Denuncian que tanto el gobierno federal como el estatal solo aparecen en la comunidad después de algún evento violento y se retiran pocas horas después
Autoridades comunales de San Ángel Zurumucapio denunciaron que la comunidad y la región de la Meseta Purépecha atraviesan una grave crisis de seguridad, marcada por desapariciones, amenazas y falta de respaldo gubernamental, a pesar de haber asumido el control de su propia protección desde agosto de 2024.
José Aníbal Galván, coordinador consejero de la comunidad, detallo que San Ángel Zurumucapio se ubica a solo 10 kilómetros de Uruapan, una de las zonas con mayor presencia del crimen organizado en Michoacán. La cercanía ha puesto a la comunidad en constante tensión. Aseguran no tener enemigos, pero sí reconocen que los municipios vecinos como Tingambato o Ziracuaretiro han sufrido hechos de violencia recientes que les afectan.
El líder comunal denunció que tanto el gobierno federal como el estatal solo aparecen en la comunidad después de algún evento violento y se retiran pocas horas después, sin ofrecer soluciones duraderas. A esto se suma la falta de colaboración de los municipios, que en muchos casos rompen vínculos con las comunidades autónomas al no aceptar su autogobierno.
“Estamos solos, desprotegidos y en riesgo permanente. Todas las comunidades de la región vivimos la misma situación. No esperemos a que ocurra una tragedia más, como ya pasó en Cherán y Pichátaro”, concluyó el consejero.
Actualmente, son los propios pobladores quienes mantienen retenes y barricadas para controlar los accesos, revisando vehículos e identificaciones de visitantes. Sin embargo, la falta de preparación incrementa el riesgo: “No sabemos utilizar correctamente las armas. Ante un enfrentamiento no tenemos la capacidad para responder”, reconoció Galván.
Recordó que el 23 de agosto del año pasado los habitantes se levantaron en armas ante la desprotección del gobierno federal y estatal frente a secuestros y extorsiones. “Si no nos armamos nosotros, ¿quién nos va a proteger?”, cuestionó.
Ante esta situación, uno de los principales reclamos de la comunidad es la falta de armamento y capacitación para las rondas comunitarias —conocidas como kuarichas—, encargadas de vigilar los accesos y realizar recorridos de seguridad.
De acuerdo con Galván, los procesos para dotarles de armas y certificación se encuentran detenidos en la burocracia estatal y federal. “Siempre nos dicen: falta la firma del gobernador, del secretario, de la Sedena, y no avanzamos. Mientras tanto, las amenazas internas y externas no van a esperar”, advirtió.
