El diputado Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que en la negociación de deuda pública, y en el diseño del presupuesto 2020, hay una clara motivación político-electoral por parte del Ejecutivo estatal, por lo que debe haber un seguimiento muy puntual del ejercicio de gobierno.
El legislador de Morena señaló que después de haber desmantelado políticas públicas heredadas de gobiernos anteriores, y hasta las creadas en el primer año de su administración, Silvano Aureoles pretende recobrar la aceptación de las y los michoacanos a cualquier costo, aunque para ello tenga que contraer nueva deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos, y poner en riesgo la estabilidad financiera de Michoacán a mediano y largo plazo, ya que dejará comprometido el 98 por ciento de las participaciones federales para el pago a bancos, advirtió.
Alfredo Ramírez advirtió que cuando se abre la llave del presupuesto sin planeación ni control, como ocurrirá con la contratación de nueva deuda, puede dar pauta a prácticas nocivas que a nivel federal se trata de erradicar, como el moche en la asignación de obras y el uso clientelar de los recursos públicos.
El legislador de Morena añadió que en el presupuesto de egresos también se advierte una motivación electoral; por ejemplo, en el aumento de 25 por ciento al presupuesto de la Secretaría de Gobierno.
Cuando tenemos el antecedente de que el Gobernador Silvano Aureoles instruyó al secretario de Gobierno y al dirigente estatal de su partido político para que se coordinen, y bajen apoyos gubernamentales a la estructura del PRD, el incremento de 165 millones de pesos al presupuesto de la dependencia antes referida es más que una casualidad, señaló Ramírez Bedolla.
Finalmente, Alfredo Ramírez insistió en que contar con tanta liquidez en vísperas de un proceso electoral, siempre implica un riesgo de saqueo a los recursos de todas y todos los michoacanos, por lo que convocó a ciudadanos a estar alertas.
El Congreso del Estado invita a la ciudadanía para que participe en la Ley de la CEDH
El pleno de la LXXIV legislatura, aprobó la convocatoria para proponer reformas al Sistema no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos Michoacano, misma que fue presentada por la Comisión de Derechos Humanos.
En ese sentido, dicha convocatoria fue dirigida a la sociead civil, a las Universidades, Organismos Sociales, Colegios de Profesionistas, Clínicas de Litigio Estratégico, Colectivos de Víctimas y a la sociedad en general, bajo los siguientes requisitos: Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; Ser avecindado del Estado de Michoacán; Que la propuesta de reforma se refiera a la legislación del Estado de Michoacán que ampara el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, competencia del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; No estar relacionados con las prohibiciones que señala la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.
Dicha reforma se publicará por un periodo de treinta días naturales en el sitio de internet del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como, de forma continua en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) a cargo del Área de Comunicación Social del mismo Congreso del Estado.
Se informó que una vez concluida la etapa de recepción, iniciará un análisis de cada una de ellas, para determinar su viabilidad y posteriormente deberán emitir un Acuerdo en que, como mínimo indique el número de propuestas presentadas y el sentido de cada una de ellas, es decir, qué articulado se proponía reformar, las instituciones jurídicas que se proponían adicionar y una brevísima descripción de la propuesta en general.
Aunado a ello, deberá señalar si la Comisión Legislativa de Derechos Humanos considera oportuno el presentar propuesta de reforma sobre las referidas o en caso contrario, la razón del por qué no.
Cabe destacar que dicha convocatoria no obliga a la Comisión de Derechos Humanos a presentar como propuesta de reforma ninguno de los planteamientos que le fueren presentados como propuestas, sin embargo, si alguno de los presentadores desea conocer las razones del por qué no se consideró su propuesta para que la Comisión iniciará el trámite Legislativo respectivo, podrá solicitar por escrito se le informe y la Comisión Dictaminadora deberá dar respuesta en un lapso no mayor a treinta días naturales.
