Por semanas, la discusión sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas se concentró en la privacidad, los datos personales, la constitucionalidad de los biométricos y los primeros amparos promovidos por ciudadanos inconformes.
Sin embargo, conforme el proceso avanzó, comenzó a aparecer una pregunta distinta y probablemente más relevante: ¿estamos colocando el mayor esfuerzo institucional exactamente donde se encuentra el problema? Un problema que fija su atención en el costo económico de combatir la extorsión regulando a 161 millones de usuarios
México tiene hoy aproximadamente 161.6 millones de líneas móviles activas. A finales de junio, poco más de 63 millones habían sido vinculadas al nuevo padrón, mientras cerca de 100 millones continuaban pendientes de registro. La mayoría del mercado sigue siendo prepago. Aproximadamente ocho de cada diez líneas funcionan bajo este esquema.
Lo interesante no es únicamente la cifra, es el nivel de precisión con el que el Estado es capaz de medirla, porque sabemos cuántas líneas existen, cuántas se han registrado., cuántas corresponden a prepago, cuántas a pospago, cuántas faltan, que hubo que conceder una prórroga de hasta 120 días, los calendarios escalonados, cuándo podrían suspenderse los servicios y qué día debe regularizarse cada usuario según el último dígito de su número telefónico.
En pocas palabras, estamos frente a una política pública extraordinariamente cuantificada.
Pero esa precisión estadística desaparece cuando volteamos hacia el fenómeno que pretende combatirse.
Durante años, autoridades federales han reconocido que una proporción importante de las líneas denunciadas por extorsión se concentra en un número reducido de centros penitenciarios.
Recientemente se informó que doce penales concentran aproximadamente el 56% de las líneas vinculadas con denuncias de este delito.
Sabemos también que se han decomisado miles de teléfonos celulares dentro de las cárceles mexicanas. Solo en la Ciudad de México se reportó la destrucción de 6 mil 633 dispositivos confiscados, mientras que años atrás se habían asegurado otros 2 mil 839 aparatos.
Sabemos que existen operativos, que existen decomisos, que existen inhibidores dee señal , que existen diagnósticos institucionales que han llegado incluso a describir algunos centros penitenciarios como auténticos centros de operación para extorsiones telefónicas.
Sin embargo, lo que no sabemos es algo mucho más importante: no contamos con indicadores públicos equivalentes que permitan responder preguntas relativamente simples: ¿Cuántas redes criminales dejaron efectivamente de operar? ¿Cuántas llamadas disminuyeron después de intervenir un centro penitenciario? ¿Cuál ha sido el rendimiento de años de decomisos? ¿Cuánto se redujo la extorsión en aquellos lugares donde se realizaron operativos reiterados? ¿Existen mediciones comparables que permitan evaluar el impacto real de esas acciones?
Y aquí aparece una tensión interesante, la política pública que hoy puede medir con precisión quirúrgica el cumplimiento de 161 millones de usuarios no parece contar con instrumentos igualmente sofisticados para medir los resultados obtenidos sobre los focos históricamente identificados como generadores del delito.
La pregunta entonces se convierte en una pregunta sobre eficiencia, porque toda política pública genera costos. Y el registro telefónico también los genera.
Ya analizamos en tema desde la perspectiva de la privacidad., el enfoque de interés ahora es desde de una infraestructura económica.
Un teléfono móvil dejó hace tiempo de ser simplemente un teléfono, es autenticación bancaria, validación de pagos, acceso a aplicaciones financieras, recuperación de cuentas, comercio digital, coordinación logística, trabajo independiente, de reparto, movilidad, negocios operando mediante WhatsApp, redes sociales e identidad digital cotidiana.
Y aunque no contamos con estudios públicos que permitan calcular cuánto perderían las empresas telefónicas si una parte significativa de las líneas prepago dejara de operar temporalmente, sí sabemos algo.
El sector móvil mexicano generó ingresos superiores a los 378 mil millones de pesos durante 2025, que el mercado depende mayoritariamente del prepago, es decir, de millones de usuarios que realizan recargas pequeñas, frecuentes y constantes.
No hace falta construir escenarios catastróficos para advertir una realidad bastante evidente: suspender una porción importante de líneas no solo afecta llamadas. Introduce fricción económica: menos pagos, menos validaciones, menos transacciones, menos actividad, menos conectividad para millones de personas cuya vida económica se articula hoy alrededor del teléfono móvil.
Por supuesto, combatir la extorsión es una finalidad legítima, nadie discute eso. Sin embargo, esto nos plantea una pregunta: ¿Estamos imponiendo costos perfectamente cuantificables sobre millones de usuarios legítimos mientras seguimos sin poder medir con el mismo nivel de detalle los beneficios obtenidos sobre el ecosistema criminal que pretendemos combatir?
Porque el contraste resulta llamativo, podemos conocer el porcentaje exacto de ciudadanos que han cumplido con el registro, podemos establecer fechas, podemos imponer sanciones, suspender líneas, otorgar prórrogas, monitorear el avance casi en tiempo real.
Pero seguimos sin saber con igual precisión cuántos extorsionadores han dejado de operar.
Quizá esa sea la discusión verdaderamente relevante, no si debemos combatir la extorsión o no, sino si estamos asignando el mayor esfuerzo institucional sobre el problema correcto, porque toda política pública tiene costos.
Y cuando esos costos recaen sobre una infraestructura que sostiene pagos, comercio, trabajo, identidad digital y actividad económica cotidiana para millones de personas, lo mínimo exigible es que el beneficio obtenido pueda demostrarse con la misma contundencia con la que hoy se mide el cumplimiento ciudadano.
Hasta ahora, el Estado puede decirnos exactamente cuántos ciudadanos han cumplido, pero no puede decirnos, con la misma precisión, cuántos extorsionadores han dejado de llamar.
