Negar a los desaparecidos es una ofensa de la 4T a las familias buscadoras: Antonio Carreño Sosa

Si MORENA prefiere que no se les exija, entonces lo que deberían hacer es dejar el gobierno para evitar que se les sigan haciendo preguntas, afirma                          

La falta de recursos para atender a las víctimas y el rechazo a reconocer la crisis de desapariciones agravan la situación que enfrentan las familias buscadoras en Michoacán, advirtió el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa.

El legislador sostuvo que resulta ofensivo que representantes de la Cuarta Transformación reduzcan a las madres y familias buscadoras a una problemática gubernamental y, al mismo tiempo, las señalen por supuestamente sostener un discurso contra los gobiernos obradoristas.

Afirmó que negar la gravedad de las desapariciones bajo el argumento de que se trata de una narrativa de ataque constituye un acto de revictimización contra quienes buscan a sus seres queridos.

Las declaraciones de Carreño Sosa surgieron luego de que la diputada de extracción obradorista Melba Albavera Padilla negara la existencia de una crisis humanitaria en México y Michoacán derivada de las desapariciones forzadas.

La legisladora también expresó su cansancio ante los señalamientos que responsabilizan a los gobiernos de la Cuarta Transformación por este problema.

En respuesta, el diputado emecista indicó que las cifras oficiales apuntan a cerca de 8 mil personas desaparecidas en Michoacán.

Precisó que la crisis se originó en administraciones anteriores, pero continúa vigente bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Ha continuado en Michoacán y, si actualmente se le exige a Morena, es porque actualmente es el partido gobernante. Y si ellos prefieren que no se les exija, entonces lo que deberían hacer es dejar el gobierno para evitar que se les sigan haciendo preguntas”, manifestó.

Carreño Sosa insistió en que reconocer la dimensión del problema es necesario para avanzar hacia su solución.

En ese sentido, planteó que se asignen mayores recursos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pues consideró que el presupuesto público disponible resulta totalmente insuficiente para responder a las necesidades de la entidad.

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