Las y los diputados integrantes de la LXXIV legislatura aprobaron el proyecto de acuerdo que contiene la convocatoria pública, las bases y especificaciones para la elección y designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que el periodo del actual Ombudsman concluye el próximo 8 de diciembre.
En el proyecto de acuerdo se establece que quien sea designado como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durará en su encargo un periodo de cuatro años, en los que su principal obligación será la de velar por los derechos humanos de las y los michoacanos sin distinción alguna.
De esta forma es que la LXXIV legislatura del Congreso del Estado convoca a la sociedad civil, a las universidades, organismos sociales, colegios de profesionistas y a la sociedad en general, a proponer aspirantes para la elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso del Estado, establecieron una ruta crítica para la elección y designación del próximo Ombudsman michoacano, en donde se pueda elegir el día 4 de diciembre y que sea el próximo 9 de diciembre cuando entre en funciones como nuevo presidente de la CEDH.
Improcedente denuncia de juicio político contra funcionarios, ex diputados y diputados de la Comisión Inspectora de la ASM
Con 25 votos a favor se aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara improcedente la denuncia de juicio político promovido por diversos ciudadanos en contra del secretario de finanzas y administración y/o el titular del Comité de Adquisiciones, ambos del Poder Ejecutivo del estado, así como contra las y los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la ASM tanto de la LXXIII y la LXXIV legislaturas.
Dicha denuncia de juicio político en contra el Secretario de finanzas y administración del Gobierno de Michoacán y/o el titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y de los diputados integrantes de la comisión inspectora del Congreso del Estado de Michoacán de la LXXIII y la LXXIV legislaturas y/o quienes resulten responsables, fue presentada el pasado 12 de septiembre por parte de los ciudadanos, Saúl Mora Padilla, Lourdes Patricia Galeazzi Tornel y Dalila Campos Pineda, misma que fue ratificada el 13 del mismo mes.
Luego de un análisis profundo por parte de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, se declaró improcedente dicha denuncia, derivado de que contaba con diversas inconsistencias para poderla declarar procedente.
De esta forma es que se dejan a salvo los derechos de las y los denunciantes, a fin de que pueda ejercer su derecho ante la autoridad competente.
Voz ciudadana fundamental para el pleno ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas
La opinión de los ciudadanos siempre será fundamental y sus observaciones contribuyen a un sano ejercicio democrático, que permite un pleno ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, aseveró la diputada por el PRI en el Congreso del Estado, Yarabí Ávila González, en referencia a la petición de juicio político respecto a la Auditoría Forense ordenada desde la 73 Legislatura a la cuenta Cargos por Aplicar.
La legisladora se dijo respetuosa de las decisiones que se asuman dentro del Pleno sus compañeros de la 74 Legislatura, sin embargo, mostró total apertura para resolver las dudas de los ciudadanos, esto al señalar que se cuenta con toda la documentación que establece las acciones que se efectuaron por parte de la comisión que encabezó, para garantizar que llegará a buen puerto esta auditoría, e incluso se alzó la voz cuando la licitación no se apegó a lo establecido por el Congreso del Estado.
Al exponer que fue quien propuso e impulsó realizar la auditoría forense en la pasada Legislatura, Ávila González refrendó su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, esto al mencionar cuando se le dio la oportunidad de presidir de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), siempre defendió con argumentos legales la necesidad de efectuar esta auditoría realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas.
La Auditoría Forense, dijo la diputada tricolor, tenía como finalidad esclarecer en este caso y en la cuenta cargos por aplicar, las dudas que se quedan en torno al destino que tuvieron los recursos públicos que se han adquirido por medio de la contratación de diversos créditos, por parte del Gobierno Estatal actual y de anteriores administraciones y su manejo, y a dónde se destinaron.
“Siempre se priorizo profundizar sobre el destino que han tenido los recursos que en los últimos años se han ejercido en Michoacán, es un acto de transparencia y de rendición de cuentas, y un tema pendiente con los ciudadanos”, afirmó la diputada, al señalar que se efectuó un esfuerzo sin precedentes para garantizar la transparencia y evaluar la correcta utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de los que ha hecho uso el Gobierno Estatal.
Lamentó que los resultados obtenidos no satisficiera todas las dudas en torno al destino que tuvieron los recursos públicos que se han adquirido por medio de la contratación de diversos créditos, en esta cuenta de cargos por aplicar, pero confió que existan más voces que se sumen como la de los ciudadanos que han pedido clarificar estos hechos, para que no queden en el olvido.
La legisladora tricolor confió que la Auditoría Forense sea un instrumento más usado por las áreas fiscalizadoras, pues este es un proceso integral de revisión que permite no solo establecer los actos de corrupción, sino también dar con los responsables, esto debido a que el equipo que analiza cada una de las áreas, es un grupo multidisciplinario que aborda con un enfoque integral la investigación.
Plantean garantizar participación de las y los michoacanos en Plan de Desarrollo Integral
Para que en Michoacán el Plan de Desarrollo Integral sea efectivo y un instrumento de vinculación entre la actividad gubernamental y sociedad, en el que todos los sectores sociales participen en su conformación, el diputado Humberto González Villagómez presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación del Estado.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna de Michoacán, refirió que las reformas que propone son para que se garantice la participación de la sociedad en la elaboración de este plan y que el Instituto de Planeación del Estado, por Ley esté obligado a publicar los resultados que se están obteniendo, así como vigilar su cumplimiento.
Aunado a ello, el legislador detalló que se busca que el instituto en mención, publique los resultados y que se establezca también que este Plan, esté apegado a las políticas públicas ambientales establecidas en la agenda 2030.
Humberto González expresó que la propuesta es con la finalidad de implementar una institución con tintes deliberativos y de participación, que procura incluir la garantía de máxima publicidad para que se puedan revisar los resultados obtenidos en la aplicación del Plan, y que exista una obligación de publicitar dichos resultados en pleno, apego a los derechos de transparencia y de rendición de cuentas.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado expuso que la adición a la Ley de Planeación al Instituto, busca salvaguardar los esfuerzos realizados en la creación de dicha paraestatal, su ya creada Unidad Programática Presupuestal no implica una carga administrativa sobre el Poder Ejecutivo, pues para el caso concreto, la institución ya tuvo para su ejercicio anual 2019 una asignación presupuestal.
Sin embargo, dijo, con la actividad regular del estado, su permanencia requiere que el rango sea elevado al de ser una institución constituida con la fuerza de la Ley. Que permanezca más allá de la transición del poder, con miras a que las estrategias de larga duración a que se ve obligado a realizar, perduren más allá de cualquier interés transitorio.
Además que como producto público, el Plan Estatal de Desarrollo se vuelve un documento coercitivo, importante al grado de contener los objetivos, estrategias, acciones prioritarias y metas planteadas a largo plazo para lograr los objetivos generales de la Ley.
“Conociendo el lugar en que se encuentra dicho Instituto, la presente reforma busca incluir como parámetro de regularidad de la actividad gubernamental que los objetivos del Estado para que se adecúen a una perspectiva global, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y el cuidado al medio ambiente”.
Recordó que con la adopción internacional desde 2015 de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La integración de dichos objetivos se orienta a la procuración del equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
“La búsqueda del equilibrio depende absolutamente de la intervención de todos los actores que integran nuestra sociedad, y es así, que desde las instituciones creadas para la elaboración de un Plan Estatal deben garantizarse la participación de todos los sectores. Seamos un gobierno abierto, por personas y para ellas”.
Por ello, convocó al trabajo conjunto a los diversos sectores del estado, público, privado, académico y social, “juntos podemos constituirnos en garantes del equilibrio en la actividad del Estado. Su voz, como la de nosotros desde esta tribuna, reflejan un contexto, pero es necesario que dicha voz se traduzca en resultados, y es en esa parte donde debemos crear las plataformas que permitan que lo dicho se transforme en parámetros exigibles”, finalizó.
Necesario definir los delitos sexuales para evitar ambigüedades en impartición de justicia
Es necesario definir los actos sexuales tipificados en nuestro Código Penal, pues de no hacerlo, esto puede prestarse para ambigüedades y confusiones que impidan el castigo del o los culpables o que encuadren su conducta dentro de un delito de menor penalidad, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Desde la Máxima Tribuna del Estado, al presentar una iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado, la legisladora señaló que ha habido funcionarios públicos que valiéndose de su posición, han incurrido en la comisión de delitos contra la libertad sexual, por ello su propuesta plantea la posibilidad de que una vez comprobada su responsabilidad, dichos funcionarios sean destituidos de sus cargos e inhabilitados para ocupar cualquier otro cargo público.
“De igual manera, resulta necesario señalar de manera adecuada la edad de las posibles víctimas de estupro, abuso sexual o violación equiparada, pues es inconcebible que el victimario de un o una menor que no ha cumplido al menos los quince años de edad, no sea juzgado en apego al daño físico y emocional causado a la víctima”.
La iniciativa presentada por la diputada propone reformar entre otros el artículo 164 del Código Penal en donde se tipifica la violación, para que éste establezca: “A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula con otra persona de cualquier sexo, o introduzca por vía vaginal, bucal o anal cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinto al pene, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a treinta años de prisión”.
Lucila Martínez Manríquez citó datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que señalan que nueve de cada diez agredidas son mujeres, y el 40 por ciento son menores de 15 años; así mismo se sabe que de los abusos perpetrados, nueve de cada diez fueron cometidos por hombres, y el 70 por ciento sucedió en el hogar de la víctima.
“Estos aberrantes actos son una de las formas de violencia más humillantes, infames y degradantes, pues afectan contra la dignidad de las personas, su vida, relaciones y familia; y los daños van más allá, pues una vejación de este tipo, deja huellas físicas y psicológicas de efectos devastadores tanto para las víctimas como para su círculo de familia y amigos”.
Refirió que durante 2018, el 90% de las víctimas de delitos sexuales en México fueron mujeres. Según datos del INEGI, hasta el mes de agosto de 2018 este tipo de delitos sumaban 4.4 millones de mujeres de 15 y más años que vivieron incidentes de violencia contra la libertad sexual durante su infancia. Esta cifra ha crecido en un 20% durante el primer semestre del 2019.
En este mismo sentido, en la tribuna del Congreso del Estado, puntualizó que esta tasa es igual de desalentadora para las víctimas menores de 15 años, ya que según datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año, en donde por desgracia, en la mayor parte de los casos el agresor es un familiar o amigo muy cercano a este círculo.
“Esta penosa clasificación generó que el H. Congreso de la Unión declarara el día 19 de noviembre de cada año como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, según los datos obtenidos por la Unicef se estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional”.
Por ello, recalcó que es obligación de los legisladores velar por tener un marco normativo actualizado conforme a las leyes superiores y las recomendaciones de los organismos internacionales, pues es preciso reconocer que las sanciones que actualmente impone el Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, no están armonizadas con la realidad actual ni con el Código Penal Federal.
Además recordó que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en noviembre pasado hizo un llamado al Estado Mexicano, a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en su conjunto, a seguir comprometiéndose y sumar esfuerzos para implementar acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres y niñas, pues en nuestro país al menos el 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Privilegiar el profesionalismo en el nombramiento de contralores municipales
“Debemos privilegiar el profesionalismo en los nombramientos de los Contralores Municipales, de manera en que tales cargos recaigan en responsables preparados en la academia y en la práctica”, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador presentó este jueves una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal con la intención de que se establezca como requisito para la designación de los contralores municipales, que éstos sean profesionistas con título legalmente expedido por Institución Educativa con validez oficial, con una antigüedad mínima a 5 cinco años en las áreas contables, jurídicas, económicas o administrativas.
Al exponer las razones de su propuesta en la Máxima Tribuna del Estado, el legislador lamentó que los antecedentes de la función de los contralores municipales, haya dejado mucho que desear debido sustancialmente a que, en el nombramiento de éstos, se aparta del principio de imparcialidad, ya que como sabemos, es el propio cuerpo edilicio del cabildo, quien aprueba su designación.
“Transcurren periodos constitucionales de gobierno municipal, y no existen cuentas claras por parte de las contralorías municipales, antes bien, se dan conflictos en el ejercicio del cargo, respecto a las dependencias que son supervisadas, tal es el caso con las respectivas tesorerías municipales, que en gran parte impiden el debido conocimiento y entrega de información que sea suficiente para deliberar y en su caso, solventar observaciones financieras”.
Antonio Soto Sánchez aseguró que usualmente ocurre, que los alcaldes proponen a los integrantes de los ayuntamientos, un contralor a modo, omitiendo observar los requisitos de fondo, en cuanto a su elegibilidad, dando importancia a la amistad y compromiso político para en un futuro inmediato, eludir responsabilidades administrativas, bajo la complicidad de los órganos internos de control municipal.
Refirió la importancia de que prospere dicha reforma, con la que también se abona al combate a la corrupción, pues se garantiza que quienes ocupen el cargo de contralor cuenten con el perfil idóneo para investigar la correcta aplicación de los recursos.
Recalcó que un problema que se vive y ha sido expuesto, son los llamados “moches” o “diezmos”, lo cual pese a que los municipios tienen un contralor, no se investiga o sanciona, lo cual debe ser erradicado, por lo que garantizar la profesionalización de los que ocupan dicho cargo, abona a una mayor vigilancia, transparencia y combate a la corrupción.
Proponen liberar servicio social a jóvenes plantando árboles
Para generar un beneficio directo al medio ambiente de nuestro estado y forjar una nueva cultura desde los jóvenes, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, ha propuesto que los estudiantes del nivel educativo superior puedan liberar su servicio social a través de la plantación de diez árboles durante su periodo de clases.
Ernesto Núñez recordó las graves consecuencias en la entidad por la tala clandestina y el cambio de uso de suelo de manera irresponsable, cuyas consecuencias son latentes debido a la alteración de ciclos de recarga de los mantos friáticos, pérdida de la biodiversidad, erosión de los suelos y el cambio climático.
El líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde calculó que por los 113 mil 262 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2018-2019 plantaran diez árboles, se tendrían alrededor de un millón 131 mil 620 nuevas especies que reforestarían más de un mil hectáreas al año.
“Con esta iniciativa ayudamos directamente a nuestro estado, teniendo un impacto positivo en el medio ambiente, generando la cultura de la reforestación y cuidado del medio ambiente, además sembramos la semilla en los jóvenes sobre tener áreas forestales. Estoy seguro se sumarán los jóvenes”, subrayó.
En su propuesta de reforma a la Ley para el Ejercicio Profesional del Michoacán, Núñez Aguilar expone que para liberar el servicio social, quien lo preste, deberá comprobar mediante una bitácora los lugares donde sembró sus árboles, y para su validez deberán haberse plantado en terrenos forestales, áreas estatales naturales protegidas, zonas destinadas voluntariamente a la conservación, y sitios adecuados al beneficio de la naturaleza y medio ambiente, definidos por la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).
Convencido en que las nuevas generaciones de jóvenes son mucho más conscientes de la pérdida de áreas forestales por la deforestación y el cambio del uso de suelo, afirmó es momento de responsabilizarnos y ejercer acciones positivas con el medio ambiente.
Proponen equidad de género en la UMSNH
Con la finalidad de garantizar la paridad de género en todos los órganos de gobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el diputado Oscar Escobar Ledesma presentó Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Orgánica de la casa de Hidalgo.
El legislador albiazul indicó que ante la aprobación en el Congreso Federal de una reforma constitucional para garantizar la equidad de género, que abarca a órganos autónomos, en Michoacán se debe armonizar.
«Recientemente se aprobó por el Congreso de la Unión la reforma y adición a diversos artículos (2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la cual lleva por nombre “Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado”, esto con el objetivo de dar ese paso firme e histórico, lo que representa un avance sin duda alguna. Con esta reforma Constitucional, se obliga al Poder Judicial, órganos autónomos y gabinetes de los gobiernos Federal y Local, a establecer la paridad de género en su conformación».
Escobar Ledesma lamentó que el pasado 24 de junio, el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios nombró a 8 directores provisionales de diversas facultades, de los cuales sólo 3 son mujeres, por lo que urgió armonizar la legislación a nivel federal.
«Resulta necesario adecuar su Ley Orgánica para que en sus órganos que constituyen el gobierno de la mencionada Universidad, se garantice la participación de las mujeres en la toma decisiones de ese órgano autónomo, y que mejor lugar que en la Universidad pública de nuestro Estado, un lugar donde se forman a tantos estudiantes y profesionistas con ideas libres y universales».
Apuntó que al reformar la Ley Orgánica no se viola la autonomía universitaria, debido a que se trata de armonizar lo que ya se encuentra en la Constitución Política de México y es una facultad de los diputados regular las normatividades de municipios, Estado y UMSNH.
El diputado Oscar Escobar aseguró que al garantizar la equidad de género y los derechos de la mujer no hay espacio para disgustos o molestias, debido a que se debe asegurar una alta representatividad en los órganos internos y la UMSNH será ejemplo en el tema.
Para garantizar combate a la corrupción eficaz, proponen reformar Ley de Responsabilidades
Con el objetivo de fortalecer la eficacia de la norma jurídica en el combate a la corrupción y otorgar mayores herramientas a los operadores jurídicos para obtener resultados efectivos, la diputada Miriam Tinoco Soto presentó una iniciativa para reformar la fracción primera del Artículo 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, para la substanciación.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado, la legisladora expuso que, es necesario garantizar la efectividad de la norma como pieza fundamental del combate a la corrupción.
Si bien reconoció que la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción es la ruta correcta que ha seguido el Estado Mexicano para construir un sistema que permita un proceso que lleve por sí mismo a judicializar las faltas graves o de particulares, que permita que las resoluciones a los casos ya no sean investigadas y dictadas por una sola autoridad, construyendo una red de unidades administrativas en materia de responsabilidades, resulta necesario que se siga garantizando la eficiencia de la norma jurídica.
En Michoacán, dijo que a la fecha, ni la Auditoría Superior de Michoacán, o algún órgano de control interno han realizado un proceso administrativo de responsabilidades en términos de la propia Ley, a pesar de que ya tiene dos años de su entrada en vigor.
“Sin embargo, por la experiencia del propio organismo fiscalizador superior, sería inatendible para las autoridades substanciadoras, remitir en tres días hábiles a la resolutora los autos que se integran a partir de la audiencia inicial, que incluye el informe de presuntas responsabilidades, lo que exprese en su defensa el servidor público o particular, las pruebas que exhiba, las que invariablemente incluirán las auditorías realizadas y de donde derivan las presuntas faltas graves”.
Aunado a lo anterior, también lo que sea para acreditar la nulidad de las mismas o para reclasificar las presuntas faltas de grave a no grave, es decir, implicaría copiar, foliar, sellar y rubricar miles de documentos, pues la auditoría no implica sólo sus resultados, sino los papeles de trabajo, las solicitudes, respuestas, información entregada, comprobaciones financieras expedientes técnicos entre muchos otros, y ello sin mencionar que pueden presentarse simultáneamente.
La reforma que se propone, recalcó Miriam Tinoco que es necesaria, ya que el incumplimiento de tal término o de la forma de presentación pudiera acarrear la nulidad lisa y llana de las actuaciones, y entonces hacer nulo el propósito que la ley persigue, pues impide no solo su eficacia sino incluso su aplicación.
Sostuvo que si bien, el procedimiento administrativo de responsabilidades se ha transformado, actualmente, comienza con posterioridad a la etapa de investigación en donde se emite un informe de presunta responsabilidad administrativa, en donde se señala la presunta falta administrativa y si se considera grave o no, fundándola y motivándola, correspondiendo a partir de ahí a la autoridad substanciadora iniciar dicho proceso mediante una audiencia.
El modelo procesal es multi-instancial, es decir, dentro del mismo procedimiento, asimilado a juicio, intervienen dos autoridades, la substanciadora y la resolutora, en los casos no graves, la autoridad resolutora serán los órganos de control interno, pero el desahogo de las actuaciones se realiza en la autoridad substanciadora, de las pruebas y alegatos, para a partir de ahí, enviar a los mencionados órganos, a efecto de que ellos dicten la sentencia y la hagan valer.
En el caso de las faltas graves o de particulares el desarrollo procesal de la autoridades substanciadoras es aún menor, recalcó Miriam Tinoco, al explicar que los mismos se efectúa solamente al desahogo de la audiencia inicial, y deben remitirse dentro de tres días hábiles a la autoridad resolutora que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
La legisladora local recordó que el artículo 200 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo señala que “los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los procedimientos conforme a las siguientes reglas, como lo es que todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden progresivo.
Gobierno no puede soslayar consecuencias de enfermedades mentales
Derivado que durante la temporada invernal, los casos de suicidio y depresión aumentan tres veces, según estadísticas de especialistas en la materia, el diputado ciudadano, Javier Paredes Andrade, exhortó al titular del Poder Ejecutivo en el Estado, para que brinde una adecuada atención a los pacientes con trastornos mentales e implemente un modelo de salud eficiente.
Fue durante la sesión ordinaria, que el legislador único por Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor de que en el diseño del Presupuesto de Egresos de Michoacán, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, se destine una partida presupuestal como lo señala el Artículo 79 de la Ley de Salud Mental.
Paredes Andrade manifestó que la problemática de enfermedades mentales no se puede soslayar, ante el constante aumento de suicidios, principalmente en esta temporada, debido a que las fiestas decembrinas y el inicio de un nuevo año, puede en ocasiones convertirse en periodos dolorosos para las personas, que no lograron sus expectativas planteadas.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el representante popular, consideró urgente y necesario que se incluya dentro del Ejercicio fiscal 2020, recursos suficientes para el Hospital Psiquiátrico de Morelia y con ello se brinde una adecuada atención para pacientes con trastorno mentales y los michoacanos alcancen un estado de bienestar, con un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos, conductuales, con el desarrollo y a la par el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
La Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, centrará este año, sus jornadas, en la prevención del suicidio, circunstancia que ha escalado en nuestro País y Entidad.
Sin embargo, lamentó que en muchas ocasiones la salud mental de las personas, no se toma con la debida importancia, debido a que el padecimiento no es físico, sino conductual y los enfermos enfrentan el padecimiento alejados de la sociedad.
La salud mental es un aspecto multifactorial y se determina por diversas causas sociales, psicológicas y biológicas; influyen las presiones socioeconómicas, pobreza, cambios sociales rápidos, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión social, modos de vida poco saludables, violencia, mala salud física y las violaciones de los derechos humanos, entre otros.
Paredes Andrade, lamentó que durante la época invernal aumenten los trastornos emocionales como la depresión, por lo que consideró indispensable el apoyo familiar y el afecto como una de las formas más efectivas de prevención de la salud mental, el cual consideró debe ir acompañado de programas gubernamentales, que brinden atención al igual que cualquier otra enfermedad.
“En todo el mundo, las personas con trastornos de salud mental están expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia, la estigmatización que afrontan genera que se las margine socialmente y no se les dispensen la atención ni los servicios ni el apoyo que necesitan para desarrollar una vida plena en la comunidad”, señaló el diputado ciudadano.
Lamentó que poco o nada se habla de los derechos humanos en las instituciones de salud mental, menos se conoce de los medios para evaluar la calidad de la atención y la situación en lo concerniente de tratos inhumanos o degradantes, de condiciones de estancia inadecuadas, en síntesis violaciones de los derechos humanos.
Y recalcó que los servicios de salud mental que ofrecen en el país se deben vincular con apoyos comunitarios que permitan a las personas con trastornos de salud mental disfrutar de oportunidades de educación, empleo y servicios sociales y de vivienda en pie de igualdad con las demás personas.
Presentan reformas para que el Congreso sea un parlamento abierto y transparente a la sociedad
Para garantizar que en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado se garantice la protección al derecho de acceso a la información y la transparencia, el diputado local Octavio Ocampo Córdova, presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura local una iniciativa de reformas, en materia de parlamento abierto.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Estado, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, explicó que en la Constitución Local existe la protección del derecho de acceso a la información y se cuenta con un organismo constitucionalmente autónomo que, como tarea principal, garantiza el acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, aunado a la perfecta correlación con lo señalado en el Artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo establecido en la norma local en la materia; no obstante, dijo ser necesario establecer, en la norma que rige al Congreso, que se avance de la misma forma.
El diputado por el Distrito de Huetamo dejó claro que esta propuesta es fundamental para perfeccionar y garantizar el acceso a la información y transparencia, al establecer que, desde la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se cumpla con las especificaciones y obligaciones dispuestas en la normativa descrita.
Esta reforma, resaltó, es relevante para el impulso de acciones entre la ciudadanía y Congreso, con la finalidad que todo el proceso legislativo tenga participación de la sociedad y, sobretodo, garantice la transparencia y rendición de cuentas.
Destacó que el Congreso del Estado debe dar pasos firmes en materia de transparencia y ser un parlamento abierto y cercano a la sociedad, cumpliendo con lo dispuesto en las normas y adecuando la legislación que rige al Poder Legislativo.
Tanto la Constitución como la legislación estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen las obligaciones específicas para avanzar en este tema.
Por ello, Octavio Ocampo propone cumplir cabalmente con lo establecido y ser un parlamento abierto, para que con estas reformas se establezca la transparencia en los recursos públicos de este Poder, y garantizar se difundan las comparecencias y designaciones.
Tal como, transparentar todo contrato del personal del Poder Legislativo, en los que se debe establecer desde la vigencia hasta los montos, además de publicar el trabajo de investigación que se realiza en esta asamblea.
Al transparentar lo anterior, el Congreso de Michoacán podrá avanzar en materia y sobretodo, garantizará la participación de la sociedad, pues se incentivará y promoverá la participación de las y los ciudadanos en los procesos legislativos.
En las reformas, se establece poner a disposición del público todo asunto editorial (elaboración integral de la versión estenográfica de las sesiones, Gaceta Parlamentaria, Diario de los Debates, memorias, informes y todo tipo de materiales gráficos y magnéticos de carácter legislativo), así como actualizar las versiones de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro, en conjunto con la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo.
Aunado a que el Congreso contará con una Secretaría de Administración y Finanzas, que como tal, ejecuta las disposiciones ordenadas por el Pleno, así como las acordadas por la Junta, las cuales serán dadas a conocer al Comité de Administración y Control; además, deberá poner a disposición del público y actualizar las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio, órganos administrativos u órganos de investigación.
Y la Secretaría proveerá de recursos a las demás unidades administrativas del Congreso, siendo el órgano responsable de la aplicación de recursos financieros y prestará los servicios.
Mientras que, los estudios de carácter administrativos y financieros del Congreso del Estado se deberán poner a disposición del público y actualizar el informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio, órganos administrativos u órganos de investigación.
Al tiempo que se establece, poner a disposición del público y actualizar los estudios o investigaciones que realice, en conjunto con la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo.
Presentan Ley de Educación para Michoacán
Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, presentaron una Iniciativa de Ley de Educación para el Estado de Michoacán, con la cual se armonizaría la legislación local con la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre pasado.
La coordinadora del Grupo Parlamentario, la diputada Brenda Fraga, hizo saber ante el Pleno del Congreso que algunos de los objetivos más relevantes de esta iniciativa son establecer garantías sobre la impartición de los servicios educativos, sus fines y características, así como centrar en los educandos todas las acciones y esfuerzos de actores e instituciones educativas.
La legisladora petista manifestó que, siguiendo el actual Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación, la presente Iniciativa propone retomar y establecer el carácter fundamental de la educación no sólo como un proceso, sino un derecho fundamental y habilitante, que permite y potencia el desarrollo integral de las personas, las comunidades y la sociedad en general.
“En congruencia con el programa planteado para llevar a cabo la Cuarta Transformación, en la bancada del Partido del Trabajo retomamos y asumimos esta honrosa responsabilidad, promoviendo la presente iniciativa para, desde nuestro ámbito de competencia y en uso de las atribuciones constitucionales que nos son conferidas, asentar aquellos cambios necesarios en materia educativa, mismos que serán esenciales para la consolidación de bases y condiciones de posibilidad para el cambio social en México y Michoacán”, agregó.
La diputada Fraga Gutiérrez subrayó que entre otros de los puntos a destacar en dicha iniciativa es que queda establecido para las autoridades educativas estatal y de los municipios el deber de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, respetando el mandato constitucional que desde el 15 de mayo de este año, incorpora a la educación inicial en el espectro de la educación obligatoria, la cual deberá garantizar gradualmente el Estado en su conjunto.
“Otro aspecto muy importante es que fomenta la participación tanto de los educandos, como de los padres de familia y otros actores involucrados en los procesos educativos para hacer lo más extensivo posible los beneficios de estos procesos; igualmente se retoma y armoniza la obligatoriedad y gratuidad de la educación, incorporando la promoción y fortalecimiento de las culturas comunitarias y regionales, y el carácter universal, inclusivo, público, gratuito y laico de la educación”, precisó.
Con estos trabajos legislativos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrenda su compromiso y apoyo al Proyecto de Nación impulsado por el Ejecutivo Federal, así como con la transformación pacífica del país por la vía de la educación.
Exhortan a construir Ley de Los Pueblos y Comunidades Indígenas
El legislador Arturo Hernández Vázquez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), exhortó a las comunidades indígenas, representantes de los distintos poderes y organismos autónomos, a una mesa de diálogo y trabajo que permita construir la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarias del Estado de Michoacán.
Hernández Vázquez explicó que los trabajos de esta mesa se realizarán en el Palacio Legislativo en los meses de noviembre y diciembre de este año, así como en enero y febrero del 2020.
El diputado por el Distrito 07, con cabecera en Zacapu, señaló que en la mesa de diálogo y trabajo podrán participar representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, los titulares de diversas secretarías estatales, presidentes municipales, titulares de los organismos autónomos constitucionalmente reconocidos, consejos comunales indígenas en el Estado, expertos y académicos.
El también ex alcalde de Tangancícuaro aseguró que los distintos poderes mantienen una deuda histórica con los pueblos originarios, por lo que es necesario contar con una Ley que vaya más allá de los discursos políticos.
“Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, cuyo saldo es totalmente negativo y en su contra, donde la exclusión, discriminación, marginación y pobreza, han sido resultado y lo tenemos que aceptar de gobiernos de todos los partidos políticos, quienes solamente han dejado sus intenciones en discursos, pero que en acciones concretas no se han traducido una mejor calidad de vida para ellos y sus familias”, indicó.
El legislador de Acción Nacional mencionó que los pueblos originarios están cansados de falsas promesas, por lo que han optado por defenderse con los medios a su alcance, teniendo logros muy importantes, de los cuales todos los mexicanos deberían estar orgullosos.
“A través de diversos amparos, han conseguido presupuesto para sus comunidades y pueblos, en la auto organización eligen a sus autoridades y representantes, y siguen en su lucha por preservar sus tradiciones, lengua, usos y costumbres. Es prioritario, que se instale una mesa de diálogo y trabajo de parlamento abierto, aquí en el Poder Legislativo, para construir la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarios del Estado de Michoacán”, precisó.
Urge se realicen modificaciones al Plan Nacional de Seguridad
Es urgente que se realicen las modificaciones necesarias al Plan Nacional de Seguridad, de manera que generen estrategias para reducir la incidencia delictiva, contribuyan en la generación y preservación del orden público y la paz social, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, promovió este jueves ante el Pleno de la Legislatura, un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que modifique el Plan Nacional de Seguridad, y con ello, alcanzar el estado de derecho en nuestro país, en favor del bienestar de todos los mexicanos y los bienes jurídicos tutelados por la ley.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado por el Distrito de Puruándiro expuso algunos de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen que en los primeros nueve meses de la administración de Vicente Fox Quesada, se registraron diez mil 764 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo de Felipe Calderón sumaron ocho mil 701 casos y con Enrique Peña Nieto ascendieron a 16 mil 318, mientras que con Andrés Manuel López Obrador de enero a agosto de este año sumaron 22 mil 126.
“Ante tales cifras es lógico y razonable pensar que en un país azotado por la delincuencia como lo es México, el poder público no puede ser laxo, ya que al hacerlo pone en riesgo su propia existencia, mucho menos puede dejar al arbitrio de las autoridades responsables de la seguridad pública, la aplicación de la ley, como ocurrió recientemente en la ciudad de Culiacán”.
El legislador perredista agregó que lo ocurrido en Sinaloa evidencia la falta de planeación, “sabemos que la operación no acaba con la detención, quien se hizo cargo de la estrategia para su extracción, para su disposición ante las autoridades competentes; esa clase de falta de planeación resulta en un gobierno amagado por las fuerzas fácticas, por la delincuencia”.
Humberto González Villagómez subrayó que para que exista ese “cambio verdadero”, debe existir valentía en sus protagonistas y un espíritu liberal, no sólo de discurso sino en los hechos.
“Si hubo una negociación de una vida por muchas, pero dicha acción tiene graves consecuencias, ya que al negociar con grupos criminales se somete a responsabilidades compartidas, por lo que se debe investigar e imponer justas sanciones para quienes actuaron deliberadamente. Pues no podemos seguir respaldando un plan que trae consigo el desprestigio de nuestras instituciones, y mucho peor, de nuestro país”.
Recalcó que para que exista “transformación”, se debe pasar del discurso a los hechos, con ideales reformistas como los de Juárez; se debe pasar del discurso a los hechos, haciendo lo que Cárdenas, ayudando al pueblo.
Demandó que no reine el silencio en esta tribuna en temas tan delicados, ya que es justo y necesario que se den buenos resultados, por el bien de México.
Por lo anterior, subrayó que las estadísticas en el país no mienten y reflejan de manera clara que el Plan de Seguridad no está dando buenos resultados, máxime si se espera que la delincuencia “se porte bien”, a través de simples invitaciones hechas por el Presidente de México, por lo que urgió se revise y modifique, a fin de que se garanticen resultados efectivos.
Plantean iniciativa en pro de las madres trabajadoras
La diputada local, Tere Mora Covarrubias, presentó una propuesta de acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y se adicionen fracciones de la Ley Federal del Trabajo, en favor de las madres trabajadoras.
La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), señaló que esta iniciativa considera la posibilidad de garantizar a la madre trabajadora, continuar con el acompañamiento en el correcto desarrollo de sus hijos, sobre todo en el proceso de instrucción, garantizando que éste acuda a la escuela, en particular, tener la oportunidad de llevarlo y recogerlo, sin que ello afecte su relación laboral.
Así pues, la adición que se propone establece que, “ausentarse de su lugar de trabajo, aquellas que tengan hijos menores de edad a su guardia o custodia, inscritos en cualquier institución académica, pública o privada, por un lapso de tiempo oportuno, a efecto de trasladar a su menor hijo. El patrón no descontará del pago de jornada laboral el tiempo necesario solicitado, pero sí podrá solicitar y se acordará entre trabajador y patrón, si se excede más de treinta minutos, que se reponga dicho tiempo.
A su vez la propuesta señala que “no podrá concederse el tiempo que aquí se indica, si el tipo de trabajo que se realiza impide ausentarse del lugar de trabajo, consecuencia de la labor que realiza, es decir, que no pueda sustituirse al trabajador, se opere un equipo o realice actividad que no pueda suspenderse”.
En su exposición de motivos, la diputada local por el distrito 06 con cabecera en Zamora, indicó que son 15 millones 785 mil madres trabajadoras, que en porcentaje son el 72.9% de las mujeres económicamente activas en México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al corte del cuarto trimestre de 2018.
“Esta propuesta beneficiará de manera directa a un universo considerable, mientras que de forma indirecta se verán favorecidas un número relativamente similar de menores de edad, a los que el acompañamiento de su madre, garantiza que llegan y se retiren seguros de las aulas, estamos hablando de una reforma que parece menor, pero que al largo plazo contribuirá a mayores índices de alumnos en las aulas, futuras personas instruidas que aportarán al desarrollo de sus comunidades y de su país”, agregó.
En la máxima tribuna del Estado, la diputada Teresa Mora refirió que hoy más que nunca, se reconoce la parte esencial que tiene la figura de la madre en el desarrollo del menor de edad, como parte integrante de la familia, no obstante, no se ha considerado el apoyo normativo en ese proceso permanente.
Pleno aprueba propuesta para erradicar cuotas en escuelas públicas
De urgente y obvia resolución fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado el exhorto al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, que presentó el diputado local, Baltazar Gaona García, para que no se cobren cuotas por concepto de inscripción o cooperación a los padres de familia en las escuelas de la entidad.
En su exposición de motivos, el diputado emanado del Partido del Trabajo (PT), manifestó que históricamente el sistema educativo mexicano ha tenido complicaciones y no ha sido la excepción en la historia moderna del país, dijo que por fortuna se les ha dado marcha atrás a las últimas afectaciones que sufrió el sistema de educación, con la reforma educativa que recientemente fue aprobada y que se impulsó por el Gobierno Federal, en la que si se garantiza la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior.
“Se hace imperante que todas las instituciones de educación pública que se encuentran incorporados a la Secretaría en el Estado garanticen la gratuidad y cese el cobro de “cuotas voluntarias” por concepto de inscripción o reinscripción a los padres de familia, pues como es de dominio público en muchos planteles públicos de educación se cobran cuotas por inscripción para los estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior”, agregó.
Desde la máxima tribuna del estado, el diputado petista refirió que actualmente en Michoacán sí se está violentando el derecho humano a la educación, que está contemplado en la Constitución Federal y Local, en donde claramente se establece como gratuita.
Gaona García, agregó que existe la gran necesidad de que el Secretario de Educación, Subsecretarios y Directores que conforman la estructura interna de la dependencia estatal, vigilen, supervisen y garanticen que en ningún plantel educativo público se cobren “cuotas voluntarias” por concepto de inscripción, para que nuestros niñas, niños y jóvenes estudiantes, tengan garantizado el derecho a la educación desde el nivel básico hasta el superior de forma gratuita.
Incongruencia federal, se habla de libertades y paz al tiempo que se agrede a alcaldes
Existe incongruencia en el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien se la pasa exclamando paz y libertad en sus discursos y por otro lado, implementa políticas represivas en contra de presidentes municipales que ejercen su derecho a la libre manifestación, condenó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
En la Máxima Tribuna del Estado y frente al Pleno Legislativo, el diputado presentó un posicionamiento en torno a los hechos ocurridos frente a Palacio Nacional el pasado 22 de octubre, cuando presidentes municipales de diferentes estados del país, fueron agredidos por elementos de seguridad al exigir mayores recursos para sus municipios.
Consideró lamentable que en este país, sea más grave salir a manifestarte con todo derecho y legitimado por la voluntad popular en los municipios, que ser un narcotraficante, “es lamentable que el exigir mejores condiciones para sus municipios sea más delito que el envenenar a la juventud con drogas, o ser un capo buscado por diferentes países, de que se trata, a que estamos jugando”.
El diputado por el Distrito de Huetamo recalcó que nuestro país requiere que el gobierno Federal trabaje en coordinación con los municipios y no como lo ha venido haciendo, sin mirar a las autoridades municipales, “es de verdad lamentable que para nuestro actual presidente de la Republica la voluntad de la sociedad en los municipios no sea tan importante y no se respete esa legitimidad que se ganó mediante la elección del pueblo”.
Octavio Ocampo expresó que “es necesario levantar la voz y decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que México está constituido por municipios libres, con población que requiere se atiendan sus necesidades y que la manera de hacerlo es fortaleciendo las instituciones municipales, no desmantelando programas o recurso que son de vital importancia para el desarrollo de nuestro país”.
Recalcó que dos mil 432 municipios rurales y urbanos en nuestro país, responden a una amplia diversidad étnica y cultural, y tienen necesidades básicas de atención inmediata.
“Hoy en día los municipios se enfrentan a enormes retos, pobreza, marginalidad, mortalidad, deterioro del ambiente, baja productividad laboral, un sinfín de problemas que únicamente se podrán revertir atendiendo las necesidades básicas.
Queda claro que un requisito básico para el desarrollo es una estrategia en conjunto con los tres órdenes de gobierno, una línea de inversión que permita desarrollar mejores condiciones para los habitantes, México nos requiere unidos y con una visión municipalista”.
Refrendan compromiso e institucionalidad como representante del Poder Legislativo
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, compareció ante las diputadas, Adriana Hernández Iñiguez, Mayela Carmen Salas Saenz y Mirian Tinoco Soto, integrantes de la Comisión Jurisdiccional del Poder Legislativo.
El diputado Antonio de Jesús Madriz refrendó su compromiso de manera responsable y honrada con la institucionalidad que amerita el ser el representante del Poder Legislativo en Michoacán.
“Refrendo ante esta comisión jurisdiccional mi compromiso de regirme bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, trasparencia, institucionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rige el servicio público”, añadió.
El presidente de la Mesa Directiva señaló que siempre ha respetado y respetará la investidura que el Pleno del Congreso del Estado le otorgó como representante del Poder Legislativo en el estado de Michoacán.
Así pues, la Comisión Jurisdiccional señaló que será en próximos días cuando se dé a conocer el dictamen final sobre este juicio político en contra del presidente, Antonio de Jesús Madriz Estrada.
