El dictamen con el que se pretende autorizar al gobierno de Michoacán la contratación de deuda pública tiene «vicios» de origen que violan la Constitución, señaló el diputado Alfredo Ramírez y advirtió que si se aprueba nuevo endeudamiento se promovería una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso del Estado.
El legislador de Morena explicó que el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo incluye la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos en la Ley de Ingresos 2020, ya que para ser aprobada esta ley sólo se requiere el voto a favor de mayoría simple; es decir, la mitad de los legisladores presentes más uno.
Sin embargo, advirtió que la propuesta del Ejecutivo estatal transgrede el Artículo 117 de la Constitución mexicana, que dispone: «las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones».
«Los legisladores estamos obligados a velar por la legalidad y ser garantes del Estado de derecho, no para violar la ley y adecuarla a capricho de intereses políticos», sentenció Alfredo Ramírez y pidió a los diputados de la LXXIV Legislatura que sean congruentes con el cargo público que ostentan, y no aprueben esta noche la obtención de más ingresos a través de la contratación de más deuda pública.
Alfredo Ramírez recalcó que la contratación de nueva deuda pública y reestructuración de la ya existente se tiene que someter a votación del pleno en un dictamen distinto, e independiente a la Ley de Ingresos.
Advirtió que si esta noche los diputados votan a favor de la Ley de Ingresos y de la contratación de nueva deuda en un mismo dictamen, Morena promovería una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nuevos impuestos y deuda no resuelven la situación económica de Michoacán
Tras modificar la propuesta del gobierno estatal de crear siete nuevos impuestos, que fueron derogados por los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez se pronunció para evitar afectar a los sectores productivos en el estado con nuevas contribuciones, así como adquirir nueva deuda, al considerar que no es una solución definitiva a la situación financiera de Michoacán.
“Pensamos que la economía no mejorará imponiendo nuevos impuestos a los sectores productivos, como la extracción de minerales y adquiriendo nueva deuda, es momento de que los diputados seamos responsables y tomemos la mejor decisión para nuestro estado, que pensemos en los michoacanos”, señaló.
El Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, indicó que tras analizar en Comisiones la poca viabilidad de establecer seis nuevos impuestos en la Ley de Ingresos del 2020, se determinó presentar ante el pleno únicamente la opción del gravamen por extracción del suelo y subsuelo de materiales, con lo que se pretende recaudar por lo menos 13 mil millones de pesos, pero dejó claro que su postura es en contra de dicha propuesta, luego de considerar que los afectados son los usuarios y uno de los sectores productivos del estado.
“Será en el pleno donde se discuta esta propuesta, creemos que no es la vía, pero será la mayoría de los diputados los que determinen, pero es claro, que este impuesto no resuelve la situación, al contrario, afecta la construcción, la inversión y el crecimiento económico”, expresó.
El diputado local por el distrito 07 con cabecera en Zacapu reiteró su negativa ante la posibilidad de contratar una nueva deuda por más de cuatro mil millones de pesos a pagar en 20 años, por el contrario, expresó su apoyo para reestructurar los 17 mil millones de pesos propuestos por el ejecutivo estatal, ya que representa una oportunidad para mejorar las condiciones jurídicas y financieras actuales.
“Lo hemos dicho, una nueva deuda no es la opción, no podemos respaldar una propuesta que no es viable, pero si vemos con buenos ojos la reestructura de lo que ya se tiene financiado, a fin de cambiar las condiciones actuales y buscar menos intereses y un plazo distinto”, consideró.
Sin embargo, dijo ser consciente de que la decisión está en manos de los diputados locales a quienes llamó a pensar en el estado y no en intereses personales o de partido.
No sólo es ilógico e ilegal contraer nueva deuda, sería inmoral
A unas horas de que el Congreso del Estado sesione para decidir sobre la contratación de una nueva deuda para la entidad equivalente a 4 mil millones de pesos, la diputada Cristina Portillo reiteró su postura en contra de este planteamiento del gobierno estatal. “Me opondré, no solo porque ha sido planteado de una forma irrespetuosa e irresponsable por parte del ejecutivo hacia esta soberanía, sino también porque es un atentado en contra del futuro de los michoacanos en las siguientes dos décadas”, sentenció.
Dijo que con el nuevo endeudamiento, cada michoacano debería 892 pesos adicionales a los 4 mil 500 pesos que ya deben. “Durante veinte años, el Estado tendría que pagar las consecuencias de una decisión que simboliza la frivolidad y la falta de capacidad de un gobierno estatal que le ha dado la espalda a la mayoría de los ciudadanos del Estado”, dijo Portillo Ayala, para quien hay mucho por hacer para incrementar los ingresos del Estado, antes que incrementar la deuda pública.
“No se nos ha dicho con claridad a qué irán destinados los recursos que pedirá prestado el gobierno estatal y la actual administración; en cambio, exige punto y coma en todos los proyectos que los ayuntamientos presentan, a efecto de que les liberen recursos que ya tienen etiquetados. Esto insulta nuestra inteligencia como representantes populares, puesto que prácticamente el gobierno desea un cheque en blanco de nuestra parte”, abundó la legisladora.
Finalmente, Portillo Ayala dijo que está en tela de juicio la legalidad del procedimiento con el cual quieren aprobar el endeudamiento, ya que se quiere omitir la exigencia que contempla la Ley de Deuda Pública según la cual, esta solo se puede adquirir con el voto de dos terceras partes de los diputados. “Si se logra concretar esta ilegalidad, nosotros litigaremos, y dudo que alguna institución financiera quiera prestar dinero al gobierno cuando pende un litigio sobre la legalidad del préstamo”, concluyó la morenista.
Alto a la evasión fiscal; no más condonación de impuestos a grandes empresas
Al aprobar el Congreso de Michoacán reformar el primer párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de eliminar de manera definitiva las condonaciones de impuestos a las grandes empresas de México, el presidente de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura Local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, calificó de positivo y trascendental este acontecimiento.
“Esta disposición presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el primer párrafo del Artículo 28 Constitucional permitirá abrir el criterio en las diferentes entidades federativas para que reincorporen a su normativa la prohibición de las condonaciones para el Titular del Ejecutivo Estatal, e incluso, esta Legislatura ha presentado propuestas en dicho tema, con lo cual hemos entrado ya en su estudio y análisis”, añadió Madriz Estrada.
El legislador por el Distrito XXII con cabecera en Múgica señaló que la reforma se realizó luego de que el Senado de la República enviara al Congreso del Estado una minuta, misma con la que los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales coincidieron en que es imperante un cambio de política fiscal en el país, la cual vaya encaminada con los principios generales en la Carta Magna, dando con ello una certeza en los mecanismos de transparencia y equidad tributaria, toda vez que los beneficios han sido para un pequeño sector de la sociedad, como lo son las grandes empresas.
Madriz Estrada coincidió con el resto de los legisladores michoacanos en el sentido de que con ello se habrá de generar una mayor recaudación y disponibilidad de los recursos, toda vez que, según el dictamen presentado, la reforma al Artículo 28, surge de la distorsión de anteriores administraciones de otorgar condonaciones generalizadas sin que se aplicara un criterio de política fiscal, “lo cual repercute y afecta el interés general de la ciudadanía, y redunda en un desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”, concluyó.
