Es lamentable que tenga que venir de otro país para que pueda haber un rayo de luz de esperanza para hacer justicia, afirma dirigente estatal
Para el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, el escándalo que envuelve al Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con la delincuencia organizada es apenas el inicio de un fenómeno que alcanzará a otras entidades del país.
El legislador local sostuvo que dispone de información que advierte que las indagatorias impulsadas desde Estados Unidos no se concentrarán exclusivamente en gobernadores, sino que se ampliarán hacia diversos actores políticos.
“Eso no quedará solamente en Sinaloa, pasará a afectar a otros estados y no solo a los poderes ejecutivos. Pero es lamentable que tenga que venir de otro país para que pueda haber un rayo de luz de esperanza para hacer justicia”, afirmó.
Desde su perspectiva, resulta preocupante que las acciones de justicia dependan de instancias extranjeras, evidenciando debilidades institucionales en el país.
En paralelo, Valencia Reyes señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una oportunidad inédita “de sacudirse de tanta lacra” y encauzar procesos judiciales contra quienes han sido vinculados con estructuras criminales, para ser “destinados al basurero de la historia”.
“Porque pactaron con criminales y empoderaron durante muchos años al crimen organizado, contaminando la política en México”, manifestó.
El líder del partido tricolor subrayó que, a su juicio, la mandataria federal no es “una narcopolítica”, lo que le permitiría actuar sin ataduras en este contexto.
Advirtió además que el caso de Rubén Rocha Moya tendrá repercusiones nacionales, al enviar una señal contundente contra quienes han pactado con el crimen organizado.
Según dijo, esto podría frenar prácticas como las registradas en las elecciones de 2021, donde —acusó— hubo una intervención abierta de grupos delictivos.
Afirmó que diversos candidatos optaron por negociar con organizaciones criminales en lugar de convencer al electorado, lo que derivó en presiones directas sobre los votantes.
En el ámbito local, aseguró que en Michoacán existen legisladores con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aunque omitió precisar identidades.
El caso de Rocha Moya se encuentra en curso luego de que solicitara licencia temporal al cargo, con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) lleve a cabo las investigaciones por presuntos nexos con narcotráfico y tráfico de armas.
