Busca dotar a la Auditoría Superior de Michoacán de herramientas para iniciar procedimientos de investigación e interponer denuncias ante la Fiscalía del Estado
El parlamento michoacano analiza modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en la entidad, para eliminar la permisibilidad en el incumplimiento de las normas de los entes obligados y dotar a la Auditoría Superior de Michoacán (AMS) de las herramientas necesarias para iniciar procedimientos de investigación y a la par interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en aras de imponer multas a los servidores públicos que incurran en omisión de información e irregularidades.
La iniciativa con proyecto de decreto, para reformar diversos capítulos del artículo 81 de la citada ley, presentada en la sesión virtual de este miércoles, recuerda la recepción de dos informes generales de la Hacienda Estatal y de las Municipales, trabajos de la ASM que califica como “endebles y carentes de todo tecnicismo”.
Reconoce que, si bien es cierto, que la ley de Fiscalización del Estado mandata la forma de realizar los informes, también ordena a la ASM realizar auditorías de conformidad con Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Rendición de Cuentas.
Sin embargo, añade que de acuerdo a lo marcado en la legislación “no se ve reflejada” una verdadera revisión, de conformidad con las normas establecidas.
La iniciativa presentada por la legisladora priísta, Yarabí Ávila González, señala que los informes presentados por la ASM, “son ambiguos y contradictorios, ya que por un lado los auditores observan las deficiencias e irregularidades de las Unidades Programáticas Presupuestales (UPP) auditadas, especialmente indica que no proporciona documentación y o información que acredite la justificación y su debida autorización.
Asimismo, señala que la ASM, no informa si se ha iniciado investigación o sustanciación de procedimiento administrativo, muchos menos si se ha sancionado algún servidor público por alguna acción u omisión en el cumplimiento de su deber.
“Es por ello necesario reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se estipule con claridad las obligaciones de la Auditoria Superior de Michoacán, como el órgano técnico fiscalizador del Poder legislativo, a fin de que sin dilación, y en obviedad jurídica respetando los términos establecidos en la Ley, de inicio a las investigaciones y sustanciaciones de los procedimientos administrativos sancionatorios en contra de servidores públicos”, manifestó.
Por lo anterior expuesto y fundado, la propuesta obligará a la ASM a presentar la denuncia correspondiente ante la FGE, contra todo servidor público por ser omiso o negarse a entregar la información requerida, a fin de que se inicien los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.
