Exige investigación federal, pues es terrorismo al estilo del ETA, al estilo de Colombia, afirma dirigente estatal
El diputado local y dirigente del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Octavio Ocampo Córdova, afirmó que el coche bomba detonado en Coahuayana representa un acto terrorista y urgió que la Fiscalía General de la República (FGR) tome el caso, ante lo que calificó como un escenario de autoridades superadas por el crimen organizado.
El legislador advirtió que este atentado volvió a proyectar a Michoacán en medios nacionales e internacionales, pues la explosión se registró en las instalaciones de la Policía Comunitaria, golpeando directamente la seguridad en la región.
Ocampo Córdova lamentó que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, optaran por minimizar la gravedad del crimen al descartar que se tratara de terrorismo.
“Claro que es un acto terrorista. Yo respeto mucho al fiscal y al secretario, pero yo no comparto que no se le dé la categoría de ser un delito federal por terrorismo. Debe la Fiscalía General de la República atraer este caso, tiene que llevar la investigación y tiene que ser por un acto terrorista. ¿Y entonces cómo se llama eso que se pare un vehículo enfrente de nosotros, que tenga explosivos y que se haga explotar? Pues claro que es terrorismo, al estilo del ETA, al estilo de Colombia. Son actos terroristas”, declaró.
El dirigente perredista enfatizó que el Código Penal establece con claridad los parámetros que definen un acto terrorista, por lo que resulta indispensable reconocer la dimensión del fenómeno de inseguridad que aqueja tanto a Michoacán como al país.
Asimismo, aseguró que desde que tuvo noticia del atentado se comunicó con el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, conocido como El Pay, para expresarle su apoyo.
Señaló que el edil perredista no le reportó amenazas de muerte y que tampoco cuenta con escoltas, pues afirma sentirse seguro en su comunidad.
Finalmente, Ocampo recordó que el ataque constituye un impacto directo contra la vida cotidiana y la paz social de la ciudadanía, así como un golpe al Estado de derecho que no puede ser minimizado.
