Señaló que la presencia elementos de la GN y el ejército en el municipio ha sido únicamente temporal
Ante los hechos de violencia registrados en Indaparapeo, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo, solicitó la instalación de una base de operaciones permanente con participación de fuerzas federales y estatales, al señalar que la presencia de elementos de seguridad en el municipio ha sido únicamente temporal.
El también diputado local explicó que actualmente existe despliegue del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, sin embargo, los elementos permanecen solamente durante algunas horas y posteriormente se retiran, por lo que consideró necesario establecer una estrategia de vigilancia continua.
Adelantó que realizará una solicitud formal ante el secretario de Seguridad Pública de Michoacán para que se atienda esta situación, especialmente porque algunas comunidades todavía no han recuperado la normalidad tras los enfrentamientos registrados durante los últimos días.
Ocampo también expresó su solidaridad con los habitantes de Indaparapeo y con la familia del regidor que fue asesinado junto con su esposa, al tiempo que exigió a las autoridades esclarecer el crimen y dar con los responsables.
En el ámbito político, el dirigente perredista manifestó su respaldo al presidente municipal Janitzio Zavala Vega, quien también forma parte de las filas del PRD, ante los señalamientos que han surgido en torno a su administración y la situación de inseguridad que enfrenta el municipio.
Consideró que los alcaldes tienen capacidades limitadas para atender por sí solos escenarios de violencia de esta naturaleza y rechazó que se pretenda responsabilizar al edil por circunstancias que requieren la intervención de las autoridades estatales y federales.
Asimismo, señaló que, hasta donde tiene conocimiento, el alcalde no ha recibido amenazas y cuenta con una escolta asignada por la Policía Estatal.
Finalmente, Ocampo hizo un llamado a los actores políticos y representantes populares a conducirse con responsabilidad al difundir información sobre los hechos violentos, pues advirtió que la divulgación de datos no confirmados puede poner en riesgo a los familiares de las víctimas.
Insistió en que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y ofrecer información oficial sobre el caso.
