El Pleno del Congreso del Estado otorgó el “ha lugar” a discusión diversas iniciativas de reforma constitucional en temas como juicio político, fiscalización, así como el establecer algunas atribuciones al Poder Judicial del Estado.
En sesión ordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside al diputada Rosa María de la Torre Torres, e integran Miguel Ángel Villegas Soto, Jeovana Alcántar, Mary Carmen Bernal y Manuel López Meléndez, presentaron ante el Pleno seis dictámenes con diversas iniciativas, la cuales no contravienen a la Carta Magna local, por lo que son admisibles a discusión análisis y dictamen.
Con el propósito de homologar la normativa federal con la local, el Congreso del estado otorgó el “ha lugar” a discusión la iniciativa del diputado Ernesto Núñez Aguilar mediante la cual se reforma artículo 108 de la Constitución Política del Estado, con el fin de señalar a los servidores públicos que pueden ser sujetos a Juicio Político.
Otra de las iniciativas que presentó el legislador Núñez Aguilar se les otorgó el “ha lugar”, mediante la cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Carta Magna local, con el objetivo de establecer que sea el Poder Judicial del Estado, quien conozca y resuelva el conflicto sobre límites territoriales entre dos o más municipios del Estado; en tanto que el Congreso del Estado, reserva para sí, el emitir el Decreto sobre la resolución que pronuncie la Sala respectiva que resuelva.
De igual forma, la propuesta presentada por el diputado Eduardo García Chavira referente a la reforma al artículo 45 constitucional que establece la incorporación de la figura de la Comisión permanente del Congreso del Estado, como un órgano colegiado del mismo, que funciona durante los períodos de receso de la legislatura, misma que a nivel federal ya se encuentra establecida y tiene diversas atribuciones durante dichos periodos.
Se iniciará la discusión análisis y dictamen de la propuesta de reforma a la reforma constitucional de los artículos 105, 108 y 134, que tienen como principal objetivo incorporación de diversos supuestos para la procedencia del juicio político y dotar de atribuciones a la Auditoría Superior del Estado, para presentar denuncias al respecto, contra funcionarios por acciones negligentes en el ejercicio del encargo. Cabe señalar que dicha iniciativa fue presentada por el diputado Roberto Carlos López García.
Asimismo, la propuesta de reforma a los artículos 133 y 134 de la Constitución del Estado presentada por los diputados Yarabí Ávila González y Mario Armando Mendoza Guzmán, la cual propone la modificación en la denominación de la Auditoría Superior del estado, para que en adelante se designe Auditoría Superior de Fiscalización y rendición de Cuentas del Estado, y dotar a este órgano de personalidad jurídica y de plena autonomía técnica, además de plantear la creación del Consejo de Dirección como parte de la Comisión de Vigilancia del propio órgano.
Con el principal objetivo de incorporar a la Constitución local las atribuciones de control constitucional al Poder Judicial del Estado, esto al establecer dos acciones denominadas acciones y controversias constitucionales para garantizar los principios de inviolabilidad y supremacía constitucional, propuesta realizada por la diputada Jeovana Alcántar, la cual será analizada en comisiones para su dictamen.
LA TORTURA ES INADMISIBLE
La tortura no tiene cabida en un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos como el nuestro, sentenció la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.
Por lo anterior, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI presentó la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
La diputada afirmó que la tortura representa un resabio de brutalidad que debe ser erradicado de manera definitiva, sin que valgan para su aplicación razones de seguridad pública o nacional, el combate a la criminalidad o el mantenimiento de la actividad productiva. “Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reitera su respeto hacia los derechos fundamentales de los mexicanos y formula propuestas tendientes a preservarlos”, dijo.
La legisladora por el distrito de La Piedad recordó que en junio de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; una vez expedida la norma general mandatada por la Constitución de la República, lo conducente es armonizar las normas de las entidades federativas y para ello al contenido del artículo tercero transitorio del Decreto del 26 de junio del presente, el cual establece que, en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.
Hernández Íñiguez afirmó que los alcances de tal armonización tienen que ver con la emisión de normas de carácter orgánico, de disposiciones que tiendan a reformar la vida interna de las instituciones del Estado encargadas de prevenir y sancionar la tortura.
Dentro de su propuesta se tiene por objetivo la atribución del Ministerio Público para vigilar el cumplimiento de los deberes que a su cargo establece la legislación general en materia de prevención, investigación y sanción de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como crear en la Procuraduría General de Justicia del Estado una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.
También se señala como una atribución del Procurador General de Justicia del Estado la de coordinar la operación y la administración del Registro Estatal del Delito de Tortura, esto en atención a lo previsto en el artículo 84 de la Ley General, el cual estipula que, en el caso de las Fiscalías de las entidades federativas, éstas instrumentarán su respectivo registro del delito de tortura.
También faculta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los municipios a fin de que apliquen las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y, finalmente, especifica como una atribución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, en términos de lo previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
ESENCIAL LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
Para hacer frente a los problemas por los que atraviesa Michoacán y para construir un mejor Estado, la participación de los jóvenes es esencial, refirió el diputado priísta Wilfrido Lázaro Medina, quien propuso al pleno del Congreso la reforma de diversos artículos del Reglamento para la selección, integración y funcionamiento del Parlamento Juvenil del Estado de Michoacán.
Lázaro Medina afirmó que como diputados deben mejorar la legislación y promover Políticas Públicas que vayan destinadas a los jóvenes e impulsar la participación de este sector como lo fue en su momento la creación del Parlamento Juvenil en 2012, que en sus diversas ediciones ha permitido que la juventud michoacana salga de ese marasmo y se involucre en la solución de los problemas de su entorno.
Entre las modificaciones que propone se encuentra el cambio de nombre de Parlamento Juvenil por el de Congreso Juvenil; además de adicionar en el Reglamento la obligatoriedad de un proceso democrático de elección de la Mesa Directiva del Parlamento Juvenil, para que nunca más sea designado por el Comité Organizador del Parlamento Juvenil, sino electo entre los mismos jóvenes participantes.
El legislador agregó que los dictámenes aprobados del Parlamento o Congreso Juvenil de cada año, o edición, sean vinculados al Congreso del Estado, en el periodo legislativo inmediato a efecto de que sean turnados a Comisiones para su estudio, perfeccionamiento, análisis y dictamen siendo considerados como iniciativa ciudadana.
Dijo que es necesario también el compromiso de seguimiento del Congreso del Estado para que, al menos, en forma bimestral se generen las condiciones logísticas para que se reúnan los jóvenes del Parlamento o Congreso en turno para dar seguimiento a las iniciativas presentadas, mediante el programa “Adopta un Congresista Juvenil”.
Wilfrido Lázaro recordó que en México hay más de 37 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, que representan el 31.4 por ciento de la población nacional; sin embargo el INEGI revela que de los 2.6 millones de desempleados en el país en el primer trimestre de 2016, 41.5 por ciento del total son personas de 20 a 29 años de edad; esta cifra representó la más alta en 11 años, no obstante que en general el país vive una cifra récord de creación de empleo que en este gobierno alcanzó la cifra de 3 millones, nunca antes vista.
Finalmente afirmó que actividades como el Congreso Juvenil coadyuvan a terminar con el desinterés de los jóvenes en la vida política, ya que actualmente el 43.2 por ciento de los jóvenes mexicanos no tienen interés en la política.
BUSCA CONGRESO TIPIFICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA
Con el objetivo primordial que se tipifique y establezca en la Ley General de Delitos Electorales, el delito de violencia política, el Pleno del Poder Legislativo del Estado remitió la propuesta de Acuerdo, mediante la cual se exhorta al Congreso de la Unión a realizar las pertinentes reformas legales.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales contiene la propuesta presentada por la diputada Socorro Quintana, mediante al cual se solicita se legisle en la materia, ya que es competencia de sus homólogos federales, el revisar, estudiar y discutir la propuesta, en relación a sus atribuciones constitucionales.
Los legisladores destacan que hasta el momento no existe este tipo de delito, siendo que la última modificación que realizaron a la ley en mención, fue el 27 de junio de 2014.
Cabe señalar, que el pasado 08 de septiembre de 2017, dio inicio el proceso electoral 2018, por lo cual el Congreso de la Unión tendrá la imposibilidad material para atender el presente exhorto. Sin embargo aún que este Congreso no este legislando, el exhorto al trabajo legislativo en la materia, queda pendiente para su estudio en la sede de la Cámara de diputados federales, al tiempo oportuno.
PRESENTAN INICIATIVA PARA EL DESARROLLO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE GANADEROS
Para fortalecer el desarrollo, protección y seguridad del sector ganadero de Michoacán, la diputada local por el Distrito de Puruándiro, Belinda Iturbide Díaz, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Ganadería del Estado.
La diputada local al hacer uso de la máxima tribuna del estado, plantea en la iniciativa que se prevea en el presupuesto de egresos del gobierno estatal, los recursos suficientes para la implementación, administración y operación del programa de vigilancia y control de movilización pecuaria y combate del delito de abigeato en el estado.
Así también Belinda Iturbide dijo que se incluye por ley la implementación de programas de inspección de ganado en tránsito, para control de la movilización con la finalidad de proteger y mejorar el status zoosanitario y apoyar las acciones en contra del abigeato.
En ese sentido, en la iniciativa se establece el Registro Estatal de Organizaciones Ganaderas, constituidas y autorizadas conforme a la Ley de Organizaciones Ganaderas, su Reglamento y esta Ley, que tengan personalidad jurídica, una vez registradas ostentarán a su favor la representación de los productores pecuarios de la localidad en que operen.
También el promover como apoyar a las organizaciones ganaderas de las diferentes especies registradas, proporcionando los servicios técnicos, estímulos y demás apoyos para el fomento, protección y desarrollo de sus actividades.
La integrante de la Comisión de Desarrollo Rural hizo énfasis en que la propuesta surge de los propios ganaderos que le han externado su preocupación debido a las diversas dificultades que van desde las propios cambios de clima, y problemas sanitarios, hasta los altos costos de producción, esto sin contar el comercio desleal e invasión de productos foráneos, destacó.
En ese sentido, subrayó que se requiere un marco jurídico que sustente, ordene y de seguridad a esta importante actividad económica, con el único objetivo de enfrentar los nuevos retos de la producción, con enfoque al desarrollo y seguridad de la ganadería de nuestro estado.
Establece en la iniciativa las bases de operación del Registro Estatal de la Propiedad Ganadera con recursos económicos y materiales suficientes para la seguridad de su servicio, así como establecer con precisión la documentación única oficial y legalmente autorizada para acreditar la propiedad del ganado como son: El registro de fierros marcas, señales y la patente única de ganadería, La facturación electrónica (CFDI), para la compraventa, con observancia de las normas fiscales del SAT.
Cabe señalar que ganaderos de la región de Puruándiro, asistieron a la sesión a manifestar el respaldo a la propuesta de la diputada Belinda Iturbide quienes celebraron que esta norma se promueva y confiaron en que las comisiones a las que fue turnada para su análisis sea estudiada a la brevedad.
DEBEMOS IMPULSAR LA AGRICULTURA URBANA
“Debe ser un compromiso de todos incentivar la agricultura urbana, utilizando para ello los espacios disponibles en casas o lugares públicos, la producción de alimentos para el autoconsumo, adquiriendo conocimientos de los procesos naturales”, afirmó la diputada Eloísa Berber Zermeño, durante su razonamiento a favor del dictamen mediante el cual se expide la Ley de Agricultura Urbana y Periurbana del Estado de Michoacán de Ocampo.
La diputada priísta por el distrito de Lázaro Cárdenas afirmó que la nueva normativa, que ella propuso hace algunos meses ante el pleno del Congreso, incentiva y garantiza las actividades de agricultura urbana dentro de la ciudad y de sus límites, refiriendo cuales son los sujetos de la Ley, sus modalidades y responsabilidades de todos los participantes.
Recordó que esta ley tiene por objeto el promover y regular la agricultura urbana y periurbana a través políticas públicas que busquen la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos de los cuales se generen productos alimenticios y no alimenticios.
Asimismo, se pretende que exista la posibilidad de acceder a recursos internacionales que potencialicen la restauración del medio ambiente, con la mejora de la infraestructura pública como parte de las acciones a las cuales se deben sumar las autoridades y servidores públicos del Estado.
Además, resaltó que a nivel social tiene beneficios como el autoempleo, disminución de costos de los alimentos, la reducción de la pobreza e incluso se constituye como una propuesta empresarial que genera sostenibilidad alimentaria.
“En los países donde se ha promovido esta actividad han logrado la atención de un amplio sector de la sociedad, siendo motivo de integración para varias generaciones”, dijo Berber Zermeño quien concluyó al decir que la agricultura urbana y periurbana resulta de suma importancia pues sería una manera de vivir, entender y fomentar un modelo de producción, distribución y consumo de los alimentos, respetuosos con la tierra y con las futuras generaciones.
EL SISTEMA PENITENCIARIO DEBERÁ GARANTIZAR REINSERCIÓN SOCIAL
Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, el Congreso local aprobó reformas al artículo 94 de la Constitución Política del Estado.
La reforma impulsada por la diputada Adriana Hernández y dictaminada por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil; Rosa María de la Torre, Miguel Ángel Villegas, Manuel López, Mary Carmen Bernal, Jeovana Alcántar, Wilfrido Lázaro, Juan Figueroa y Roberto Carlos López, establece que el sistema penitenciario deberá organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
De esta manera, los medios para la reinserción social del sentenciado contarán con un sustento constitucional basado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, observando los beneficios previstos por la ley, con el fin de procurar que no vuelvan a delinquir.
El dictamen señala que la adición a la Constitución del Estado, resulta necesaria en atención a una observación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicando que Michoacán tiene un avance del 90.9%, en virtud de que no menciona expresamente en su Constitución el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario.
Concluyendo que resulta necesaria la adición en el artículo 94 de la Constitución del Política del Estado de Michoacán, para establecer los principios generales sobre los que se organizará el sistema penitenciario en la Entidad, para que esté acorde con los principios Constitucionales.
En ese sentido, se armoniza la normativa estatal con las disposiciones generales en la materia, a fin de hacer efectivos, los compromisos que el Estado Mexicano ha suscrito a nivel internacional para hacer accesibles y realizables los derechos humanos de las personas.
SUSTANCIAL LA APORTACIÓN DE LA UMSNH AL DESARROLLO DE MICHOACÁN
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció la aportación de la UMSNH, al desarrollo económico, político, social, artístico y cultural de Michoacán, mediante la formación de profesionistas, académicos e investigadores mundialmente reconocido en diversos ámbitos científicos.
Lo anterior, en el marco de la entrega del grado Doctor Honoris Causa, a los catedráticos Enrique Acha Daza y Diego Valadés Ríos, por sus importantes contribuciones a los estudios de la energía eléctrica, así como al derecho y humanidades, respectivamente.
Al respecto el legislador destacó el papel histórico que la Universidad ha desempeñado en la divulgación del conocimiento y pensamiento científico, que la ha situado como una de las mejores y más importantes del país.
En el evento estuvieron presentes Medardo Serna, Rector de la Máxima Casa de Estudios, así como miembros del Consejo Universitario, investigadores, catedráticos y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
MICHOACANOS CONTARÁN CON VIVIENDAS DIGNAS
Con el propósito de garantizar que los terrenos destinados a la construcción de casas de interés social sean más grandes, el Congreso del Estado aprobó reformas a diversas disposiciones del Código de Desarrollo Urbano.
La reforma impulsada por el diputado Juan Manuel Figueroa Ceja, y dictaminada por los integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano y Obra Pública, de la cual formó parte, así como los legisladores Manuel López, Mary Carmen Bernal, Adriana Campos, Eduardo García, José Jaime Hinojosa y Socorro de la Luz, permitirá garantizar que las familias michoacanas gocen de vivienda digna, decorosa, accesible, de calidad, sustentable, funcional, que dignifique la convivencia familiar y su seguridad.
En ese sentido determina que la construcción de fraccionamientos habitacionales urbanos, de tipo interés social, deberán tener una superficie no menor a 124 metros cuadrados, con frente de 8 metros, cuando se ubiquen en vialidades principales.
Asimismo, deberán tener un mínimo de 7 metros cuadrados de frente y 18 metros de fondo, cuando los terrenos estén ubicados frente a vialidades secundarias.
De igual forma, define los procedimientos para regular los asentamientos humanos en Michoacán, que permita a las familias con mayores necesidades de vivienda tener la certeza jurídica de su propiedad; reordena conceptos en materia de políticas públicas para la vivienda donde se incentiven los bajos costos y la preservación de la vivienda de interés social, así como ampliar la cobertura de los programas sociales preferentemente hacia las zonas marginadas.
Adicionalmente, simplifica la integración de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, reduciendo su composición de 28 a 22 integrantes para abonar a su operatividad.
En tribuna, el diputado Juan Manuel Figueroa Ceja, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, destacó que la reforma permitirá ampliar el espacio destinado a la construcción de casas de interés social, garantizado el acceso a una vivienda digna, ya que actualmente los constructores edifican viviendas en terrenos pequeñas y a un alto costo, que no garantizan su funcionalidad.
Por lo tanto, al ampliar la extensión superficial mínima para la construcción de vivienda de interés social se beneficiará a toda la gente en el estado. Debemos preocuparnos porque los michoacanos tengan una vivienda digna, con esta reforma, las familias tendrán oportunidad de ampliar sus viviendas, y tener una mejor calidad de vida en sus hogares, añadió.
RECONOCEN LABOR DE BOMBEROS Y LLAMA A APROBAR INICIATIVA DE LEY EN FAVOR DE LOS HÉROES ANÓNIMOS
A elevar la calidad de vida de los bomberos en todo el Estado de Michoacán convocó el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo al emitir un posicionamiento en tribuna en el Congreso del Estado para hacer un reconocimiento a los héroes anónimos que apoyaron a las víctimas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año en curso en nuestro país.
Además de reconocer la importante labor que realizan los bomberos, el legislador urgió a que se dictamine la iniciativa de Ley Estatal del Cuerpo de Bomberos del Estado, con la que no sólo se favorece a los bomberos en la entidad, sino también redundará en la calidad de vida de todos los ciudadanos, quienes podrán contar con un servicio actualizado en materia de políticas de información, en especial ante situaciones de emergencias, además de vincularse y articularse con la ciudadanía en forma individual, con poblaciones y comunidades.
Resaltó la gran labor que desempeñan los bomberos para la protección de los ciudadanos, claro ejemplo el apoyo que han brindado tras los sismos registrados y que generaron graves afectaciones en nuestro país.
El diputado local por el Distrito de Zacapu, añadió que dentro de toda esta desgracia se debe reconocer a todos y cada uno de las personas que acudieron al llamado de auxilio de las víctimas y no dudaron en ayudar al pueblo mexicano.
Claro ejemplo, dijo los bomberos voluntarios y rescatistas del estado, que sin ningún tipo de auspicio económico, se lanzaron con equipo especializado, binomios caninos y personal capacitado a salvar vidas con un resultado exitoso.
Juan Pablo Puebla subrayó “héroes anónimos que ante las desgracias siempre están presentes y a quienes debemos dar no solo las gracias, hay que premiarlos con una vida digna y seguridad social, ya que ellos sin dudarlo dan la vida por quien se encuentre en desgracia y lo justo es que más allá del discurso, de los comerciales de envió de víveres que son de nuestros mismos impuestos y más aún la mayoría fueron donados por la ciudadanía”.
En ese contexto, llamó “a dar honor a quien honor merece a nuestros héroes anónimos y para ellos lo justo es que ya se apruebe la iniciativa que está pendiente y que fue suscrita por todos los diputados y con ello regresemos un poco de lo mucho que ellos nos han dado, porque estos hombres y mujeres son parte de la grandeza de Michoacán”.
Dicha iniciativa surgió consciente que Michoacán es un estado expuesto a múltiples amenazas de deslizamientos, inundaciones, sequías, heladas, incendios, tecnológicas y sanitarios, además de las derivadas de actividades con aglomeración o concentración masiva de personas, y la importancia de velar legalmente por aquellos encargados de su atención.
Tras los sismos en días pasados que han cobrado un alto número de pérdidas humanas, y miles de personas heridas con daños físicos y psicológicos e incuantificables daños materiales, se mostró que “no contamos con la atención necesaria ante este tipo de desastres y que pese a que ya se han tenido desafortunadas experiencias, una vez más la ciudadanía acude de manera inmediata al rescate de los más necesitados y las autoridades garantes de la seguridad, brillan por su ausencia en minutos clave para rescatar con vida a los cientos de víctimas que lo perdieron todo”.
PLANTEAN REFORMAS A LEY DE NOTARIADO
Para evitar daños a terceros en el proceso de la adquisición de un bien inmueble, el diputado Francisco Campos Ruiz a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa por la que se agrega un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley del Notariado, con la finalidad de que al momento de que se inicie un trámite, las partes desde la primera visita exhiban el certificado de libertad de gravamen.
El diputado por el Distrito de Coalcomán, puntualizó que es necesario que los Notarios del Estado, tengan la obligación de requerir desde la primera visita que los ciudadanos hagan, el certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes o anotaciones cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite o grave la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos, o que, sin serlo, sea inscribible.
Al hacer uso de la tribuna el diputado local, señaló que existen un gran número de casos en Michoacán en donde la población hace el trámite para la adquisición de un bien inmueble, sin embargo, hay dificultades ya que se hacen pagos y posterior, resulta que no existe la libertad de gravamen y si no existe la voluntad del vendedor, se pierde lo pagado.
Recordó que la figura jurídica del notario, es para dar certeza a las personas sobre los actos jurídicos que realizan y son pasados ante la fe de este profesional del derecho; en consecuencia, “los ciudadanos creemos, que al acudir a solicitar los servicios de un fedatario público, tenemos la total certeza de que cuando acudimos a una notaría para comprar una casa y pagamos el precio al vendedor, podemos salir de la notaría sin ningún documento de compra, pero plenamente seguros de que somos dueños de la vivienda respectiva”.
El diputado local por el Distrito de Coalcomán resaltó “algunos notarios confiando en la buena fe de quienes acuden a solicitar sus servicios a que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite o grave, la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos o que, sin serlo, es inscribible, no toman la previsión de requerir al enajenante el certificado de libertad de gravamen del bien del que se trate, desde la primera ocasión en que las partes acuden a la notaria”.
Detalló que dicha situación que ha provocado que, en ocasiones, ya cuando supuestamente las partes se han puesto de acuerdo, sobre la casa y el precio a vender o enajenar, y han dejado los documentos en la notaria para posteriormente solo acudir a firmar las escrituras; el notario se da cuanta al mandar a sus amanuenses a sacar el certificado de libertad de gravamen respectivo, que, el inmueble está gravado.
Además de que genera problemas para quienes actuaron de buena fe y desconocen sobre procedimientos jurídicos y disposiciones legales, y, por ejemplo, pagan el precio de una compraventa de un inmueble, por creer que el fedatario público ya había revisado los documentos y resulta que el notario no había tenido físicamente en sus manos el certificado de libertad de gravamen, y se ve en la necesidad de informar a las partes que el predio está gravado y en consecuencia el contrato respectivo no se puede formalizar en los términos que las partes ya habían acordado y sobre los que tenían certeza por haber solicitado los servicios de un notario y haber dejado en su poder documentación para la realización de las escrituras.
REFORMA CONSTITUCIONAL GENERA CERTEZA EN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Los diputados del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán y Yarabí Ávila González, celebraron que el Pleno del Congreso del Estado, decretará declarar él ha lugar para admitir a discusión la Iniciativa de decreto para reformar y adicionar artículos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, en donde busca cambiar la denominación de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) y crear la figura del Consejo de Dirección, que será parte de la Comisión Inspectora y que se encargará de evaluar el desempeño del Auditor.
La legisladora y el legislador quienes presentaron esta propuesta, coincidieron en señalar que ahora el siguiente paso será avanzar en la aprobación del dictamen que contribuya a fortalecer la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), misma que juega un papel fundamental en el Sistema Estatal Anticorrupción, recientemente avalado por unanimidad en el Congreso y que deberá operar a partir de enero del 2018.
En este sentido hicieron un llamado respetuoso a los integrantes de la 73 legislatura, a suscribir la propuesta, ya que indicaron que estas reformas tienen como propósito garantizar que la Auditoria Superior de Michoacán realice la fiscalización y los procesos de forma imparcial, competente, objetiva y oportuna.
Además, recordaron plantea crear el Consejo de Dirección, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de la que se propone ahora se llame Auditoria Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, será encargado de auxiliarla en su atribución de evaluar el desempeño de la Auditor Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán.
Los proyectos de reforma a la Constitución refirieron, busca abonar a la transparencia y rendición de cuentas y vigilar que sus servidores públicos se conduzcan en términos de lo que disponga la Ley de Fiscalización Superior y demás legislación aplicable, y proporcionar la defensa jurídica de éstos, cuando el caso lo amerite.
Yarabí Ávila González y Mario Armando Mendoza Guzmán, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, finalmente señalaron que además con esta propuesta se busca que el órgano técnico del Congreso del Estado, que sería nombrada como Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, pero que tenga personalidad jurídica propia, plena autonomía.
APRUEBA CONGRESO EXHORTO PARA TRANSPARENTAR PADRONES DE LA SEE
La diputada del PRI por Morelia Noroeste, Yarabí Ávila González presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que instruya al Secretario de Educación en el Estado a efecto de que entregue a esta Soberanía, los padrones de beneficiarios de uniformes, útiles escolares, zapatos escolares y becas, así como las reglas de operación de dichos programas, justificando la correcta aplicación de las mismas.
El acuerdo que fue aprobado por la mayoría parlamentaria, dijo la diputada surge en un momento en donde resulta impostergable que el secretario, Alberto Frutis Solís cumpla con su compromiso, tal como lo refirió en la comparecencia ante comisiones de estar “enamorado de la transparencia”, y de estar dispuesto a una auditoria pública, en temas como el rezago educativo, infraestructura, adeudos económicos y demás deficiencias administrativas, se aclaren a la ciudadanía.
Durante su intervención en la Tribuna durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, mencionó que es conveniente y necesario transparentar el ejercicio de los recursos destinados al programa de dotación de útiles escolares para alumnos de educación básica, y de esta manera se cumpla con el sentido original de este beneficio.
La diputada tricolor indicó que es ineludible que se instrumenten los mecanismos de participación ciudadana como se señalan en las Reglas de Operación, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 28 de septiembre de 2007, y de esta manera se permita dar cumplimiento inmediato, en el seguimiento y evaluación del Programa de Dotación de Útiles Escolares para alumnos de educación básica en el Estado, y que su entrega sea efectiva también en uniforme, becas y calzado para todos los estudiantes de este nivel educativo de Michoacán.
“No pasa por alto, el que tengamos una gran cantidad de escuelas sin maestros, lo que contrasta con el discurso oficial, en que cada aula un maestro, lo cual es todo lo contrario, muchos niños, pero sin maestro; pues atendiendo a la reingeniería en la Secretaría este Congreso sigue sin conocer a con certeza el número de plazas de docentes en función en todos sus niveles, sin contar con un diagnóstico preciso de su destino y ubicación física, situación que sigue sin ser atendida por la Secretaria”, sentenció la diputada del tricolor, al demandar congruencia en transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente la legisladora del PRI enfatizó que la Secretaría de Educación sigue sin atender las instrucciones giradas desde el Congreso del Estado, no obstante que la Auditoría del Estado, le fue instruido dar seguimiento a dicho programa para que, en ejercicio de sus atribuciones, elaborara un diagnóstico que transparente el número de plazas y recursos estatales en el sector educativo, en todos sus niveles, explicitando su uso, destino y ubicación.
PROPONEN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA REGULAR ACTUACIÓN DE DIPUTADOS
Fue presentada una propuesta de código de conducta ante el pleno del Congreso del Estado para dirigir la actuación de diputados y servidores públicos que laboran en el poder legislativo, debido a que la intención es ofrecer resultados en materia de transparencia y un buen ejercicio público.
“Lamentablemente, este poder es calificado por los ciudadanos, en los últimos lugares de confiabilidad y credibilidad. Al ser el poder legislativo, el creador de las normas, tenemos la obligación no sólo de cumplirlas, sino de ser el ejemplo a seguir”, puntualizó la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, en el marco de la presentación del código de conducta ante el pleno del Congreso del Estado para su aprobación.
Indicó que todos los diputados coinciden en que el mal uso de los recursos públicos, el acoso, la discriminación, la deshonestidad y la falta de respeto hacia el interior del Congreso del Estado, son conductas condenables y que no tienen cabida en el poder legislativo. Si esas conductas, no se especifican en un código interno, resulta difícil su prevención o sanción correspondiente.
Mencionó que la situación no puede persistir más en el Congreso del Estado, ante la exigencia de la sociedad civil de ser más transparentes y conducirse a la altura de las normas, sin interés de colores e ideologías para responder con hechos la confianza de los michoacanos, por lo que confió en que el código de conducta permitirá tener un poder legislativo más operativo, eficiente, con normas éticas claras y con una visión de futuro.
Enfatizó que con el código de conducta ningún servidor público o diputado podrá aceptar beneficios económicos, dádivas, regalos, favores u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros, de cualquier persona u organización a consecuencia del ejercicio de sus funciones; a excepción de aquellos que se otorgan por la costumbre protocolaria oficial, los que se realicen con motivo de amistad, relaciones personales o acontecimientos en los que resulta habitual efectuarlos, y que no supongan la incidencia sobre la voluntad de los legisladores.
Agregó que la Contraloría Interna será la encargada de aplicar las sanciones administrativas, además de recibir quejas y realizar los procesos respectivos de investigación con relación al proceder de los servidores públicos que vayan en contra de lo que establece el código de conducta que fue presentado al pleno del Congreso del Estado.
