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martes, octubre 14, 2025

Agricultores acusan olvido del campo; reclaman precios de garantía y apoyos perdidos

Se manifestaron en el Congreso del Estado exigiendo reactivación de programas federales que fueron eliminados                                                            

La molestia del sector agrícola volvió a hacerse visible cuando campesinos michoacanos se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir la implementación de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como la reactivación de programas federales que fueron eliminados.

Francisco Aguiñiga Ramírez, representante de la comisión de agricultores, advirtió que el campo atraviesa su etapa más crítica ante la ausencia de financiamiento y la desaparición de políticas públicas de apoyo.

“El gobierno eliminó la Financiera Rural, el seguro agrícola y los apoyos a la comercialización, hoy los productores enfrentan deudas con agiotistas y el riesgo de perder sus propiedades”, recordó.

El líder campesino fue tajante al cuestionar la falta de sensibilidad del gobierno federal y de la presidenta de la República, a quien acusó de haber dado la espalda al sector rural.

«Ella fue líder estudiantil, no viene del campo y no le interesa el campo. Le hacemos un llamado para que vuelva la mirada hacia los más pobres, los que estamos en el campo”, dijo.

Asimismo, evocó la importancia histórica de las luchas campesinas en México.

“En el campo se hizo la Independencia, la Reforma y la Revolución”, subrayó, para después señalar que el actual gobierno presume avances mientras el campo se hunde en el abandono.

“El campo está olvidado. Si seguimos adelante es gracias al dinero que envían nuestros paisanos en Estados Unidos. Las casas de los pueblos existen por los migrantes, no por el apoyo del gobierno”, lamentó.

Aguiñiga Ramírez también criticó la falta de resultados del senador Raúl Morón Orozco, al acusarlo de no haber impulsado acciones concretas en beneficio de los productores.

Los manifestantes pidieron abrir mesas de diálogo con los gobiernos federal, estatal y diputados así como con el Congreso local, para establecer precios justos que garanticen la subsistencia de miles de familias dedicadas al cultivo del maíz.

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