Enfrenta pérdida de hábitat, expansión ganadera y cacería
La pérdida de hábitat, la cacería furtiva y los conflictos con ganaderos amenazan seriamente la supervivencia del jaguar en Michoacán, advirtieron autoridades, especialistas y representantes del sector privado, quienes impulsan una estrategia integral para evitar la extinción de esta especie emblemática y proteger los ecosistemas donde habita.
Durante un encuentro encabezado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), se destacó que aunque existen indicios de una población estable en la entidad, la falta de monitoreo suficiente impide conocer con precisión el número de ejemplares y su distribución. “El jaguar enfrenta las mismas presiones que en el resto del país: pérdida de hábitat, expansión ganadera y cacería. Estas amenazas pueden comprometer su permanencia si no actuamos a tiempo”, advirtió Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente en Michoacán.
El especialista explicó que la conservación del jaguar tiene un impacto ambiental mucho mayor que el de cualquier otra especie, al ser considerado un depredador tope y una especie sombrilla, es decir, su protección implica la preservación de grandes extensiones de territorio y de todas las especies que dependen de ese ecosistema. “Cuidar al jaguar es cuidar la biodiversidad entera”, recalcó.
Actualmente, el monitoreo de esta especie en Michoacán se realiza principalmente en la Sierra-Costa, en municipios como Aquila, Coahuayana, La Huacana y Aguililla, donde se han colocado unas 60 cámaras trampa, número aún insuficiente para dimensionar con precisión su población. Los registros disponibles indican la presencia del mismo ejemplar durante más de 12 años, lo que sugiere estabilidad en el hábitat, aunque la falta de estudios robustos impide saber si la población ha aumentado o disminuido en los últimos años.
La fragmentación del hábitat provocada por la ganadería extensiva, el crecimiento urbano y la minería son los principales factores que impactan negativamente en la población de jaguares. Además, se presume que la cacería ilegal también representa un riesgo, aunque la falta de registros dificulta dimensionar su impacto.
“Necesitamos más recursos para fortalecer el monitoreo, capacitar a las comunidades y colocar más cámaras trampa. Para un estudio adecuado, se requieren inversiones de hasta millón y medio de pesos”, explicó Méndez. La participación comunitaria ha sido clave, especialmente en las zonas indígenas de Pómaro y Coire, donde se realiza parte del monitoreo.
