Autoridades federales, estatales, municipales instalada la mesa de seguridad para tratar temas relacionados con el deterioro ambiental
Fue instalada la mesa de seguridad Ambiental en el Ayuntamiento de Morelia, donde las autoridades federales, estatales, municipales se comprometieron en hacer un análisis para tratar temas relacionados con el deterioro ambiental, tala clandestina, cambio de uso de suelo, contaminación y problemas de escases de agua en la localidad.
El anfitrión de la mesa fue el secretario de Desarrollo Metropolitano, Juan Fernando Sosa Tapia y la batuta de la reunión la tuvo el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semacdet), Ricardo Luna García.
En discurso, Luna García externó la preocupación que tiene el Estado sobre los asentamientos irregulares que se extienden en las faldas del Quinceo, donde pidió a la mesa revisar el número de casas y habitantes para determinar la posible reubicación o desalojo del lugar.
Asimismo, el jefe de tenencia de Jesús del Monte, Ernesto Cruz pidió a las autoridades revisen el tema de la tala clandestina, ya que en la parte sur del municipio diariamente bajan camiones repletos de madera.
Al respecto, Nicolás Mendoza Jiménez, coordinador de la Policía Ambiental señaló que el problema de la tala clandestina en el municipio es “alarmante”, pues supera el número de hectáreas autorizadas, que son 25 mil metros en Morelia.
Lo mismo pasa en el tema de cambio de uso de suelo, donde la superficie ilegal supera el volumen que está autorizado, ello principalmente en Atécuaro, Ichaqueo, Nieves, la Joya, Santiago Undameo; así como los cerros del Quinceo y del Águila.
Por otra parte, en Santa María pidieron los habitantes que revisaran la problemática de escases de agua, la cual es provocada por la reforestación de la loma, la cual ha sido convertida en zona urbana sin los servicios de drenaje, por lo que los pobladores se quejan de escurrimientos de aguas negras, así como contaminación de ríos y arroyos.
Finalmente, coincidieron los integrantes de la mesa que será necesario exigir que los gobiernos inviertan recursos económicos en el medio ambiente, así como obligar a las autoridades de procuración de justicia que apliquen las leyes para disminuir los delitos ambientales, los cuales hasta el momento quedan impunes porque la legislación no tiene herramientas para hacer valer las medidas de restricción y de cuidado en la naturaleza.
