Afirma que retorno dependerá de condiciones de seguridad
La Secretaría del Migrante de Michoacán confirmó que al menos 150 personas permanecen desplazadas de manera forzada tras los hechos de violencia registrados en comunidades del municipio de Apatzingán, donde autoridades estatales y federales mantienen acciones coordinadas para atender a las familias afectadas y evaluar las condiciones para un eventual retorno seguro.
El titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez, informó que el caso ya es atendido por el Comité Interinstitucional para la Atención de las Personas Desplazadas, el cual realizó una sesión extraordinaria para activar el protocolo de atención establecido para este tipo de situaciones.
Detalló que el desplazamiento corresponde principalmente a habitantes de las comunidades de Cueramato, Cueramatillo y el Guayabo. Mientras tanto, el Ayuntamiento es el encargado de levantar el censo oficial para identificar el número de personas afectadas y las necesidades prioritarias de la población.
De acuerdo con el funcionario, el último registro contabiliza alrededor de 150 personas desplazadas, quienes requieren atención en materia de albergue, alimentación, servicios médicos y protección, labores que se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Gobierno, el DIF Michoacán, la Secretaría del Migrante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Guardia Civil.
Soto Sánchez explicó que la prioridad de las autoridades no es acelerar el regreso de las familias, sino garantizar que existan condiciones reales de seguridad antes de promover su retorno.
Indicó que el protocolo establece que las instituciones deben trasladarse a la zona afectada para evaluar la situación y coordinar acciones con el gobierno municipal, verificando que no existan riesgos para la integridad física de los habitantes ni para su patrimonio.
Aunque la mayoría de las personas desplazadas se trasladó a la cabecera municipal de Apatzingán, el secretario señaló que algunas familias podrían haberse refugiado en ciudades como Morelia o Uruapan.
Las autoridades también analizan la situación particular de cada familia, incluyendo si desean regresar a sus comunidades y si cuentan con viviendas en condiciones para ser habitadas, con el objetivo de que cualquier retorno se realice únicamente cuando existan garantías suficientes de seguridad.
