Busca proteger los bosques y frenar el uso ilegal del agua, iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo estatal
El Congreso del Estado dio luz verde a la reforma constitucional que consolida al Guardián Forestal como instrumento permanente para enfrentar la mafia inmobiliaria, proteger los bosques y frenar el uso ilegal del agua, iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.
La aprobación se concretó pese a la inconformidad expresada por la diputada Itzé Camacho Zapiain, quien reclamó que la reforma fuera votada con rapidez mientras propuestas de su autoría permanecen detenidas durante meses en el proceso legislativo.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue el apartado relativo a la protección animal, el cual provocó el voto en contra de los legisladores Guillermo Valencia Reyes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Grecia Aguilar, de Movimiento Ciudadano (MC); y Baltazar Gaona García, del Partido del Trabajo (PT), quienes se opusieron al reconocimiento constitucional del cuidado y trato digno de los animales.
No obstante, la reforma fue aprobada y establece de manera explícita la prohibición del maltrato y la crueldad animal, obligando a los distintos órdenes de gobierno a garantizar su protección, integridad y bienestar, tanto de animales domésticos como silvestres, conforme a la normatividad vigente.
Desde la Mesa Directiva, la diputada Gulianna Bugarini Torres subrayó que el dictamen responde a compromisos estratégicos ya definidos en el Plan Morelos y ahora plenamente articulados al Plan Michoacán, al señalar que “permitirá que el Estado cuente con una de las legislaciones ambientales más avanzadas del país”.
Al adquirir rango constitucional, el Guardián Forestal se convierte en un mecanismo obligatorio para las administraciones futuras, que deberán preservarlo y fortalecerlo como eje de la política ambiental estatal.
La reforma coloca a Michoacán a la vanguardia nacional, ya que será el primer Estado del país en regular las operaciones con bienes inmuebles bajo criterios ambientales, lo que obliga a verificar la situación ambiental de cualquier operación inmobiliaria.
El nuevo marco legal también prevé que exista una opinión ambiental certificada integrada al Registro Público de la Propiedad, vinculada directamente con el sistema del Guardián Forestal.
