Manifestantes señalaron a las autoridades que se mantienen en lucha por el derecho a convivir con sus hijos.
Al grito de “soy papá, no criminal”, decenas de padres de familia —muchos acompañados por sus madres y hermanas— salieron a las calles para exigir que los procesos legales relacionados con custodia y convivencia sean evaluados con perspectiva de infancia y no bajo criterios de género.
La movilización, que también se replicó en distintos puntos de la República mexicana y en 24 países, partió del Palacio Municipal hacia Palacio de Gobierno y posteriormente al Palacio de Justicia, donde los manifestantes entregaron documentos para informar a las autoridades que se mantienen en lucha por el derecho a convivir con sus hijos.
Juan López García, representante del movimiento “Soy papá, no criminal”, explicó que la principal demanda es impulsar una iniciativa de ley que evite que los conflictos entre padres sean resueltos con sesgo de género, privilegiando en cambio el interés superior del menor.
Asimismo, plantearon la necesidad de una legislación equiparable a la de violencia vicaria —actualmente enfocada en proteger a las madres— que también contemple a los hombres como posibles víctimas de estas prácticas, al señalar que existen casos donde, por resentimiento, se influye negativamente en los hijos contra sus padres.
“No queremos que se juzgue con perspectiva de género, queremos que se juzgue con perspectiva de infancia, porque la perspectiva de género tiene un sesgo, al final del día, sea para hombre o para mujer, y en contraparte la perspectiva de infancia no, porque se está protegiendo a las infancias y que sea la prioridad para todos, de gobierno y de sociedad”, señaló.
Los inconformes denunciaron además que existen casos en los que, mediante acusaciones falsas, los padres son separados de sus hijos por periodos de hasta dos o tres años mientras logran demostrar su inocencia, lo que consideraron un uso indebido del sistema de justicia.
En ese sentido, exigieron sanciones contra denuncias no comprobables y propusieron establecer plazos perentorios para acreditar la existencia de violencia, de lo contrario, permitir la convivencia entre padres e hijos.
También acusaron que, en algunos casos, los menores son utilizados como mecanismo de presión económica, condicionando la convivencia al incremento de la pensión alimenticia o pagos adicionales, e incluso restringiendo el contacto cuando los padres rehacen su vida personal.
El movimiento, que en Morelia suma ya mil 500 integrantes en apenas un mes, demandó procesos judiciales ágiles que no obstaculicen la convivencia cotidiana entre padres e hijos, al insistir en que no todos los hombres enfrentan procesos por abandono o conductas delictivas.
