Detalló que la averiguación ha sido robusta, con 274 diligencias, 147 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 análisis de datos conservados que han permitido fortalecer la integración de la carpeta
El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, ofreció nuevos detalles sobre la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y desmintió categóricamente la versión de tortura denunciada por uno de los imputados durante la audiencia de vinculación a proceso.
Torres Piña informó que, con base en los datos presentados ante el juez, ocho personas fueron vinculadas a proceso: siete escoltas del edil —por homicidio calificado y lesiones calificadas bajo la modalidad de comisión por omisión— y el presunto autor intelectual, identificado como “El Licenciado”.
Durante la audiencia, la defensa del presunto autor intelectual aseguró que éste había sido víctima de tortura al momento de su detención. Sin embargo, el fiscal aseguró que tales declaraciones “son falsas” y responden a una estrategia legal.
Recordó que el imputado se reservó su declaración al momento de ser detenido, por lo que no hubo ningún contacto que pudiera dar pie a malos tratos. Además, señaló que cuando fue entregado a autoridades del Altiplano, firmó un documento donde manifiesta que no fue golpeado ni torturado, lo que, dijo, está asentado en la carpeta y puede comprobarse.
Torres Piña detalló que la investigación ha sido robusta y continúa abierta, con 274 diligencias, 147 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 análisis de datos conservados que han permitido fortalecer la integración de la carpeta.
A la labor pericial se sumó la colaboración de la Fiscalía de Nuevo León, que envió especialistas en balística, criminalística y reconstrucción de hechos, además de un dictamen reciente proporcionado por la Fiscalía General de la República, integrado hace dos días.
El fiscal adelantó que en próximos días se dará a conocer un informe más extenso sobre los avances del caso.
De acuerdo con las periciales expuestas en audiencia, el agresor de 17 años —identificado como Víctor Manuel— realizó siete disparos, seis de ellos contra el alcalde y uno adicional que lo hirió en el brazo.
Torres Piña explicó que los escoltas enfrentan acusaciones por omitir impedir el ataque, pese a que en tres ocasiones el agresor intentó acercarse al presidente municipal. El fiscal subrayó que el joven no tenía entrenamiento militar o táctico, pero logró vulnerar el perímetro de seguridad mientras se encontraba bajo efectos de drogas.
Sobre el disparo que abatió al agresor, señaló que fue efectuado por uno de los escoltas 15 segundos después y a corta distancia, lo que podría configurar un exceso en el uso de la fuerza. Este punto será integrado en la misma carpeta en los próximos meses.
De los ocho escoltas implicados, siete ya fueron detenidos. El octavo, identificado como José Manuel Jiménez continúa prófugo. La FGE ha solicitado apoyo de autoridades estatales, federales y municipales para dar con su paradero.
Sobre la posible participación de otros actores políticos o criminales, Torres Piña afirmó que la Fiscalía continúa analizando todos los indicios relacionados con la planeación del homicidio.
Señaló que uno de los principales organizadores identificados en la carpeta es Armando N, quien coordinaba acciones con un grupo mediante comunicaciones constantes previo al ataque.
“No vamos a descartar ninguna línea; la carpeta sigue abierta y se investigará todo lo necesario”, afirmó.
Finalmente, el juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En este periodo, la Fiscalía buscará fortalecer los elementos ya presentados y sumar nuevos datos que permitan esclarecer totalmente el caso.
