Reforman leyes de Cambio Climático y de Atención a Víctimas
En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual, da cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en Materias Administrativa y del Trabajo dentro de los autos que integran los diversos recursos de revisión, derivados de los juicios de amparo indirectos radicados en los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado en contra de la Ley de Educación.
El dictamen presentado por la Junta de Coordinación Política, que preside la diputada Adriana Hernández e integran Manuel López, Carlos Quintana, Ernesto Núñez, Mary Carmen Bernal y Daniel Moncada, propone dar cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales, para que estas gocen de certeza jurídica.
Establece que derivado del estudio y análisis de las sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en relación a diversos amparos promovidos con respecto a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán, se determinó mandatar a las autoridades competentes vinculadas a la aplicación de la ley, como lo es Secretaria de Educación, para que no les sean aplicables a los quejosos a quienes se les fueron concedidos los amparos, aquellos artículos sobre los cuales se otorgó la protección del amparo y la justicia federal.
De igual forma, se tiene al Congreso del Estado, dando cumplimiento a las ejecutorias en los términos planteados en el decreto.
REFORMAN DIPUTADOS LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Con el propósito de promover programas para resarcir los daños ocasionados por incendios forestales e impulsar políticas públicas para reducir el cambio de uso de suelo, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Ley de Cambio Climático.
La reforma impulsada por la diputada Juanita Noemí Ramírez y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, de la cual forma parte, así como las legisladoras Rosalía Miranda y Adriana Hernández, presidente e integrante respectivamente; sustenta que en atención a las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, es necesario actualizar la Ley de Cambio climático para brindarle una mejor operatividad a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.
Asimismo, brinda atribuciones a los municipios para suscribir convenios de coordinación con organizaciones de la sociedad civil y organismos de carácter público y privado, en materia de cambio climático.
De igual forma establece en los objetivos de la política estatal para la mitigación de cambio climático, la obligación de realizar acciones encaminadas a promover e impulsar programas para resarcir los daños de incendios forestales. Así como impulsar programas y políticas públicas para reducir el cambio de uso de suelo en zonas forestales, para que sean incluidos dentro del Programa Estatal de Cambio Climático.
APRUEBAN DIPUTADOS REFORMAS A LA LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Con el objetivo de brindar certidumbre y protección a las víctimas del delito, así como agilizar la reparación del daño y el acceso a los recursos de los fondos de ayuda, el Congreso local aprobó reformas a la Ley Estatal de Atención a Víctimas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
El dictamen elaborado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Cedillo, Carlos Quintana, Nalleli Pedraza, Ernesto Núñez, Xóchitl Ruíz, Andrea Villanueva y Raymundo Arreola, con relación a las iniciativas presentadas ante el Pleno por el mismo, así como por titular del Poder Ejecutivo Estatal, respectivamente en las que se propone adecuar la norma estatal con los lineamientos generales y modificar la estructura de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a fin de brindarle mayor operatividad.
Por tanto, la Comisión Ejecutiva se transforma en un Organismo Público Descentralizado encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones de derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la reparación y a la debida diligencia.
El nuevo organismo estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que contará con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, así como por una Junta de Gobierno conformada por un representante del Gobernador del Estado, el Comisionado Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas y Administración; la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.
El Comisionado Ejecutivo durara en su cargo 4 años, sin posibilidad de reelección y será electo por el Congreso del Estado, de una terna presentada por el Titular del Ejecutivo, previa convocatoria abierta a la sociedad civil.
La Junta de Gobierno tendrá entre sus atribuciones definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva, aprobar el régimen laboral y conocer los convenios y acuerdos con autoridades estatales, ayuntamientos, instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos de su reglamento.
De igual forma, de reforman los artículos 8, 23, 57 y 58 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre los que se destaca al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán, al que refiere la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, en un porcentaje del 33% del total de los recursos del Fondo cada vez que el Consejo Técnico disponga o ejerza recursos del mismo.
Para hablar a favor del dictamen, hicieron uso de la tribuna la diputada Nalleli Pedraza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como los diputados Raymundo Arreola, promotor de la reforma, y Ángel Cedillo, presidente de la Comisión de Justicia.
49% DE LOS DELITOS DENUNCIADOS JAMÁS SE RESUELVEN
Tras reconocer que en el 49 por ciento de las denuncias que presenta la ciudadanía ante las instancias responsables de impartir justicia, jamás se resuelven ni pasa nada con ellas, la diputada del PAN Andrea Villanueva Cano, propuso una reingeniería a la Procuraduría General de Justicia para implementar la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal de Justicia en el Estado.
Y es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la tasa de incidencia delictiva aumentó; el 93.6 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una averiguación previa y de aquellos delitos que fueron denunciados, el 40 por ciento jamás fue resuelto.
Ante este panorama, la legisladora de Acción Nacional calificó inaplazable la instauración de una Fiscalía autónoma y profesional, iniciativa que aunque a nivel federal ya fue aprobada, para su efectiva aplicación requiere de una Ley Orgánica y de la figura del Fiscal General en el estado, ambas propuestas que ya fueron presentadas por la representante panista.
“Es la primera iniciativa que se presenta en este tema en el Congreso del Estado; nosotros quisimos dar este primer paso para no sólo cumplir con lo que nos mandata la Constitución Federal, sino para sumarnos a esta demanda de los ciudadanos para que en materia de seguridad, demos resultados inmediatos y de fondo”, aseguró la representante del Distrito XVII de Morelia.
Reconoció que este proyecto recoge muchos elementos útiles y que ya existen en la actual Ley Orgánica de la Procuraduría Estatal de Justicia, “y que sin encontrar el hilo negro, nos estamos centrando en un aspecto medular: la modificación del fondo del modelo de procuración de justicia en el estado”.
Otro elemento importante de esta iniciativa, es la incorporación del Consejo de Participación Ciudadana y las veedurías regionales, ambas estructuras de nueva creación y dotadas de facultades que abran las puertas a los ciudadanos para que se sumen a esta vigilancia oportuna y eficaz que requieren instituciones tan medulares como ésta.
En conclusión, Villanueva Cano reiteró la urgencia de que esta Legislatura siente las bases legales para la conformación de una nueva etapa contra la injusticia, la corrupción y la impunidad con la que han venido operando las instancias responsables de garantizar a los michoacanos seguridad y condiciones de vida digna para ellos y sus familias.
EL ESTADO DEBE GARANTIZAR DERECHOS DE LOS MENORES
Para establecer las obligaciones que deberán cumplir quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; además de garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; es necesario armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán con la Ley General.
Así lo expresó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, quien recordó que a raíz de las diversas reformas al marco legislativo de la Ley General en la materia, así como de las obligaciones y atribuciones que ésta otorga a las autoridades estatales y municipales, entre ellas la participación concurrente en esta materia y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad en la misma, es que se advierte la necesidad de realizar algunas modificaciones al marco normativo estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La también presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que el sistema jurídico mexicano ubicaba a niños, niñas y adolescentes como sujetos de tutela y no de derecho; al ser vistos de esta forma se les restringía hacer efectivas algunas de las garantías que les otorga la Constitución Mexicana, además de todos los derechos que se desprenden de los tratados de los que México forma parte.
Hernández Íñiguez agregó que en la Ley General se establecen competencias específicas para cada orden de gobierno y concurrentes para los tres ámbitos. En ese sentido, detalló que el ámbito de aplicación de la actual Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, son los gobiernos estatal y municipal, no obstante, existen los organismos constitucionales autónomos que tienen injerencia en esta materia; por tanto, se incluyen los mismos como sujetos de la nueva normativa que se propone en este rubro.
La diputada por el distrito de La Piedad dijo que se obliga a las autoridades establecer las normas y mecanismos indispensables para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su interés superior. Además, se especifica, entre otras, que es un derecho de niñas, niños y adolescentes, disfrutar del más alto nivel posible de salud; así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, esto de conformidad con la legislación aplicable.
Sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, detalló que se establece el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.
Además informó que para el ejercicio del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se propone establecer que es su derecho disfrutar de los derechos a la igualdad sustantiva; a no ser discriminados; a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que el resto de los niños y adolescentes; a ser incluidos en los centros educativos y a participar en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales; y que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquéllos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.
CONGRESO APROBÓ DOS EXHORTOS AMBIENTALES
El Pleno de la LXXIII Legislatura local aprobó dos exhortos dirigidos a los titulares de los tres órdenes de gobierno para que implementen los mecanismos necesarios para el saneamiento de las aguas negras de Morelia, y el segundo dirigido además al Poder Judicial, organismos de la administración pública estatal, órganos autónomos y a los gobiernos municipales a realizar acciones necesarias a fin de reducir el consumo de residuos plásticos PET.
Ambos exhortos, dictaminados por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, fueron defendidos en tribuna por sus sustentantes, el primero por la diputada Mary Carmen Bernal, quien enfatizó que derivado de la descarga de aguas negras al Río Grande de Morelia proveniente del Lago de Cuitzeo, se contamina el agua suministrada a alrededor de seis mil hectáreas de los cultivos establecidos en Tarímbaro y zonas colindantes a Morelia, afectando a la salud de la población que consume los productos, a los agricultores, y a la propia tierra.
Aunado a lo anterior, la legisladora del Partido del Trabajo, enfatizó que el rescate de la cuenca del lago de Cuitzeo es una tarea que requiere de la voluntad y cooperación de los municipios afectados, y el motivo debe ser además del cuidado y respeto al medio ambiente, la recuperación del potencial agrícola de la región.
Por su parte, el diputado Daniel Moncada, refirió que el uso de popotes, y de botellas de agua pudiera parecer insignificante, sin embargo, subrayó que es un problema severo, ya que los materiales de los cuales están hechos, pueden tardar hasta quinientos años en degradarse, por lo que en distintos países del mundo ya se han puesto en marcha programas para la reducción en su uso, y en algunos otros ya se ha prohibido su distribución.
El diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que con la aprobación de estos exhortos, el Congreso del Estado de Michoacán contribuye a darle un respiro al planeta, e invitó a los legisladores a considerar la disminución en la compra de agua purificada en botellas de PET, y buscar una alternativa que sea menos lesiva al planeta, sin sacrificar la calidad y salubridad del agua.
FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS DEBE SER DE ACUERDO A NÚMERO DE VOTOS
Con el objetivo de lograr una reducción de hasta el 50 por ciento de los recursos que hoy día se asignan a los partidos políticos, el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa propuesta por el diputado Héctor Gómez Trujillo, mediante la cual se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual será enviada a la Cámara de la Unión para sus efectos legales.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la diputada Rosa María de la Torre, e integran Miguel Ángel Villegas, Manuel López Meléndez, Mary Carmen Bernal y Jeovana Alcántar, señala que los legisladores coinciden con el promotor de la iniciativa al plantear que los partidos políticos no pueden estar ajenos a los recortes presupuestales que ha estado sufriendo la administración pública, en su ámbito federal como local; lo que también significa que debemos optimizar los recursos económicos en áreas de prioridad tales como la salud, seguridad pública o alimentación.
Al reformar el artículo 41 constitucional se la fórmula para la asignación de los recursos económicos, pasando de considerarse el total de inscritos en el padrón electoral, a considerar ahora sólo el total de la votación total emitida en la elección inmediata anterior. Esta fórmula que se propone, permitirá que la autoridad electoral asigne recursos de acuerdo con la participación real de los ciudadanos en los procesos electorales y no en una cifra del total de posible participación, lo cual, en nuestro país en algunas ocasiones, la participación no rebasa por mucho la mitad del total de votantes inscritos.
Por otro lado, la reforma permitiría empoderar a los ciudadanos respecto de los partidos políticos, pues, según sea la participación ciudadana de apoyo a determinado partido político, será en proporción el total de recursos que le correspondan.
Al razonar su voto a favor del dictamen, el diputado Héctor Gómez Trujillo recordó que en el estado de Jalisco se intentó hacer esta modificación y los partidos de Morena, PVEM, y Nueva Alianza, acudieron a la Suprema Corte alegando inconstitucionalidad, lo que esta emitió su resolución estableciendo que los congresos locales son competentes en el tema y pueden legislar al respecto.
Finalmente, el legislador del Partido Acción Nacional señaló que no se debe abordar el tema con populismos, ni con peleas mediáticas, sino con responsabilidad, buscando siempre incentivar la participación ciudadana y un financiamiento austero.
ENVÍAN DIPUTADOS INICIATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REDUCIR PRECIO DE GASOLINA
En apoyo a la demanda ciudadana de frenar el aumento en los precios de los combustibles, y con la intención de que el Congreso de la Unión someta a discusión y votación la reforma al artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la LXXIII Legislatura local, aprobó enviar dicha iniciativa dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales.
La propuesta presentada por el diputado José Daniel Moncada Sánchez, integrante de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, establece la modificación al inciso D de la fracción I, del artículo, para que el denominado IEPS en combustibles automotrices tengan una cuota menor a los tres pesos por litro: siendo para la gasolina menor a 92 octanos de 2.59 pesos por litro; mayor o igual a 92 octanos, 2.19 pesos por litro; diésel, 2.85 pesos por litro; combustibles no fósiles, 2.19 pesos por litro.
El legislador subió a tribuna para defender su propuesta, desde donde enfatizó que con esta iniciativa el Congreso de Michoacán ratifica su búsqueda de dar respuesta favorable a los michoacanos, pues el consumo de gasolinas y combustibles se hace por necesidad, no por lujo; y el continuo aumento en el costo de las mismas, desencadena a su vez la alza de precios en otros bienes y servicios, lesionando severamente las economías familiares.
SE APRUEBA REFORZAR PROGRAMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Esta mañana fue aprobada por el pleno de la LXXIII Legislatura la iniciativa para reformar la Ley de Cambio Climático del Estado, propuesta por la Diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, con el fin de actualizar el Programa Estatal del Cambio Climático, al incorporar como parte de los objetivos de la política estatal en la materia: uno de ellos es promover programas para resarcir los daños de incendios forestales, dando prioridad a las zonas naturales protegidas; así como impulsar programas y políticas para reducir el cambio de uso de suelo en zonas forestales.
Juanita Noemí Ramírez Bravo, confía que con estas modificaciones, se refuerce el compromiso de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, encabezada por el Ejecutivo Estatal y la SEMACCDET, para tomar medidas más acertadas en la protección de los recursos naturales presentes y para futuras generaciones, y enriquecer el contenido del Programa Estatal en la materia.
Enfatizó que Michoacán atraviesa por un momento crucial en la defensa de su patrimonio natural, pero resaltó que esta legislatura, a pesar de las diferencias partidistas, tiene el compromiso y coincide en establecer en las diversas leyes ambientales y en el Código Penal, sanciones más severas a quienes atenten contra el medio ambiente.
BRINDAR CERTIDUMBRE Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, PRIORIDAD DE DIPUTADOS DEL PRD
En aras de brindar certidumbre y protección a las víctimas las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunciaron a favor del decreto por el que se expide la Ley de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones de Derechos Humanos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para extender el reconocimiento de las víctimas y establecer responsabilidad compartida de todas las autoridades por faltas que afecten, restrinjan o menoscaben el desarrollo íntegro de las y los michoacanos.
Al hacer uso de la tribuna la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIII Legislatura Local, Nalleli Pedraza Huerta manifestó a nombre de las y los diputados del PRD, el respaldo a la norma, ya que con esta determinación se dota al estado de mayores herramientas para la atención, protección y seguridad necesaria de las partes en los procesos penales, en especial de las víctimas.
En ese contexto, el Grupo Parlamentario del PRD refrendó su compromiso de seguir aportando e impulsado desde la LXXIII Legislatura Local, ordenamientos jurídicos en favor de las víctimas, a fin de que se les garantice el acceso a la justicia, esto tras la aprobación de las reformas a la Ley Estatal de Atención a Víctimas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Nalleli Pedraza, señaló que “es una realidad la problemática que rodea la situación de las víctimas, así como la atención que se les brinda, varía en función de las realidades y circunstancias propias en cada uno de ellos, por tales razones, es válido emitir una nueva ley estatal en materia de víctimas que se adecue con los lineamientos generales, que fomente las condiciones efectivas mediante mecanismos y acciones concretas de operación, tanto en el campo jurisdiccional como administrativo para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas en nuestro Estado”.
En ese sentido, resaltó a nombre del Grupo Parlamentario del PRD la postura de respaldar las figuras que se incorporan, los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en el presente ordenamiento que es diseñado, precisamente para implementar los principios intrínsecos de los derechos fundamentales de las víctimas en este nuevo instrumento local.
“En esta propuesta se remueven los obstáculos que impedían el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la ley, en consecuencia, con beneplácito, reconocemos el compromiso prioritario de encaminar acciones enfocadas al fortalecimiento de los derechos y deberes de los sujetos en conflicto”.
Además, dijo que se atiende la necesidad de reestructurar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; el hecho de dejar de ser un órgano colegiado, resulta un cambio positivo que agiliza la operatividad y la aplicación de la norma al estar a cargo únicamente de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos; circunstancia que es sin lugar a duda, plausible.
Nalleli Pedraza manifestó que “es innegable que la expectativa es amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos en Michoacán, sin embargo, también lo es que esta Ley de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones de Derechos Humanos para el Estado de Michoacán de Ocampo, hoy por hoy, constituye un gran reto, un avance y una noble aportación para la defensa, protección y reparación del daño de nuestras víctimas”.
