La diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez demanda darle celeridad para que sea una realidad en el próximo proceso electoral
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, del Congreso del Estado, recibió por parte del Senado de la República, la Ley 3 de 3, contra la violencia de género, la cual, suspende los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas agresoras, con sentencia firme, así como aquellas deudoras de pensión alimenticia.
La Ley 3 de 3, contra la violencia de género reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución política en materia de suspensión de derechos, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público a los infractores.
Durante la lectura de la comunicación enviada por el Senado de la República, la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez, intervino brevemente desde su curul para demandar a sus homólogos el darle celeridad a esta ley, para que sea una realidad en el próximo proceso electoral y no quede en letra muerta.
La Ley 3 de 3 contra la violencia, establece como requisito que para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público, para otorgar certeza a las víctimas de violencia de género, sobre la no elegibilidad de sus agresores y con ello, los legisladores consideran que representará un avance significativo en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres.
La citada ley, suspenderá los derechos o prerrogativas de los ciudadanos en caso de que, tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como, ser una persona deudora alimentaria morosa.
También incluye acosadores sexuales, agresores por razones de género, violentadores, entre otros.
