Habitantes inconformes promovieran amparos para detener el retiro de barandales y otras estructuras instaladas en el panteón comunal
Representantes de la comunidad indígena de Naranja de Tapia solicitaron al Poder Judicial de la Federación respetar su derecho a la libre determinación y a la autonomía, luego de que habitantes inconformes promovieran amparos para detener el retiro de barandales y otras estructuras instaladas en el panteón comunal como parte de un proceso de reordenamiento aprobado por la asamblea comunitaria.
En rueda de prensa, autoridades tradicionales y agrarias señalaron que las decisiones relacionadas con el panteón fueron tomadas conforme a sus usos y costumbres, respaldadas por la mayoría de la asamblea, máxima autoridad de la comunidad, por lo que consideraron que la intervención de los tribunales vulnera los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución Mexicana, la Constitución de Michoacán y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El presidente del comisariado ejidal, Israel Rosas Magallán, afirmó que la comunidad cuenta con mecanismos propios para resolver sus conflictos internos y advirtió que la judicialización del caso podría generar tensiones innecesarias.
Indicó que la población busca mantener un ambiente de paz y evitar confrontaciones, por lo que hizo un llamado a las autoridades federales para que permitan que los asuntos internos sean resueltos por las instancias comunitarias.
Por su parte, el jefe de Tenencia, Brandon Reyes León, detalló que el panteón se encuentra en un terreno comunal administrado por la Jefatura de Tenencia y que, conforme a las normas de la comunidad, los espacios para inhumación no son propiedad privada ni generan derechos de perpetuidad, por lo que rechazó que algunos habitantes pretendan acreditarse como propietarios de determinadas áreas.
Los representantes de Naranja de Tapia insistieron en que la comunidad no pretende afectar derechos individuales, sino recuperar el orden en un espacio comunal y garantizar que todos los habitantes tengan acceso en igualdad de condiciones.
