Los ayuntamientos mantienen su autonomía en materia financiera, bajo los mecanismos de control ya existentes
La reciente reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda pública a largo plazo en Michoacán aplica únicamente al Gobierno del Estado y no a los municipios, aclaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario explicó que la modificación aprobada por el Congreso local establece la prohibición exclusivamente para el Ejecutivo estatal, mientras que los ayuntamientos mantienen su autonomía en materia financiera, bajo los mecanismos de control ya existentes.
Detalló que, en el caso de los municipios, la contratación de deuda debe ser aprobada por el Cabildo, posteriormente por el Congreso del Estado y finalmente evaluada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus instancias correspondientes, de esta manera, dijo, se impide el sobreendeudamiento.
Ramírez Bedolla calificó la reforma como un paso “fundamental” para Michoacán y recordó que la entidad se convierte en la segunda del país en establecer esta restricción constitucional, después de Tlaxcala.
Señaló que la medida responde a un reclamo ciudadano frente al endeudamiento excesivo de administraciones pasadas, cuyos compromisos financieros a 20 o 30 años generaron una pesada carga presupuestal que limitó la inversión en infraestructura y desarrollo.
“El gobierno se endeuda y quien termina pagando es el pueblo”, sostuvo el titular del Ejecutivo, al enfatizar que la deuda pública se traduce en altos pagos de intereses que reducen la disponibilidad de recursos para obras y programas sociales.
Finalmente, con esta modificación constitucional, subrayó, ni su gobierno ni las próximas administraciones podrán contratar deuda a largo plazo, lo que obligará a fortalecer la disciplina financiera, mejorar la administración de los recursos y combatir la corrupción para garantizar el desarrollo del estado.
