Quienes aparezcan no podrán adoptar animales mientras esté vigente su inscripción
El Congreso del Estado estudia la viabilidad de crear un Registro Estatal de Agresores de Animales como herramienta preventiva, al considerar que la crueldad animal está estrechamente vinculada con otras conductas violentas.
La violencia contra los animales constituye, según la exposición del legislador, una problemática creciente en la entidad.
No se limita a episodios aislados, sino que repercute en la convivencia social, la seguridad pública y el tejido comunitario.
Aunque el maltrato animal ya está tipificado como delito en el Código Penal, el diputado Octavio Ocampo Córdova, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostiene que no existe un mecanismo institucional que permita dar seguimiento a quienes han sido sentenciados, lo que obstaculiza la prevención de la reincidencia y la construcción de políticas públicas sustentadas en datos sistematizados.
La iniciativa con proyecto de decreto plantea adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos, Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán, al Código Penal del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El registro tendría carácter público en su versión general, incluyendo nombre y tipo de delito, pero reservaría los datos sensibles conforme a la legislación de protección de datos personales.
“La creación del Registro Estatal de Agresores de Animales responde a la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y control institucional. Este registro no tiene como finalidad generar estigmatización, sino establecer un instrumento administrativo que permita concentrar información derivada exclusivamente de sentencias firmes por delitos de maltrato o crueldad animal”, señaló.
Además de fortalecer la prevención de la reincidencia, la propuesta contempla contar con información estadística confiable e impedir que personas sentenciadas desempeñen actividades que impliquen manejo o custodia de animales, como parte del reforzamiento de la política pública de bienestar animal.
Asimismo, quienes aparezcan en el registro no podrán adoptar animales mientras esté vigente su inscripción, realizar actividades comerciales relacionadas con animales ni obtener licencias o permisos para criaderos o establecimientos de resguardo.
