Coloca en riesgo la justicia, las inversiones y la estabilidad empresarial
La reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado fue duramente cuestionada por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, David Luviano Gómez, quien advirtió que la medida es un retroceso jurídico y económico que coloca en riesgo la justicia, las inversiones y la estabilidad empresarial.
Entre las principales preocupaciones, señaló la incorporación de un artículo transitorio que ordena la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactará directamente en juicios en curso.
Luviano puntualizó que con ello se rompe la certeza jurídica y se vulneran derechos tanto de ciudadanos como de empresas, al tiempo que se mina la confianza en el Estado de Derecho.
“En la sesión plenaria se incorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma. Esto rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como empresas que litigan en defensa de sus derechos”, alertó.
El dirigente empresarial calificó esta postura como un claro ejemplo de cerrazón gubernamental ante las voces sociales y del sector privado, además de que reduce la figura de interés legítimo colectivo. Subrayó que, de mantenerse la reforma en los términos actuales, se interpretará como que los legisladores han decidido colocarse en contra de la justicia y de la inversión nacional.
Añadió que las restricciones impuestas impedirán que muchas empresas continúen operando mientras se resuelven los juicios, lo cual puede traducirse en cierre de negocios, desempleo y un impacto negativo en la economía de miles de familias.
En su balance, consideró que esta reforma no solo limita derechos, sino que también deja sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que han utilizado históricamente el amparo para causas sociales, ambientales y de salud pública.
Por tal motivo, hizo un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que se rectifique y se garantice un marco legal que no ponga en jaque a la productividad del país.
