Denuncian que los legisladores incumplieron su palabra al llevar el dictamen al pleno sin haber abierto antes los canales de diálogo que habían prometido
En un acto de protesta pacífica, integrantes del colectivo Ni Uno Más se pronunciaron este miércoles desde el área de prensa del Congreso michoacano, advirtiendo sobre el riesgo que representan las reformas al Código Penal en materia de apología del delito, impulsadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Con pancartas y mensajes visibles mientras transcurría la lectura de la iniciativa, los periodistas denunciaron que los legisladores incumplieron su palabra al llevar el dictamen al pleno sin haber abierto antes los canales de diálogo que habían prometido.

El gremio alertó, mediante una carta pública difundida el día anterior, que esta modificación representa un golpe frontal a la libertad de prensa, al criminalizar el trabajo informativo y propiciar censura en temas relacionados con hechos delictivos.
“Reiteramos, el contenido de la propuesta de decreto, contiene elementos que consideramos de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán”, advierte el comunicado, que también señala que la reforma pretende invisibilizar el delito mediante la limitación de la cobertura informativa.
A pesar de que el tema no figuraba en el orden del día oficial, los periodistas señalaron que la Comisión de Justicia ya distribuyó el dictamen entre los legisladores.

Por ello, anticiparon que la LXXVI Legislatura podría incorporarlo de último momento para concretar un albazo legislativo.
Los manifestantes expresaron su descontento ante el incumplimiento de acuerdos previos con los congresistas y denunciaron que esto refleja una actitud permisiva hacia la criminalización de periodistas y comunicadores.
“No se respetaron los planteamientos realizados por el gremio, lo que evidencia una postura cómplice frente a la censura y la violencia judicial”, afirmaron.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad en general a unirse a su exigencia, defender el derecho a la información y la libre manifestación de las ideas.
“Esta reforma no solo afecta al gremio periodístico, sino también a toda la población michoacana”, puntualizaron.