El objetivo es fichar a personas que hayan sido sentenciadas por delitos sexuales y violencia de género y con ello se evite que los infractores puedan trabajar cerca de menores de edad
La 74 Legislatura analiza modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), para fichar a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos sexuales y violencia de género y con ello se evite que los infractores puedan trabajar cerca de menores de edad y a la par las mujeres se mantengan en alerta.
La iniciativa con proyecto de decreto que propone reformas a los capítulos y adiciones a los artículos de la Ley Orgánica de la FGE, se le dio lectura este martes en la sesión ordinaria virtual de la 74 Legislatura, la cual fue presentada por la legisladora priísta, Yarabí Ávila González, quien brilló por su ausencia, hecho que obligó a uno de sus homólogos a exponerla ante el pleno.
“Los delitos del orden sexual, sin importar sí es pornografía, turismo sexual de personas menores de edad, lenocinio, violación, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, trata de personas y estupro son los que más lastiman y dejan secuelas psicológicas y físicas, sin importar, edad ni sexo”, manifestó.
La propuesta indica que las agresiones sexuales en Michoacán, arrastran cifras alarmantes, ya que, durante el 2020, se registraron un total de 339 violaciones, cifra que representó un aumento de 8 por ciento en comparación con el 2019 y 26 por ciento más que en el resto del país.
Manifiesta que el mayor número de agresiones sexuales, se registró en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora.
Por lo anterior, ante los altos índices de violencia, señaló la necesidad de que se establezca un mecanismo similar al implementado en otros países, para que la FGE cuente con un Registro de Agresores Sexuales y Violencia de Género, de forma que no se permita que los infractores trabajen cerca de menores de edad y la población femenina tome las precauciones pertinentes.
El registro propone la creación de una base de datos, de todo agresor sexual o de género, siempre y cuando este haya sido sentenciado por un juez en la materia, previo juicio, a fin de que no se violenten las garantías individuales de las personas.
Una vez que haya sido sentenciado y condenado, se agregará a una base de datos, que contendrá el nombre completo del victimario, apodo, domicilio, características físicas, información genética o ADN y delitos por los cuáles fue sentenciado, pero no contendrá el nombre de las personas a las que daño, para evitar la revictimización.
De aprobarse la citada propuesta, será la FGE, quien realizará una base de datos de los agresores sexuales y de género, que incluirá a todas aquellas personas que hayan sido condenados por pornografía, turismo sexual de menores de edad, lenocinio, violación, abuso, hostigamiento y acoso sexual, trata de personas, estupro, violencia familiar y feminicidio.
En base a lo anterior, los centros educativos, podrán solicitar una constancia a la FGE, para corroborar que personas que pretenden contratar para laborar, no se encuentran dentro de este padrón de violadores sexuales.
La diputada priísta, brilló por su ausencia en la sesión ordinaria de este martes, sin embargo, varios legisladores pidieron suscribirse en apoyo a la propuesta que fue enviada a la Comisión de Justicia, para su discusión y análisis.
