De las cuales se espera adquirir hasta mil millones de pesos, para destinarlos a la atención de la contingencia sanitaria
En sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la 74 Legislatura, se autorizó al gobierno del Estado, la desincorporación de 10 bienes inmuebles para rematarlos y pueda adquirir hasta mil millones de pesos, para supuestamente destinarlos a la atención de la contingencia sanitaria.
Fue durante la reunión de las Comisiones Unidas que con cinco votos a favor de los diputados presentes, se autorizó al Ejecutivo, la desincorporación de diversos inmuebles para su posterior enajenación, solicitud que había presentado desde septiembre del año pasado.
Los legisladores justificaron el remate de los inmuebles, ante el endeudamiento que incurrió el Estado en el año 2007 y 2013, que afectaron “considerablemente las finanzas públicas” de la entidad.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, afirmó que los bienes inmuebles de cuales se autorizó su desincorporación, no están destinados en la actualidad al uso o servicio público y serán supuestamente utilizados para mantener un balance presupuestario sostenible y atender la emergencia sanitaria, tanto para la contención del virus, tratamiento y cuidados médicos y la protección del personal del sector salud.
De conformidad con los avalúos de referencia, el importe del valor de los 10 predios asciende a 631 millones 740 mil 765 pesos, pero en subasta, se prevé que el Estado pueda obtener hasta mil millones de pesos.
Los diputados afirmaron que los recursos, serán utilizados preferentemente en la compra de diversos equipos y materiales médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Michoacán.
Tal como pueden ser respiradores mecánicos, googlees médicos de seguridad, guantes, cubrebocas, máscaras quirúrgicas, equipo de laboratorio para realizar pruebas de detección de la enfermedad, gorros quirúrgicos, batas de laboratorio, alcohol, gel antibacterial y todos aquellos insumos y equipos que se consideren de vital importancia para atender la enfermedad en los hospitales y clínicas públicas del Estado.
