Si bien era necesaria, la reforma, como está planteada, no garantiza acabar con la corrupción y socava la independencia del Poder Judicial
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha emitido un posicionamiento público este Viernes, donde hace votos para que el Senado de la República, tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se dé el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la Nación, en la discusión de la reforma al Poder Judicial.
Si bien han dicho que la Agenda por la Paz presentada por todos los obispos del país en 2022 a quienes se perfilaban entonces como los candidatos a la Presidencia de la República, integraba un apartado en el que se hacía manifiesto que era necesaria la integración de un sistema judicial que terminara con la corrupción, la actual reforma que se discute en las Cámaras de Congreso de la Unión y que ya aprobaron los diputados sin ningún miramiento, no va apegada ni responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza tampoco una mejor y más cualificada impartición de justicia, sentencian.
Por el contrario, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece la Constitución. Es por ello que los jefes pastorales de todas las diócesis de México piden ahora a los senadores que escuchen el punto de vista de jueces, magistrados y trabajadores como de los ministros. Así como alientan a continuar las reflexiones de los colegios de abogados, de profesores y de estudiantes en las que han coincidido con organismos internacionales, en que el abrir la elección de jueces y magistrados al voto público “además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción impunidad”.
Es por ello que hacen votos para que los senadores tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se den el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores, “más allá de partidismos innecesarios contemplando el bien de la nación, para que avancemos a una reforma integral” que incluya también consultar a las fiscalías, los tribunales locales, el total respeto a la carrera judicial así como a la Justicia Federal “tan necesaria para nuestro país”.
El posicionamiento público va signado en primer lugar por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien es presidente de la Conferencia, por Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de la diócesis de Yucatán, vicepresidente, y por el obispo Ramón Castro Castro, de la diócesis de Cuernavaca, secretario general de la CEM, que agrupa a todos los 90 obispos.