El objetivo es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo
En reunión de las Comisiones Unidas se aprobó el dictamen para dar paso a la ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, que permitirá la creación de un consejo y activación de protocolos, así como un fideicomiso para dar respuesta pronta y expedita a los casos de comunicadores o activistas que corra riesgo su vida o la de sus familiares.
La legisladora Nalleli Pedraza Huerta, que encabezó la reunión de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad Pública del parlamento local, precisó que dicha ley corresponde a la homologación con la federal que entró en vigor en el año 2012 y que permitirá dar mayor certeza y garantías a los periodistas y activistas en Michoacán en el cumplimiento de su labor.
“Que tengan las garantías para el desempeño real adecuado, efectivo de su trabajo, sobre todo en Michoacán que últimamente en ese año principalmente ha habido un reclamo social, por parte del gremio de periodistas y de la necesidad e importancia de sentirse seguros y que no ocurran casos, como los que lamentablemente se vivieron en Michoacán con el periodista Adame y que la gente se sienta segura”, manifestó.
Señaló que la promulgación de esta Ley emana a consecuencia de la inseguridad y el incremento de la violencia que constituye el nuevo reto de la defensa de los derechos humanos y libertad de prensa en México y Michoacán.
Pedraza Huerta abundó que el objetivo principal es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, a través de medidas de prevención y protección inmediatas.
Tal iniciativa, prevé la creación de un Fondo que constituirá el mandatario michoacano, para cubrir la activación de las medidas de protección previstas, el cual tendrá una inversión tripartita, entre la Federación, Estado y municipios.
