qué se espera de una relación, dónde empieza el compromiso y hasta dónde llega la responsabilidad con el otro.
Lo que empieza a delinearse no es una sustitución del modelo tradicional, sino una diversificación de las formas de convivencia y compromiso. Sin embargo, esa diversificación ocurre en un contexto donde los pilares que históricamente sostuvieron la vida familiar —el afecto, el compromiso, la responsabilidad compartida— pierden centralidad frente a criterios de viabilidad económica y comodidad individual. Este desplazamiento ayuda a entender por qué proliferan relaciones frágiles, vínculos inestables y conflictos afectivos persistentes. Cuando el compromiso deja de ser el fundamento y se convierte en una variable negociable, la organización social también se vuelve más frágil.
Tal vez estas nuevas formas de habitar y vincularse sigan expandiéndose y encuentren legitimación cultural y estadística. O tal vez, con el tiempo, revelen tensiones y costos que hoy apenas empezamos a percibir. Por ahora, lo cierto es que muchas decisiones de largo plazo se están tomando fuera del marco que durante décadas organizó la vida familiar.
La pregunta que queda abierta no es solo cómo estamos viviendo, sino qué estamos dejando de poner en el centro al momento de decidir cómo amar, cómo comprometernos y cómo construir un proyecto común. Porque cuando el afecto y la responsabilidad compartida dejan de ser el punto de partida, no solo cambian las relaciones íntimas: cambia también la forma en que se organiza la confianza, la familia y, en última instancia, la vida en sociedad.
