Se cobrará el servicio de “urgente” con un doble costo, “extra urgente” con triple cuota, mismo que sí se colectaba, pero por parte de los trabajadores de la institución
Durante la sesión extraordinaria de este martes, el parlamento michoacano aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda para evitar el coyotaje, desviación de recursos o corrupción al interior del Registro Público de la Propiedad.
Fue por unanimidad, que se aprobó el dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 114 de la Ley de Hacienda de Michoacán, que tiene como finalidad eliminar la corrupción en el pago de los derechos por la prestación de los servicios que brinda la institución.
Ya que, a partir de su publicación, se cobrará el servicio de “urgente” con un doble costo, “extra urgente” con triple cuota, mismo que sí se colectaba, pero por parte de los trabajadores de la institución, incurriendo en actos de corrupción.
Es decir, al momento que un ciudadano solicitaba con urgencia los servicios, los trabajadores ofrecían la pronta expedición de los documentos, cobrando una cuota que iba directamente a sus bolsillos.
Pero a partir de esta ley, el trámite se legalizará, por lo que el dinero irá a las arcas públicas estatales y no al bolsillo de los trabajadores que aprovechan su cargo para desviar recursos a sus bolsillos.
También durante la sesión extraordinaria presencial, fueron aprobadas reformas, a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán, para institucionalizar un Programa Estatal de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus Familias.
El cual faculta a la Dirección del Trabajo y Previsión Social, para que realice de manera permanente supervisiones e inspecciones para que el productor agrícola garantice a los jornaleros condiciones mínimas laborales, además se les apoyará en la obtención y regularización de documentos de identidad, ante el Registro Civil y otras instancias que les permite tener identidad y certeza jurídica.
Mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de sus visitadurías regionales, vigilará permanentemente el respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas, brindando asesoría gratuita y atendiendo cualquier queja de violación a los mismos.
El dictamen señala que la Encuesta Intercensal de 2015, contabilizó 3 millones 600 mil jornaleros agrícolas; en Michoacán existen 420 mil personas distribuidas en 53 municipios dedicados a cultivos comerciales, principalmente de exportación.
Manifiesta que más del 40 por ciento, de los jornaleros agrícolas tiene un nivel escolar de primaria, trabajan más de 48 horas por semana y ganan aproximadamente menos de 17 pesos por hora laborada.
El 92 por ciento, no tiene un servicio de salud, el 89 por ciento no tiene prestaciones y el 94 por ciento, no tiene un contrato por su labor.
Según datos del INEGI, casi el 21 por ciento, del total de la población ocupada en Michoacán, es un trabajador agrícola, es decir más del doble de lo que contempla la media nacional para este rubro; y más de 60 mil niños menores a 12 años se dedican a ser jornaleros.
Michoacán se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional, en lo que respecta a la presencia de jornaleros agrícolas, además se estima que alrededor de 50 mil niños laboran en los cultivos.
