El daño patrimonial que analiza la autoridad investigadora asciende a cerca de 5 millones de pesos
La investigación por la presunta compra con sobreprecio de un software para el Congreso del Estado continúa avanzando y podría alcanzar a seis trabajadores y extrabajadores del Poder Legislativo, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La titular del área, Marisol Sánchez Zamudio, explicó que ya existen tres servidores públicos vinculados a proceso, sin embargo, las indagatorias continúan y podrían derivar en nuevas responsabilidades.
«Nos concedieron la vinculación a proceso de tres servidores públicos del Congreso del Estado, sin embargo, las investigaciones siguen abiertas y las líneas de investigación nos están arrojando a más personas de distintos niveles jerárquicos del Poder Legislativo», señaló.
La fiscal explicó que entre las personas que actualmente forman parte de las investigaciones se encuentran extrabajadores de la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado y reiteró que la carpeta permanece abierta.
Añadió que el daño patrimonial que analiza la autoridad investigadora asciende a cerca de 5 millones de pesos.
Las declaraciones fueron realizadas al concluir su informe anual de labores, presentado ante integrantes de la 76 Legislatura, donde atendió a representantes de los medios de comunicación.
El caso se remonta a la 75 Legislatura, cuando surgieron señalamientos por presuntos sobreprecios en la compra de un software multimillonario adquirido durante la presidencia de Fidel Calderón Torreblanca al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Actualmente, el morenista forma parte del equipo político de Raúl Morón y ha rechazado en diversas ocasiones haber cometido actos de corrupción o provocado un daño a las finanzas del Congreso con dicha adquisición.
La denuncia penal fue presentada en 2022 por los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Eréndira Isauro y Julieta García ante la Fiscalía michoacana contra quien resultara responsable.
El software tuvo un costo de 5 millones 460 mil 387 pesos y estaba destinado a la implementación de la contabilidad gubernamental.
La compra se concretó durante el último trimestre de 2021no obstante, se señaló que el mismo sistema había sido adquirido previamente y tenía vigencia hasta 2022, sin que posteriormente se aclarara su existencia dentro del Congreso estatal.
