La discusión del dictamen inició a las 13:30 horas y la votación definitiva se registró a las 19:10 horas, con 27 sufragios a favor
Con 27 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras una lectura y discusión que se prolongó por casi seis horas.
La discusión del dictamen inició a las 13:30 horas y la votación definitiva se registró a las 19:10 horas.
Durante el debate, representantes del PRI, Morena y PAN coincidieron en la relevancia de contar con instrumentos legales para atender las desapariciones, aunque expresaron distintas preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones para responder a las víctimas.
La diputada panista Vanessa Caratachea puso sobre la mesa la dimensión de la crisis nacional, al señalar que en México existen más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil sin identificar.
«Esta ley exhibe la falta de presupuesto y personal especializado, deficiencias en el manejo de información genética y obstáculos en los procesos de identificación humana. Y en el párrafo 61 de esas observaciones se recoge un reconocimiento particularmente significativo: el propio Estado mexicano ha reconocido que enfrenta una crisis forense. La imposibilidad de identificar miles de cuerpos constituye una de las dimensiones más graves de esta tragedia. No se trata de quién pronuncia la palabra crisis, se trata de las personas que continúan desaparecidas, de las familias que siguen buscando y de las instituciones que deben responder», indicó.
La legisladora lamentó que el gobierno actual siga atribuyendo a las administraciones anteriores la responsabilidad de los problemas, con el propósito de justificar sus propias omisiones.
Desde otra perspectiva, el diputado priista Guillermo Valencia Reyes respaldó el dictamen, pero advirtió que la aprobación de una norma no resolverá por sí sola la crisis que atraviesan Michoacán y el país.
«El problema no se va a resolver con una ley. Tal vez sea lo más cercano a lo que nosotros podamos hacer para resolver su problema. Así como ustedes tienen un grave problema, hay muchas familias que hoy están siendo desplazadas y que están también perdiendo a sus hijos, hijos que son reclutados a pelear una guerra que no saben por qué están peleando, que no tienen ninguna razón ideológica siquiera», señaló.
El priista lamentó que las familias no obtengan justicia únicamente con la aprobación legislativa y advirtió que cualquier disposición legal pierde eficacia si no se aplica en los hechos.
Por su parte, el diputado de Morena Alejandro Iván Arévalo Vera destacó que la ley permitirá fortalecer los registros, proteger a las personas buscadoras y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos.
«Esta ley responsabiliza y da castigos administrativos y, en consecuencia, da lugar a sanciones administrativas, esto sin perjuicio de las acciones penales que correspondan», señaló.
Arévalo Vera sostuvo que Michoacán necesita un marco normativo real, con herramientas jurídicas que permitan brindar protección a quienes participan en las labores de búsqueda.
Entre las disposiciones aprobadas se encuentra la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, que organizará y coordinará las acciones de las autoridades.
También se establece la Alerta Estatal de Búsqueda, que deberá activarse cuando exista noticia, reporte o denuncia sobre una persona desaparecida o no localizada, de acuerdo con el protocolo correspondiente.
La legislación contempla, además, un registro de personas desaparecidas y mecanismos para compartir información que contribuya a la localización e identificación de las víctimas.
Al referirse a este apartado, el diputado David Martínez Gowman señaló que el registro permitirá regular las bases de datos y facilitar el intercambio de información entre las instituciones.
«Este registro regula los registros y las bases de datos que permiten compartir información para facilitar la búsqueda e identificación. Participación de familias: reconoce su derecho a participar en las acciones de búsqueda e investigación, aportar información, recibir noticias sobre los avances y colaborar con las autoridades», manifestó.
La norma también obliga a instituciones públicas y privadas que dispongan de información útil a permitir su consulta conforme a la ley.
Entre los datos contemplados figuran registros biométricos, expedientes de hospitales, información de centros de detención, servicios forenses, instituciones de salud y otras bases de datos relevantes.
En caso de incumplimiento injustificado, los servidores públicos podrán incurrir en faltas graves y recibir sanciones administrativas, sin excluir las posibles responsabilidades penales.
Los particulares que se nieguen a proporcionar o actualizar información cuando tengan la obligación legal de hacerlo también podrán ser sancionados.
Asimismo, se considera grave emplear la Plataforma Única de Identidad o los datos obtenidos mediante ella para propósitos distintos de los autorizados.
Los legisladores señalaron que la ley busca garantizar búsquedas inmediatas, coordinadas y especializadas, además de fortalecer la investigación de los delitos vinculados con la desaparición.
La protección de los derechos humanos, la participación de las familias, la colaboración institucional, el acceso a información para identificar personas y la reparación integral de las víctimas forman parte de sus ejes principales.
Ante las advertencias de quienes rechazan el ordenamiento y han anunciado su intención de promover recursos legales para invalidarlo, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, declaró que los diputados no son «todólogos».
Sin embargo, defendió la aprobación de la norma y sostuvo que su contenido puede modificarse para perfeccionarlo.
La legislación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
A partir de ello, la Comisión de Búsqueda tendrá 120 días hábiles para efectuar las adecuaciones al decreto y se contará con 180 días para expedir el reglamento.
El financiamiento público requerido para poner en funcionamiento las disposiciones deberá revisarse en el paquete fiscal de 2027.
