México atraviesa una reconfiguración institucional silenciosa, pero profunda, en materia de transparencia y protección de datos personales. No se trata de un ajuste menor ni de una discusión técnica reservada a especialistas: es un cambio que redefine la relación entre el Estado, la información pública y la ciudadanía.
En diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como órgano autónomo. Meses después, en marzo de 2025, entraron en vigor las leyes secundarias que formalizaron su desaparición y trasladaron sus funciones a un nuevo esquema dependiente del Ejecutivo federal. Con ello, México cerró un ciclo iniciado hace más de dos décadas: el de los órganos autónomos como contrapesos especializados en materia de acceso a la información y resguardo de datos personales.
Más allá de las valoraciones políticas que esta decisión genera, el hecho es claro: el modelo institucional cambió. Y ese cambio no se limita al ámbito federal. Los estados de la República han comenzado, a ritmos muy distintos, a armonizar sus marcos legales para replicar el nuevo diseño.
La narrativa oficial que ha acompañado este proceso se apoya en dos conceptos recurrentes: simplificación administrativa y eficiencia. Sin embargo, al observar la implementación real, el panorama es mucho más fragmentado. Hoy el país opera en velocidades distintas en materia de transparencia a nivel local, con entidades que ya extinguieron formalmente sus órganos garantes, otras que aprobaron reformas sin ponerlas aún en marcha, algunas que apenas discuten iniciativas y otras que no han iniciado ningún proceso.
Este mosaico normativo no es menor. Si la eficiencia fuera el eje central de la reforma, cabría esperar una transición homogénea, ordenada y rápida. Lo que se observa, en cambio, es un proceso desigual, con vacíos temporales, incertidumbre institucional y ausencia de claridad sobre quién protege los datos personales y garantiza el derecho de acceso a la información durante la transición.
El reciente episodio de tensión legislativa en la Ciudad de México, a propósito de la aprobación de reformas mediante las cuales el INFO CDMX cedió atribuciones sustantivas a un órgano descentralizado dependiente del gobierno local, sirve como recordatorio de que este debate no está cerrado. Más allá del ruido político, el fondo del asunto es la redefinición de los mecanismos de control y rendición de cuentas a nivel local, en una tendencia que se replica en distintas entidades del país.
Este proceso institucional ocurre, además, en un contexto social particular. En la práctica cotidiana, muchos ciudadanos han normalizado entregar información personal a cambio de la promesa de trámites más ágiles y servicios más eficientes. El problema es que esa eficiencia prometida no siempre se materializa, mientras que la exigencia social por la protección de datos y la rendición de cuentas permanece débil.
La experiencia comparada muestra que la transparencia no depende únicamente de la existencia de órganos autónomos, sino de mecanismos efectivos de control, supervisión y sanción, respaldados por una cultura cívica que los exija. Cuando estos elementos se debilitan, la opacidad tiende a crecer, incluso bajo discursos de modernización y eficiencia.
La transición que vive México en materia de transparencia no es solo administrativa. Es política, institucional y cultural. Redefine quién controla la información, quién vigila al poder y qué tan dispuesta está la sociedad a defender derechos que no siempre generan beneficios inmediatos. Comprender este proceso no implica tomar postura automática, sino reconocer que los contrapesos, una vez debilitados, rara vez se reconstruyen con facilidad.
Colofón
Tras la desaparición del órgano nacional de transparencia, las entidades federativas han avanzado de manera desigual en la redefinición de sus sistemas locales. Al cierre del primer semestre de 2025, una decena de estados había extinguido formalmente sus órganos locales de transparencia, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Michoacán, aunque solo algunos reportan operación efectiva del nuevo esquema.
En un segundo grupo se encuentran entidades que aprobaron reformas constitucionales o legales, pero que aún mantienen en funciones a sus órganos durante el periodo transitorio, como Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Otros estados, como Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos, cuentan con iniciativas presentadas, aunque todavía sin aprobación legislativa. El caso de la Ciudad de México representa una variante distinta del proceso nacional: sin extinguir formalmente al INFO CDMX, el Congreso local aprobó la transferencia de atribuciones sustantivas a un órgano descentralizado dependiente del gobierno local, en una sesión marcada por alta tensión política. Campeche, Chihuahua y Sinaloa, por su parte, no han iniciado formalmente el proceso de armonización.
Este panorama confirma que la transición hacia el nuevo modelo de transparencia en México es fragmentada y desigual. Más que un problema técnico, se trata de un desafío político e institucional que pone a prueba la capacidad del Estado y de la ciudadanía para sostener la transparencia como un valor público en un contexto de reconfiguración de los contrapesos.
